La mayoría de los grupos indígenas se sienten excluidos del foro internacional Río más Cinco, en curso en esta ciudad, donde están reunidos unos 500 expertos sobre ambiente cinco años después de la llamada Cumbre de la Tierra.
El foro "incluye sólo un representante indígena de una tribu, pero tenemos 200 tribus diferentes", señaló Sarah Kobe, miembro de la organización no gubernamental (ONG) Asociación Xama, con sede en la ciudad de Curitiba, en el sureste de Brasil.
Kobel llegó al foro, que se extiende del 13 al 19 de marzo, para denunciar los problemas ambientales de su estado nativo, el sureño Paraná, donde el gobierno local permitió la construcción de nuevas plantas de Volkswagen en áreas protegidas y permitió a ciertas industrias volcar desechos en los ríos.
Las necesidades de las comunidades indígenas no fueron tomadas en cuenta en los acuerdos gubernamentales realizados desde la Cumbre de la Tierra, en 1992, destacó Ahora Te Paraeke Mead, de la Red de Pueblos Indígenas para la Biodiversidad.
"En 1992, los gobiernos se comprometieron a potenciar a los pueblos indígenas y comunidades locales, pero continuamos desposeídos de nuestras tierras, ocupando el nivel más bajo de la escala socioeconómica", señaló Mead, una maorí de Nueva Zelanda.
La Convención sobre Biodiversidad, que entró en vigor en 1993 y fue ratificada por 165 gobiernos, es un asunto controvertido, subrayó la activista, ya que otorga a los gobiernos amplia autoridad para reclamar derechos de propiedad intelectual sobre la flora y fauna nativa de sus estados.
Sin embargo, para los pueblos indígenas, la biodiversidad nativa "es un patrimonio, no un conjunto de artículos de consumo, y debe ser protegido para la posteridad", agregó.
Mientras muchos grupos indígenas denunciaron su exclusión del proceso de Río más Cinco, otras organizaciones señalaron los desafíos enfrentados por los gobiernos locales que asumen facultades federales.
Según el Consejo Internacional para Iniciativas Locales Ambientales, más de 1.800 gobiernos locales de 64 países comenzaron a implementar las resoluciones ambientales de la Agenda 21, el plan de acción sobre ambiente y desarrollo adoptado por los gobiernos en la Cumbre de la Tierra.
El esfuerzo por las iniciativas ambientales locales significó la sustracción de parte de la autoridad del gobierno federal, explicó el secretario general del Consejo, Jeb Brugman.
Luis Guerrero Figueroa, alcalde de la ciudad peruana de Catamarca, destacó que el plan local de su área sobre Agenda 21 requirió la descentralización de la región en 12 distritos, cada uno con su propio alcalde, incrementando notoriamente el poder local.
Algunos gobiernos ven la Agenda 21 con tanta cautela como los derechos indígenas, y otros ni siquiera consideran los programas ambientales locales al preparar su política ambiental nacional, señaló Brugman.
En Gran Bretaña, la política nacional limita el grado de autonomía de los gobiernos locales para aplicar sus propios programas ambientales, observó Jane Morris, de la Junta Directiva de Gobiernos Locales Británicos.
"Creo que pronto el gobierno deberá responder a todas las acciones locales que se están desarrollando", manifestó. (FIN/IPS/tra-en/fah/yjc/ml/en-pr/97
