Dos meses y medio después que las sanciones contra Iraq fueran retiradas parcialmente, aún no llegó el primer cargamento de la ayuda surgida del pacto 'petróleo por comida', mientras aumentan las enfermedades, el hambre y las muertes entre la población.
La radio de Bagdad afirma que Iraq no recibirá el primer cargamento hasta abril. El gobierno protestó oficialmente ante la ONU, exigiendo que se inicie el envío de la ayuda pagada mediante ventas limitadas de petróleo. Varios cargamentos ya fueron aprobados por la ONU, pero ninguno fue enviado.
El comité de sanciones de la ONU aprobó hasta el momento 11 contratos para la entrega de ayuda, equivalentes a 150 millones de dólares de los 2.000 permitidos. El ministro de Petróleo iraquí, Amer Mohammad Rashid, dijo que Bagdad tiene entre 180 y 190 contratos pendientes con el organismo.
Nadie, con excepción del propio gobierno iraquí, conoce más que la ONU la gravedad de la situación de la población de 20 millones de personas, castigada por las draconianas sanciones adoptadas después de la invasión del líder iraquí Saddam Hussein a Kuwait en 1990.
Las enfermedades, la pobreza y la muerte causadas por las sanciones fueron documentadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Un reciente informe del director general de la OMS, Hiroshi Makajima, refleja un panorama sombrío de los servicios públicos de salud y suministro de agua en el país.
El documento sostiene que el gobierno carece de elementos básicos como vendajes y tiene pocas jeringas. El colapso en el suministro de agua potable ha vuelto vulnerable al pueblo a la epidemia de fiebre tifoidea. También existe el riesgo de brotes de malaria, que estaba controlada en Iraq.
Amplios sectores de la población pasan hambre, lo que los debilita frente a las enfermedades, según la OMS.
Mueren 7.000 niños menores de cinco años por mes debido al hambre y la enfermedad. "La situación infantil es desastrosa", afirma Philippe Heffinck, el representante de UNICEF en Iraq. "Muchos apenas sobreviven".
Pero los recursos que el Consejo de Seguridad de la ONU ofrece al gobierno iraquí para paliar la situación son muy limitados.
Según la resolución 986 del Consejo de Seguridad, Iraq puede vender hasta 2.000 millones de dólares en petróleo crudo durante seis meses con supervisión de la ONU, y el plazo se podrá renovar.
Una tercera parte de esta cantidad se utilizará para indemnizar a las víctimas de la invasión iraquí a Kuwait en agosto de 1990, que condujo al embargo económico de la ONU contra Iraq. Las dos terceras partes restantes serán para comprar alimentos y medicina.
Las demandas de las víctimas -el estado de Kuwait, empresas, decenas de miles de personas individuales- contra Iraq comprenden decenas de miles de millones de dólares. Aun cuando Iraq pague parcialmente las demandas, seguirá siendo una nación deudora durante muchos años.
Las perspectivas económicas para Bagdad son malas, frente al tope de 4.000 millones de dólares de ingresos por año, un tercio de lo que obtenía antes de la invasión a Kuwait hace seis años.
Iraq podrá resolver la salida de la crisis económica sólo si se eliminan las sanciones comerciales contra Bagdad.
La resolución 687 del Consejo de Seguridad estipula que el retiro del embargo de la ONU depende no sólo de la eliminación de las armas de destrucción masiva y misiles balísticos con autonomía superior a 150 kilómetros, sino también de las instalaciones bélicas.
Rolk Ekeus, director de la comisión de desarme de la ONU, sólo está conforme con la actitud de Iraq en el terreno nuclear pero no en las otras esferas.
Sostiene que Bagdad no justificó la compra de materia prima para la producción de agentes bacteriológicos bélicos y sospecha que no desmanteló completamente su capacidad para manufacturar gas venenoso.
Ekeus piensa que el gobierno iraquí oculta 16 misiles balísticos con autonomía superior a 1.500 kilómetros, según la información brindada por un importante militar iraquí que desertó.
Parte del problema reside en que muchas de las máquinas de producción en cuestión pueden utilizarse tanto para el ámbito civil como militar. Su uso civil en la actualidad no significa que no puedan cumplir un fin militar en el futuro.
Iraq niega enérgicamente que oculte información a la comisión de la ONU.
Sostiene que cumplió con sus obligaciones según la resolución 687 y que, según el artículo 22, tiene derecho a que se levante la prohibición de exportación de sus productos a los países miembros de la ONU. (FIN/IPS/tra-en/dh/rj/aq-jc/ip/97
