La violencia urbana es una epidemia latinoamericana, con particular incidencia en los países andinos y en América Central, y su control escapa a los mecanismos convencionales y gubernamentales.
Así resumió Rodrigo Guerrero, ex alcalde de la ciudad colombiana de Cali, las conclusiones del Seminario sobre Violencia Criminal Urbana en América Latina y el Caribe, que reunió hasta este martes y durante tres días en Río de Janeiro a expertos y autoridades de la región.
También participaron representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La cantidad de asesinatos en América Latina, 30,7 por cada 100.000 habitantes, ya es seis veces mayor que el promedio mundial, con un crecimiento explosivo que es "una tendencia regional, no global", afirmó César Gaviria, secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Desde 1993 la Organización Panamericana de Salud (OPS) reconoce la violencia como un problema de salud pública, señaló Guerrero a IPS.
Actual asesor de la OPS para Salud y Violencia, Guerrero sostuvo que El Salvador y Guatemala sufren índices de violencia superiores a los de Colombia, señalada como recordista mundial. El problema es que no tienen registros de la criminalidad, explicó.
Los homicidios en esos dos países centroamericanos llegan a 150 por 100.000 habitantes, estimó, ante 89,5 por 100.000 atribuidos por la OPS a Colombia, un "laboratorio de la violencia".
E Banco Mundial introdujo la cantificación del costo de la violencia en el seminario. Su vicepresidente regional, Shahid Javel Burki, dijo que América Latina y el Caribe perdieron 20 a 25 por ciento de crecimiento económico, en el período 1980-1995, a causa del brote de violencia.
La violencia sigue sustrayendo dos por ciento de crecimiento del producto interno bruto de la región cada año, al destruir capital humano y material, ahuyentar inversiones, desviar recursos para su combate, deteriorar las relaciones sociales y los servicios públicos.
En países como Colombia y Perú, enfrentados a la violencia política y al narcotráfico, además de a la violencia común, las pérdidas son mayores. Perú perdió 25.000 millones de dólares en riqueza potencial y Colombia 38 por ciento de su capacidad de formación bruta de capital, calculó el Banco Mundial.
Burki y el presidente del BID, Enrique Iglesias, dijeron que el área social será prioridad de sus instituciones. El BID financia un importante proyecto de urbanización de "favelas" (barrios marginados) de Río de Janeiro, zonas de influencia del crimen organizado ante la ausencia del Estado.
"La epidemia es relativamente reciente y se desencadenó por el desarrollo del narcotráfico sobre una base inestable de relaciones sociales, normas débiles y una cultura del uso de la fuerza para solución de conflictos", diagnosticó Guerrero.
El problema es complejo y no acepta simplificaciones, destacaron varios expertos.
En 1995 se registraron en Colombia 564.000 delitos, pero su distribución fue muy desigual, oscilando entre 1.000 y 12.000 por 100.000 habitantes en las distintas ciudades, informó Mauricio Rubio, investigador de la Universidad de los Andes.
Venezuela registra una reducción de delitos tanto a nivel nacional como en la capital desde 1994, "lo cual es contradictorio con la percepción cada vez más generalizada sobre crecimiento de la delincuencia" entre la población, reveló Ana María San Juan, psicóloga social de la Universidad Central.
En México, a diferencia de otros países, el aumento de los asesinatos casi no distingue géneros. En los últimos 15 años la mortalidad por homicidios aumentó 75 por ciento entre hombres y 67 por ciento entre mujeres, destacó Rafael Lozano, de la Fundación Mexicana para la Salud.
En Brasil, investigadores consideran que la gran mortalidad de jovenes varones por causas violentas es un factor del desequilibrio demográfico, ya que las mujeres son cada vez más numerosas que los hombres en ciudades como Río y Sao Paulo.
El combate a la violencia exige una variedad de medidas. Guerrero recordó como ejemplo de su acción en la Alcaldía de Cali, una de las capitales del narcotráfico, el establecimiento de un acuerdo con las empresas para que pagaran el lunes o jueves el sueldo semanal a sus empleados.
Esa simple iniciativa redujo sustancialmente los asesinatos y agresiones.
La costumbre del pago los viernes o sábados hacía aumentar el consumo de alcohol y en consecuencia la gran concentración de actos violentos en los fines de semana, explicó el médico. Y pagar el lunes elevó la venta de alimentos. (FIN/IPS/mo/dg/pr/97
