AMERICA CENTRAL: Un teléfono, necesidad de millones

En los próximos 10 años una llamada internacional costará 80 por ciento menos que hoy desde cualquier parte del mundo, pero esto tiene poco que ver con América Central, donde la mayoría de sus 30 millones de habitantes ni siquiera tiene acceso a un teléfono.

En Guatemala existen cuatro teléfonos por cada 100 habitantes, en El Salvador 5,1, en Panamá 12 y en Costa Rica, con la densidad más alta, 19,4.

Ese rezago, según los gobiernos de los países de la región, será historia cuando las empresas estatales de telecomunicaciones pasen al sector privado y sean objeto de fuerte competencia.

Panamá ya vendió el 49 por ciento de las acciones de la empresa estatal Intel, en tanto Guatemala se apresta para vender la suya en la segunda mitad de este año y El Salvador está actualmente recibiendo ofertas.

El gobierno de Honduras intenta conseguir para Hondutel una inyección de capital que, en la práctica, significará vender 46 por ciento de sus acciones por un monto estimado en 105 millones de dólares, pero el Congreso de ese país aún no ha iniciado siquiera la discusión del tema.

Nicaragua iba a ser el primer país de la región en privatizar el sector. Existía la expectativa de vender la empresa estatal en 150 millones de dólares, pero según manifestó el vicepresidente Enrique Bolaños la mejor oferta alcanzó apenas la tercera parte.

Por esta razón, se intenta revalorizar la empresa con tecnología más moderna y mayor cantidad de líneas, con el fin de licitarla nuevamente en 1998.

El gobierno de Costa Rica presentó en 1996 tres proyectos de ley para la modernización de las empresas del sector de energía y telecomunicaciones, que contemplan su apertura gradual al sector privado.

En América Central, unos países se encuentran más atrás que otros, pero todos tienen la misma determinación: vender las empresas que han sido más rentables.

"La prioridad no es elevar los ingresos, sino mejorar la competitividad para atraer inversiones, readecuar el papel del Estado, liberar recursos para programas sociales y abrir las posibilidades para la población de tener el servicio", aseguró Juan José Daboud, subgerente general de Antel de El Salvador.

El Salvador, quizá el país centroamericano que más ha avanzado en el tema, se planteó la venta en tres fases: reestructuración del sector, desregulación y privatización.

Daboud considera que su país, con seis millones de habitantes, otro 20 por ciento en Estados Unidos y un tráfico internacional de 180 millones de minutos al año, es un buen mercado para cualquier empresa.

Está en venta el 51 por ciento de las acciones de las dos empresas en que fue dividida Antel y ya fueron precalificadas cuatro interesadas: France Telecom, Bell South, GTE y Stelia.

De una u otra forma, los gobiernos intentan asegurarse que el negocio privado no se limite sólo a las ciudades donde la telefonía es más rentable.

El Salvador, por ejemplo, no incluyó una regulación, por ley, de servicio universal, pero creó un subsidio directo para la inversión en zonas rurales.

En Guatemala, el otro país que marcha a la vanguardia de la privatización, esta tarea correrá por cuenta de pequeñas empresas. En noviembre fue aprobada la nueva Ley General de Telecomunicaciones y se espera que a fines de 1997 hayan tres operadores y un año después ocho.

El gerente general de Guatel, Freddy Guzmán, afirmó que en ese país hay 170 empresas inscritas y 5.000 solicitudes de frecuencias, y considera que parte del éxito de la privatización van a ser las pequeñas empresas que se van a constituir para dar servicios en barrios o poblaciones pequeñas.

El gobierno de Guatemala se ha esforzado en mejorar los activos de la empresa para que resulte atractiva. Así, Guatel empezó 1997 con 326.000 líneas funcionando y terminará el año con 450.000.

A fines de 1998 se espera aumentar a ocho los actuales cuatro teléfonos por cada cien habitantes. La demanda insatisfecha se calcula hoy en un millón de líneas.

"Creemos que debemos privatizar porque ahora el mayor precio lo paga el pobre, que no tiene acceso a un teléfono y debe caminar dos horas para poder hacer una llamada de dos minutos", afirmó.

Guatemala y El Salvador también se adelantaron al resto de los países de la región al firmar en febrero un acuerdo en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que oficializa la apertura de su mercado de telecomunicaciones a la inversión extranjera.

Esto ha dado pie a una fuerte ofensiva del gobierno y el sector privado de Costa Rica a favor de la privatización del sector, aduciendo que el país perderá competitividad frente a sus dos vecinos.

Pero el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a cargo de energía y telecomunicaciones, sostiene que no hay tal pérdida de competitividad y que lo que se busca es consolidar un monopolio mundial privado que beneficiará a las transnacionales.

"Tampoco es cierto que el acuerdo de la OMC propiciará una rebaja general en los servicios. El criterio que priva es el de rebajar las tarifas internacionales y aumentar las locales. Es decir, quitarle a los pobres para darle a los ricos", señala un comunicado del sindicato costarricense.

Jaime Coghi, funcionario del ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, recordó que según estimaciones de la OMC, este acuerdo le dará ingresos de un billón de dólares en los próximos 10 años a un mercado que actualmente se acerca a los 600.000 millones de dólares en ventas.

América Central quiere que algo de eso llegue al istmo, para competir con un sector de telecomunicaciones "de clase mundial a bajo costo". (FIN/IPS/mso/ag/if/97

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