La violencia policial exhibida en el noticiero de mayor audiencia en la televisión brasileña dio un empujón a proyectos impulsados de larga data y sin éxito por el movimiento de derechos humanos.
La Comisión de Constitución y Justicia del Senado, instancia inicial de nuevas leyes, aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto que define y establece castigos para el delito de tortura.
Ese proyecto, una de las prioridades del Programa Nacional de Derechos Humanos, se aprobó en la Cámara de Diputados y "hace seis meses estaba paralizado en el Senado, no se sabe porqué", señaló el diputado Helio Bicudo, un abogado y veterano militante de la lucha contra la violencia y arbitrariedad policial.
La legislación brasileña omite el delito de tortura, aunque el país firmó convenciones internacionales comprometiéndose a combatir esa práctica común de la policía.
Los torturadores sólo pueden ser condenados por "lesiones corporales", cuando son científicamente comprobadas, explicó Bicudo.
Ese tipo de leyes y otras propuestas contra la violencia ganaron fuerza después de la conmoción nacional provocada por imágenes de policías torturando, humillando y matando sin ningún motivo a personas que pasaban por una calle de un barrio pobre en Diadema, en la periferia de Sao Paulo.
Esas acciones, filmadas por un cineasta amateur en las madrugadas de 3, 5 y 7 de marzo, fueron exhibidas por la red de televisión Globo en la noche de este lunes. Entrevistas con sobrevivientes de la "barbarie" y la viuda de un obrero asesinado ampliaron la repercusión de los hechos.
Dos jefes de la Policía Militar, responsables del área de Diadema y de la disciplina interna, fueron destituídos de sus cargos por el gobierno estadual de Sao Paulo.
La prensa descubrió que cinco de los diez polícias que practicaron las brutalidades ya habían sido acusados de otros delitos, incluso homicidios.
La indignación nacional fortaleció propuestas de disolución de las Policías Militares. Una larga tradición de masacres y crímenes mancha la historia de esos cuerpos creados por los gobiernos estaduales en el inicio de este siglo.
Fueron policías militares que mataron a 19 campesinos sin tierra que reclamaban reforma agraria hace un año en Eldorado de Carajás, en el norte de Brasil.
En 1992 protagonizaron la masacre de 111 presos en Sao Paulo y en 1995 de otros diez campesinos en Corumbiara, al noroeste.
No se justifica que la función de policía, que es civil, sea ejercida por gente con entrenamiento militar que tiende a ver a la población como enemiga, argumentó Dalmo Dallari, conocido jurista de la Universidad de Sao Paulo.
Por presión de los defensores de derechos humanos se aprobó el año pasado una ley con la que se pretendía eliminar un privilegio de esos policías, cuyos delitos son juzgados por un tribunal militar, en general benevolentes con miembros de la corporación.
El Senado modificó el proyecto inicial, pasando a la justicia civil sólo algunos crímenes claramente intencionales, anulando el objetivo de desterrar la violencia policial.
El diputado Bicudo ya presentó en la Cámara un proyecto que apunta a corregir esa distorsión a través de la reducción del poder de la Justicia Militar. Además propuso incorporar a esa policía al cuerpo de seguridad civil.
Esos proyectos, paralizados en el Congreso, pueden ganar nuevo impulso con los escándalos divulgados esta semana.
Para poner fin a la impunidad que estimula esa violencia es indispensable también aprobar un programa nacional de protección a los testigos, destacó James Cavallaro, director de Human Rights Watch, organización no gubernamental internacional de fuerte actuación en Brasil.
"Se sabe que torturas, asesinatos y arbitrariedades de la policía son generalizados en el país, pero sus víctimas y testigos temen denunciarlos porque sus vidas correrían riesgo", destacó Cavallaro. Sin ofrecer seguridad a esas personas no se podrá castigar los crímenes, concluyó. (FIN/IPS/mo/dg/ip-hd/97
