Brasil es un país en reconstrucción, según indican los numerosos conflictos y contradicciones entre sus instituciones que ganaron intensidad en los últimos días.
El presidente Fernando Henrique Cardoso criticó duramente la lentitud del Congreso, tras una votación desfavorable al gobierno en la Cámara de Diputados el miércoles, en relación a un punto de la reforma administrativa del Estado.
Es vergonzoso que el Congreso demore dos años la votación de proyectos de reformas fundamentales, que incluyen además la tributaria y la de seguridad social, sentenció Cardoso.
Esa irritación del mandatario coincidió con una crisis entre los poderes Legislativo y Judicial, con un áspero intercambio de acusaciones con sus presidentes.
El presidente del Congreso, Antonio Carlos Magalhaes, acusó al máximo tribunal de justicia de "usurpar atribuciones del Poder Legislativo", al impedir con un fallo el acceso de senadores a las cuentas telefónicas de un empresario involucrado en fraudes con títulos de la deuda pública.
Una comisión del Senado investiga hace cinco meses el escándalo que se sospecha representó la desviación de cerca de 1.000 millones de dólares de gobiernos estaduales y municipales, la mayor parte "lavada" en Paraguay.
El presidente del Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, respondió atribuyéndole a Magalhaes "nostalgias de la dictadura", en alusión al pasado del senador, muy vinculado al régimen militar extinto en 1985.
El magistrado justificó la decisión judicial de proteger el secreto telefónico del sospechoso, argumentando que las Comisiones Parlamentarias de Investigación pueden muchas veces "violar derechos" y por eso sus acciones deben "sujetarse al control del Supremo Tribunal".
"Desde Napoleón, a nadie se le ocurre prohibir a un juez que interprete las leyes", agregó Pertence.
Un conflicto de intereses opone también en estos días a los poderes Ejecutivo y Judicial. Una decisión de la justicia, en respuesta a decenas de pedidos en todas sus instancias, pueden impedir la privatización, el martes, de la mayor empresa minera brasileña, la Compania Vale do Rio Doce.
Mientras, otra institución nacional, las Policías Militares de los estados, están bajo una ofensiva que pretende su eliminación, tras la difusión televisiva de las atrocidades que cometieron contra personas indefensas en Sao Paulo y Río de Janeiro.
El gobernador de Sao Paulo, Mario Covas, presionado por el clamor nacional e internacional contra la violencia policial, propuso una enmienda a la Constitución para quitarle a la Policía Militar su principal tarea, la vigilancia en las calles.
La corporación, creada a principios de siglo, se limitaría a misiones de seguridad de los estados de la federación brasileña e intervendría sólo en casos de amenaza al orden social, además de cumplir actividades como la de bomberos y control de carreteras.
Las tareas netamente policiales pasarían a la órbita civil, iliminando otra distorsión institucional que se encuentra bajo el fuego de las organizaciones defensoras de los derechos humanos: el privilegio de los policías militares de que sus delitos sean juzgados por un tribunal militar, una fuente de impunidad.
La alta delincuencia en Brasil pone en tela de juicio tanto a las policías civiles y militares como a la propia justicia, considerado demasiado lenta e inoperante, y todo el sistema penal, con sus cárceles superpobladas.
La inadecuación de las instituciones afecta incluso a la economía, dijo el ex ministro de Justicia Nelson Jobim, nuevo miembro del Supremo Tribunal Federal desde hace una semana.
En Brasil, la justicia se desarrolló dentro de la tradición europea continental, mientras la economía tomó el camino británico vía Estados Unidos, según Jobim. Eso se refleja en que los economistas sólo hablan inglés como segunda lengua, mientras los juristas conocen mejor el francés o el alemán.
Los conflictos consecuentes entre la economía y la justicia aparecen en los numerosos procesos de carácter económico que tardan décadas en obtener un fallo en los tribunales brasileños.
Para superar esa contradicción, la justicia tiene que ganar un mínimo de previsibilidad y actuar en "un tiempo socialmente aceptable", según Jobim, algo que parece lejos de alcanzarse.
La tradicional lentitud de la justicia brasileña se agravó durante la dictadura militar (1964-85), porque la dilación se hizo una forma de resistencia a las leyes autoritarias y se incorporó al sistema judicial tras el fin de la dictadura, lamenta Jobim. (FIN/IPS/mo/ag/ip/97
