Sindicatos y grupos de derechos humanos expresaron su beneplácito por la suspensión de los privilegios comerciales a Birmania decidida por la Unión Europea (UE) debido al uso sistemático de trabajo forzado en el país asiático.
El Consejo de Ministros de la UE afirmó esta semana que las preferencias establecidas para la importación de productos manufacturados y agrícolas birmanos serán retiradas "hasta que se confirme el fin de las prácticas de trabajo forzado".
La Confederación Internacional de Sindicatos Libres (ICFTU) y la Confederación de Sindicatos Europeos (ETUC) saludaron la decisión.
"Es un mensaje claro e inequívoco a Birmania y a todos los gobiernos de que el mercado europeo no está a disposición de países que apelan o toleran la explotación de los trabajadores a través del trabajo forzado o abusos de los derechos humanos", se congratularon ambas confederaciones en un comunicado conjunto.
"También es una señal dirigida a aquellas compañías que continúan haciendo negocios con la junta militar, que directa o indirectamente se benefician de la brutal explotación, de que llegó el tiempo de retirarse del país o enfrentar el oprobio de sus consumidores y accionistas responsables", agregaron.
Las exportaciones de Birmania a la UE ascienden a 75 millones de dólares anuales. Dos tercios de esas mercancías se importan con reducciones sustanciales de aranceles dispuestas por el selectivo Esquema Generalizado de Preferencias (GSP) dispuesto por el bloque.
El GSP permite a los países en desarrollo acceder a los mercados europeos, pero también establece estrictas cláusulas que prohíben, por ejemplo, la apelación a mano de obra forzada o abusos de derechos humanos en los lugares de trabajo.
Esta es la primera vez que se niega a Birmania el acceso al mercado europeo a través del GSP, lo cual fue considerado por los sindicatos un reconocimiento del vínculo entre el comercio y los criterios laborales.
Sindicatos y organizaciones no gubernamentales reclaman a la Organización Mundial de Comercio que incorpore "cláusulas sociales" para asegurar el respeto de los derechos laborales.
Entre las cláusulas propuestas figuran el respeto al derecho a crear e integrar sindicatos, a la negociación colectiva con los empleadores, la prohibición del trabajo infantil y forzado y la no discriminación por género, raza y religión, tanto en la obtención del empleo como en la remuneración.
La negativa de los privilegios comerciales a Birmania es la culminación de una queja presentada por la ETUC y la ICFTU ante la UE en 1995.
La demanda documentaba el uso de trabajo forzado en el país asiático, implementado directamente por el gobernante Consejo de Restauración de la Ley y el Orden del Estado.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, comenzó en enero de 1996 una investigación que pudo corroborar las acusaciones a pesar de la negativa del régimen militar a admitir el ingreso de observadores a Birmania.
La organización no gubernamental Human Rights Watch/Asia brindó su testimonio ante la Comisión Europea en marzo y septiembre de 1996. El proceso fue plenamente respaldado por Aung San Suu Kyi, la encarcelada líder de la oposición democrática birmana ganadora del premio Nobel de la Paz.
Una entrevista filmada a Suu Kyi, cuyo registro fue llevado subrepticiamente a Bruselas desde Birmania, fue presentada como evidencia en septiembre.
El Comité Económico y Social, cuerpo consultivo de la UE, manifestó en el proceso que "el gobierno de Birmania, lejos de querer el fin del trabajo forzado, está activamente comprometido en la promoción" de esta práctica.
Por su parte, el gobierno birmano afirma que el trabajo forzado se basan en la tradición budistas de las tareas voluntarias.
Human Rights Watch/Asia estimó que alrededor de dos millones de birmanos fueron obligados a trabajar sin paga entre 1992 ntegrarlo deben huir del país o, de lo contrario, se arriesgarán al arresto, la tortura y la ejecución.
El trabajo forzado representa 10 por ciento del producto interno bruto de Birmania, según la ICFTU y la ETUC.
'a poner fin al uso masivo de trabajo forzado", dijo Sidney Jones, director ejecutivo de Human Rights Watch/Asia.
El activista agregó que "la UE debería seguir reclamando el acceso irrestricto de grupos de derechos humanos independientes" a los lugares de trabajo donde se denuncien esas prácticas.
Los sindicatos aseguran que el régimen militar mantiene una "reserva rotativa" de un millón de trabajadores forzados. Aquellos que se rehúsen a integrarlo deben huir del país o, de lo contrario, se arriesgarán al arresto, la tortura y la ejecución.
El trabajo forzado representa 10 por ciento del producto interno bruto de Birmania, según la ICFTU y la ETUC.
