La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de todo el mundo que investiguen el uso y comercialización de equipos de tortura y armas que funcionan en base a choques eléctricos.
El grupo reclamó a los gobernantes que sigan el ejemplo del presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien ordenó un estudio oficial sobre el asunto luego que fuerzas de seguridad utilizaron armas eléctricas para disolver una manifestación en julio de 1996.
Dieciséis personas murieron y 80 fueron gravemente heridas en la estampida. La investigación ordenada por Mandela concluyó que los instrumentos de choques eléctricos no deberían ser utilizadas para controlar multitudes.
"Mandela señaló un camino al mundo y otros países deberían seguirlo", dijo Brian Wood, de Amnistía Internacional, en el lanzamiento de una campaña mundial contra el uso de equipos de choques eléctricos.
El grupo difundió este lunes dos informes sobre el asunto, uno referido a los países donde se practican torturas mediante este sistema y el otro sobre el papel que cumplen el gobierno y empresas de Gran Bretaña al respecto.
El Comité de Relaciones Exteriores del parlamento británico celebrará esta semana una audiencia especial sobre control de armas debido a la preocupación que cunde entre organizaciones no gubernamentales por la magnitud de las ventas a países con malos antecedentes en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional afirmó que se registra un aumento del comercio mundial de armas de choques eléctricos y tecnologías similares utilizadas por policías y militares en varios países, muchos de ellos firmantes de convenciones internacionales contra la tortura.
La organización reclama una suspensión mundial inmediata del uso de armas de choques eléctricos por parte de fuerzas policiales hasta que los gobiernos, a través de "investigaciones independientes, imparciales y rigurosas", puedan demostrar que se las usa de forma apropiada.
Los instrumentos de choques eléctricos utilizados para azuzar al ganado han sido utilizadas para la tortura de prisioneros en todo el mundo.
Desde la década del 90, estos métodos son empleados en cárceles, centros de detención y destacamentos de policía en al menos 50 países, según Amnistía Internacional.
Artefactos para el suministro de choques eléctricos a seres humanos, diseñados y promocionados como tales por las empresas que los producen, fueron utilizados en 18 países.
Estas armas fueron aplicadas en órganos sexuales o en la boca de los prisioneros en Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bulgaria, China, Chipre, Egipto, Estados Unidos, Grecia, Líbano, Sudáfrica, Turquía, Rusia, Vietnam, Yugoslavia y Zaire.
Casi todas las empresas que venden estas armas afirman que son seguras y no ocasionan daños a la salud si son usadas de forma apropiada.
"Sea esto verdad o no, y existe evidencia de que no lo es, estas afirmaciones no relevan a los gobiernos y empresas de la responsabilidad de examinar el uso real o aparente de estas armas en manos de quienes las poseen", según Amnistía Internacional.
La organización no pidió la prohibición total del uso y exportaciones de estas armas pues, afirmó, antes deberán recibir la opinión de médicos y científicos forenses.
Amnistía Internacional también mencionó a los países donde se producen y comercializan esas armas. Estados Unidos es el mayor fabricante, pero Gran Bretaña, líder en el desarrollo de la tecnología necesaria para esta industria, es una de las mayores exportadoras.
El Departamento de Comercio e Industria de Gran Bretaña debe consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores antes de conceder licencias de exportación a las empresas que producen armas de choques eléctricos.
"El comportamiento del comprador y sus antecedentes en materia de derechos humanos se consideran" antes de autorizar las ventas de equipos militares, policiales y de seguridad británicos, fue la respuesta de Londres a una consulta específica de Amnistía Internacional.
El gobierno no brindó detalles sobre los procedimientos, sostuvo la organización. La Ley de Secretos Oficiales de Gran Bretaña de 1911 impide la publicidad de cualquier información, por nimia que sea, que, según las autoridades, afecte la seguridad nacional. (FIN/IPS/tra-en/dds/rj/mj/hd ip/97
