?Qué hace una mujer como ésta en un cargo como éste? es la primera pregunta que asalta al ver a Mónica Fernández, una venezolana de 24 años con aires de yuppie que dirige las cárceles del país desde diciembre.
Pero ella lo tuvo claro siempre, asegura, y sus estudios y su activismo voluntario tenían como destino no un puesto que por su edad ni se planteaba, pero sí un reto vocacional: contribuir a rescatar el sistema penitenciario de la inhumanidad actual.
Fernández, directora de Prisiones del Ministerio de Justicia, es una de las apuestas con que su titular, Henrique Meier, busca romper los nudos de corrupción y perversiones en uno de los mayores focos de violación de los derechos humanos en el país.
"Las prisiones representan la imagen más negativa del país", admite en su despacho, en una entrevista con IPS una mañana muy temprano, enfundada en uno de sus habituales trajes de firma y varias joyas de complemento, "porque no creo que tenga que renunciar a lo que soy, ni a cómo me visto".
"No se puede solucionar de golpe lo que se acumula por 30 años, pero sí puedes solventar, mejorar y cambiar", dice antes de explicar que "mi plan maestro atiende la actividad intramuros y el personal, dos problemas básicos que inciden uno en otro".
Venezuela tiene unos 25.600 presos, de los que sólo 6.600 tienen sentencia de la lenta y criticada justicia local, lo que duplica la población que pueden acoger las cárceles, en algunas de las cuales el hacinamiento alcanza niveles inmanejables.
La violencia interna es tan habitual que sólo los muertos en grupo o los grandes motines llaman la atención, después que en 1995 hubo 239 muertes, que bajaron a 181 al año siguiente, cuando se decomisaron 2.689 armas blancas y 638 de fuego.
Pero en 1996 la sensibilidad humana de los venezolanos y del mundo fue golpeada por la imagen de los 25 jóvenes reclusos calcinados en el penal capitalino de La Planta, cuando fueron encerrados por custodios militares en una mínima celda.
Este año comenzó mejor, porque el 30 de enero fue cerrado el también caraqueño retén de Catia, un emblema del horror penitenciario que será demolido el domingo 16 para integrar un parque, en una exorcización que queda saber si será sólo formal.
Una gerencia moderna, a veces paralela a la anquilosada burocracia del ministerio, una política de estímulos dentro y fuera de las cárceles, exigencias personalizadas para cada funcionario y un trabajo de 18 horas siete días a la semana, son las recetas con que Fernández intenta cambiar las cosas.
De larga melena rubia, menuda, con ojos alertas y manos pocas veces en descanso, la directora parece relajarse sólo en los patios de alguna de las 33 prisiones de Venezuela, donde cambia la minifalda y los zapatos de tacón alto por la comodidad de los "jeans" y los "tenis" para jugar "softbol" con los presos.
Estudió las carreras de derecho y educación al mismo tiempo, se graduó con honores en ambas, hizo un postgrado en ciencias penales y criminológicas y pasó mientras a ejercer de docente en una universidad y a actuar brevemente como litigante.
Pero desde antes, el voluntariado en la consultorba jurídica y en áreas deportivas de algunos penales fue el centro de su actividad, hasta que a mediados de 1996 el entonces nuevo ministro la puso al frente del departamento de beneficios para penados y meses después en su actual cargo. (sigue
