Mientras los conflictos comerciales y arancelarios en el Mercosur se hacen más recurrentes y difíciles de solucionar, la integración física y energética avanza a paso firme para asegurar servicios y mejorar la competitividad industrial.
Los dos socios mayores del bloque, Argentina y Brasil, aumentan sus fricciones en sectores sensibles como automotores, alimentos y medicinas, procurando sacar ventaja en inversiones y mercados.
A juicio del secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Jorge Campbell, 1997 se caracterizará por un período de "tensiones" con efecto en los cuatro países.
En cambio, en el otro terreno se registran avances sustanciales. La integración energética entre Argentina y Brasil, que consumen más de 90 por ciento de la energía de la región, es un hecho que se concretó en un procolo internacional firmado el año pasado.
Ese acuerdo que incluye la construcción de una nueva represa sobre el río Uruguay de 1.800 megavatios a través de inversión privada, tendrá inmediata repercusión en las políticas energéticas de los otros países del bloque: Paraguay y Uruguay.
En el caso de Uruguay, el acuerdo entre los dos gigantes del Mercosur lo fuerza a acelerar un proceso que tiene como punto de partida un acuerdo con Brasil para analizar la construcción fronteriza de una estación conversora de 400 megavatios.
La conversión es necesaria en todos los casos porque Brasil utiliza el patrón 60 HZ y los otros tres países hacen uso del sistema de 50 HZ.
Uruguay y Brasil tienen más de 500 kilómetros de frontera terrestre común.
El parlamento uruguayo estudia un proyecto de ley que aporta un marco regulatorio para el sector eléctrico para crear las condiciones que faciliten la integración del sistema. Los restantes socios del Mercosur están a la cabeza en este sentido, porque ya han concretado reformas institucionales profundas.
En otra área energética, se espera que a fines de 1997 Uruguay ya esté recibiendo gas natural procedente de la provincia argentina de Entre Ríos, ubicada al oeste del río Uruguay, que sirve de límite a ambos países.
La inversión en el gasoducto, tendrá una extensión de 230 kilómetros de los cuales 50 serán de tendido submarino, oscilará en los 100 millones de dólares.
El gasoducto hasta la línea media del río será propiedad de una sociedad anónima regulada por el derecho privado argentino, con partición de la gobernación de Entre Ríos y las empresas estatales uruguayas Usinas de Transmisión Eléctrica (UTE) y Administración Nacional de Alcohol Y Portland (ANCAP).
El resto del gasoducto hasta la costa uruguaya será propiedad en partes iguales de UTE y ANCAP.
Con el tendido del gasoducto se beneficirán en una primera etapa varias ciudades del litoral uruguayo y UTE alimentará con el fluido una nueva usina para la generación térmica de electricidad.
La incorporación de gas natural a la matriz energética uruguaya permitirá enfrentar el desafío de la demanda eléctrica, que se incrementa anualmente y porque mejorará la competitividad de varios sectores productivos.
Pedro Antmann, director nacional de energía de Uruguay, advirtió que la demanda de energía aumenta a una media de cinco por ciento anual.
Ese cálculo permite estimar que en tres años se puede producir la desaparición de los excedentes del parque generador de energía hidroeléctrica, que son el 75 por ciento del sistema uruguayo.
Por otro lado la integración física, proyectada básicamente a través de una ruta que una a los países del Mercosur y a Chile, tendrá el respaldo del Banco Intermericano de Desarrollo (BID), que alentado por la estabilización monetaria en la región anunció que intensificará su apoyo a los programas de desarrollo.
Así, la ruta del mercosur que une en una primera etapa a la ciudad industrial brasileña de Sao Paulo con Buenos Aires tendrá presente al BID como financiador en dos etapas, la última de las cuales terminará en 1998 en Argentina.
Pero la participación del BID no se limita a obras ya definidas, sino que también apuesta a financiar estudios sobre grandes proyectos de integración en este terreno.
La entidad ha considerado financiar más de 40 prouectos entre 1997 y 1998, los cuales serán identificados por técnicos de los cuatro países miembros con el respaldo de la Secretaría Administrativa del Mercosur, con sede en Montevideo. (FIN/IPS/rr/ag/ip-if/97
