Dos meses después de la firma de la paz entre gobierno y guerrilla, el Ejército de Guatemala conserva intacto su poder.
El convenio sobre "fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática", firmado en 1996 por representantes del Ejecutivo y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), contempla la reducción de 33 por ciento de los efectivos del ejército.
Sin embargo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, General Víctor Ventura, aseguró que ningún oficial será dado de baja en el marco del programa de reducción del Ejército.
"No tenemos necesidad de desmovilizar oficiales (para cumplir con el 33 por ciento) porque hemos tenido vacantes todo el tiempo", dijo el militar.
Las declaraciones de Ventura fueron confirmadas por el ministro de la Defensa, general Julio Balconi, según el cual 11.000 de las 46.000 plazas de que disponen las Fuerzas Armadas están vacantes.
Para el comandante de la URNG Pablo Monsanto, la pretensión del Ejército de no ver alterado el número de oficiales (más de 2000) viola los acuerdos de paz, ya que la disminución pactada comprendía a la oficialidad.
"El actual gobierno sigue concibiendo la seguridad ciudadana como una tarea del Ejército", dijo por otra parte a IPS Frank La Rué, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
"El Ejército controla a los policías para los registros en carreteras y es el que investiga los casos de secuestros, además de que continúa controlando el aparato de inteligencia del Estado", señaló.
"El derrotero del poder civil no está muy claramente trazado", consideró, expresando su descontento por la nueva ley de Policía Nacional Civil (PNC).
"Una de las pricipales debilidades de esta ley es no establecer quiénes pueden ser miembros de la PNC y no determinar claramente que los efectivos militares no pueden participar en ella, tanto los de alta como los de baja", destacó.
Ronalth Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), dijo a IPS que el acuerdo suscrito aligerará el funcionamiento de las Fuerzas Armadas "pero las estructuras, los aparatos de contrainsurgencia, van a continuar".
Los efectivos castrenses depurados hasta ahora lo han sido como consecuencia de actos de corrupción, narcotráfico u otros delitos o por su propia conveniencia pero no hay ningún caso de militar expulsado por violaciones a los derechos humanos.
"En el Ejército de Guatemala se consolidó un pensamiento nuevo que quiere conformar una visión para encajar en la nueva tendencia internacional", que apunta a una reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, aseguró Ochaeta.
Pero las jerarquía castrense se resiste a que su cuota de poder sea reducida.
En Guatemala, concluye el director de la OFHA, a diferencia de otros países centromaericanos, la desmilitarización real no ha comenzado. (FIN/IPS/cz/dg/ip/97
