La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está alarmada por el creciente número de combatientes contratados en Zaire, Angola, Ruanda, Tajikistán, Armenia, Azerbaiján, Afganistán y la ex Yugoslavia.
"Hay una presencia significativa de mercenarios en todos los grandes conflictos armados", afirmó el viernes el peruano Enrique Bernales, relator especial de la ONU sobre mercenarios, y destacó que el problema obstaculiza el proceso de paz en Zaire.
"Los combatientes a sueldo están interesados en la prolongación del conflicto y no en la mejora de la situación del país", destacó.
El incremento del número de mercenarios en Africa podría estar vinculado al desempleo, "pero claramente esa no es la razón del aumento de mercenarios en Europa", señaló Bernales. Interrogado sobre quién provee armas a esos combatientes, citó países occidentales no identificados.
La compañía sudafricana Executive Outcomes proveyó entrenamiento militar o mercenarios a Sierra Leona, Angola, Liberia, y más recientemente, a Papúa-Nueva Guinea, resaltó el relator especial.
El gobierno sudafricano sostiene que la empresa, que tiene una oficina en Londres, está legalmente constituida, pero "aunque la fachada pueda ser legal, lo importante es lo que hay por detrás", observó el relator especial.
Existe una urgente necesidad de crear leyes que aborden el problema, porque con el tiempo, estas empresas podrían volverse más fuertes que algunos de los estados soberanos para cuya protección son contratadas, advirtió.
La Convención Internacional contra los Mercenarios, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989, sólo fue ratificada por 11 países, entre ellos Barbados, Chipre, Georgia, Maldivas, Seychelles, Suriname, Togo y Ucrania, pero el documento sólo puede entrar en vigor tras la ratificación de 22 países.
Según las normas de la ONU, el empleo de combatientes a sueldo constituye una violación a los principios de igualdad soberana, independencia política e integridad territorial de los estados miembros.
El foro mundial criticó a los gobiernos africanos el año pasado por contratar mercenarios para ofrecer seguridad a cambio de una participación en los ricos recursos minerales.
"Sugerir que algunas actividades mercenarias son ilegales y otras legales equivale a hacer una peligrosa distinción que podría afectar las relaciones de paz y respeto entre las naciones", advirtió Bernales.
La ONU identificó dos países, Angola y Sierra Leona, cuyos mercenarios fueron contratados para proteger minas de oro y diamantes.
El gobierno de Angola celebró contratos con Executive Outcomes en 1996 para obtener protección a cambio de una parte de las ganancias derivadas de la explotación de los recursos naturales del país.
La compañía también ofreció protección y seguridad interna utilizando mercenarios reclutados principalmente en Sudáfrica y Gran Bretaña.
En Sierra Leona, la misma empresa firmó contratos con el anterior Consejo Nacional de Gobierno Provisional para brindar apoyo militar bajo la forma de combatientes especialmente entrenados y armas.
Según un informe de la ONU, unos 500 mercenarios operan en Sierra Leona a cambio de pagos en efectivo y concesiones de minería para la compañía que los contrata.
"Una vez que logra cierto grado de seguridad, la firma comienza a explotar las concesiones estableciendo asociados y afiliados que realizan actividades como transporte aéreo, construcción de caminos, importación y exportación, adquiriendo así una presencia significativa, si no hegemónica, en la vida económica del país donde operan", dice el informe.
El hecho de que algunos países consideren legal el reclutamiento de mercenarios constituye "una grave amenaza para el frente unido que debe presentar la comunidad internacional si desea contrarrestar esas actividades", advierte la ONU. (FIN/IPS/tra-en/td/yjc/ml/ip/97
