Somalia lleva más de seis años de caos político, sin gobierno central, pero esa situación no debe ser impedimento para la promoción de los derechos humanos, advirtió la experta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mona Rishmawi.
El país africano atraviesa momentos difíciles, de guerra civil, violencia brutal, grave crisis humanitaria y desorden general, consignó Rishmawi en su informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Es necesario desarrollar enfoques innovadores para ayudar a la población de Somalia no sólo respecto del mantenimiento de la paz, el socorro y la rehabilitación, sino también en el campo de los derechos humanos y la ley humanitaria.
Pero la experta verificó en su visita a ese país que "se pasa por alto e incluso se menoscaba la dimensión de los derechos humanos" en el conflicto de Somalia.
El informe de Rishmawi criticó la ayuda extranjera y resaltó en cambio los progresos logrados en algunas comunidades nativas.
Los esfuerzos internacionales, que incluyeron el envío de tropas al mando de Estados Unidos y la ONU en 1992 y 1993, no han conseguido hasta la fecha restaurar la paz y la estabilidad en el país africano.
La frágil estabilidad lograda en algunas regiones, dijo, parece ser resultado de iniciativas locales que no han contado con una importante ayuda de la comunidad internacional.
Tras fracasar en su misión humanitaria, los cascos azules y los "marines" estadounidenses se retiraron de Somalia entre 1994 y 1995. Desde entonces, la escasa ayuda exterior quedó en manos de organizaciones no gubernamentales.
Rishmawi citó al Comité Internacional de la Cruz Roja, a Médicos sin Fronteras, Acción contra el Hambre, Amnistía Internacional, Oxfam y Life and Peace Institute.
El informe, que será considerado por la Comisión de Derechos Humanos en su actual período de sesiones, que concluye el 18 de abril, propone que la asistencia técnica a Somalia en materia de derechos humanos atienda especialmente el área de administración de justicia.
Rishmawi señaló que deben alentarse en Somalia las emergentes iniciativas locales de reconstrucción y la labor del sector no oficial.
Como consecuencia del desmoronamiento del gobierno central, ocurrido con la guerra civil que sucedió en 1991 a la caída del dictador Mohamed Siad Barre (1969-1991), Somalia no cuentan con un régimen legal o judicial nacional centralizado y cada región aplica normas diferentes.
El sistema jurídico dominante es el tradicional y consuetudinario, basado en la indemnización por daños o perjuicios causados.
Una persona declarada culpable de homicidio, por ejemplo, debe pagar una indemnización de sangre de 100 camellos, si la víctima fue un hombre, o de 50 camellos, si fue una mujer.
Ese sistema, administrado por los ancianos de los clanes, funciona en la región de Somalilandia, la única del país donde existe una relativa estabilidad.
La jurisdicción de los tribunales islámicos, que hasta 1991 se aplicaba únicamente a las cuestiones familiares, se extiende ahora en varias partes del país a los asuntos penales.
Los tribunales islámicos entienden en casos de homicidio, robo, adulterio, consumo de bebidas alcohólicas, apostasía, prostitución y traición.
Las sentencias dictadas por los tribunales islámicos, que se aplican de inmediato, van de azotes públicos a lapidación, amputación y ejecución.
Rishmawi observó que en Somalia, de religión predominante musulmana, el fundamentalismo islámico se encuentra en proceso de expansión en algunas regiones.
Las actividades fundamentalistas, dijo, precipitaron en agosto de 1996 la ruptura de hostilidades con las fuerzas etíopes dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Somalia.
En Etiopía permanecen unos 275.000 refugiados somalíes. Otros 125.000 se encuentran en Kenia y 21.000 en Djibouti. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene previsto repatriar a unos 100.000 refugiados de Etiopía a la región noroccidental de Somalia.
El informe consignó que Somalia se engfrenta también al grave problema de las personas internamente desplazadas. Las sequías y la falta de planificación central causaron reiterados movimientos de población, dijo Rishmawi.
Entre los grupos más vulnerables del país figuran las personas desplazadas, pero también los discapacitados, agregó.
Varios discapacitados murieron de hambre en el hospital Martini, situado en la zona meridional de Mogadiscio, la capital, mientras otros se encontraban al borde de la muerte por inanición.
El documento indicó que en toda Somalia se registran combates, aunque la situación es particularmente tensa en Mogadiscio. En el país actúan al menos 30 facciones basadas en clanes y regiones.
Los informes recibidos por la experta acerca de violaciones a los derechos humanos en los últimos seis meses dieron cuenta de incidentes que causaron por lo menos 457 muertes.
Rishawi constató que aunque el sistema político se ha desmoronado, la estructura social, basada en la familia y en el clan permanece intacta y revela solidez.
La familia ampliada y el clan son las estructuras sociopolíticas más poderosas del país. El clan desempeña un papel fundamental en la protección de los individuos, que no pueden sobrevivir sin su apoyo. (FIN/IPS/pc/ff/hd/97
