Patricio de la Guardia Font, involucrado en el mayor escándalo en que se viera envuelto el gobierno de Fidel Castro desde su arribo al poder en 1959, está en la calle tras cumplir casi ocho años de cárcel.
El ex general de brigada del Ministerio del Interior apareció en público con con gafas oscuras, la apariencia de una persona que ha dedicado sus últimos años a la práctica deportiva y bastante parecido a las fotos publicadas por los días de su condena en 1989.
"Sólo familiares", fue la advertencia dirigida a los pocos periodistas que en la mañana del martes 18 trataron de acercarse a la capilla de una céntrica funeraria habanera donde velaron los restos de Mario de La Guardia, padre del ex convicto.
La liberación de La Guardia, que debió cumplir 30 años de cárcel, fue hecha efectiva el lunes y coincidió con la muerte de su padre, de 96 años, pero, según observadores, respondió a una decisión tomada de antemano por las autoridades.
La decisión desenterró los recuerdos de la causa número uno de 1989 contra 14 ex militares de alto rango por narcotráfico, corrupción y otros delitos considerados por las leyes cubanas como de traición a la patria.
El caso pareció confirmar la posible participación del gobierno de Castro en el narcotráfico internacional y, en el plano interno, generó gran indignación por el poder y la impunidad con que actuaron los acusados.
"La corrupción no es una decisión volitiva ni circunstancial, tanto para los fenómenos biológicos como sociales; es, en sí, la consecuencia de un proceso", dijo entonces Lidia Tablada, una de los integrantes del Consejo de Estado.
En una reunión sobre la causa uno publicada por el oficialista diario Granma el 11 de julio de 1989, Tablada llamó a "analizar las causas que gestaron, cultivaron y permitieron" que el grupo de oficiales "se creyera impune, todopoderoso, y que viviera según una ética podrida e infamante".
Pasados siete años, La Guardia es liberado en momentos en que el gobierno emprende una campaña contra la corrupción entre los funcionarios estatales e intenta afianzar su imagen como "bastión" contra el narcotráfico en la región del Caribe.
Con la cautela que los caracteriza, los medios oficiales cubanos guardan silencio sobre la liberación del ex general y eluden cualquier alusión al caso que conmovió y dividió a la opinión pública nacional en 1989.
"Antes y después del caso Ochoa", se oye decir con frecuencia en círculos intelectuales de La Habana.
La Guardia fue condenado a 30 años de prisión por, entre otros delitos, conocer las actividades de su hermano gemelo y ex coronel del ejército Antonio de la Guardia, y del general de división Arnaldo Ochoa, que los involucraron en negocios de narcotráfico.
El juicio que sesionó en la primera quincena de julio de 1989 concluyó con la ejecución de la pena de muerte para cuatro de los 14 ex militares de alto rango acusados, entre los cuales se encontraban el hermano de Patricio y Ochoa, hasta entonces uno de los más prestigiosos militares cubanos.
Según fuentes oficiales las operaciones fueron descubiertas por la contrainteligencia cubana, que el 24 de abril de 1989 inició una "investigación minuciosa", luego de detectar comunicaciones radiales desde la isla con Estados Unidos y Colombia, relacionadas con el tráfico de drogas.
Las investigaciones arrojaron que Antonio de la Guardia y Ochoa organizaron dos redes que, con la autoridad suficiente para dar orientaciones a tropas de guardafronteras, permitieron el trasiego por territorio cubano de seis toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Los militares operaban directamente con el Cartel de Medellín de Colombia y recibieron aproximadamente 3,4 millones de dólares. También mantuvieron negocios como tráfico de diamantes, beneficiándose de sus altos puestos dentro del destacamento militar cubano en la guerra de Angola.
Patricio de la Guardia no participó de manera directa en el narcotráfico y eso le salvó la vida, según indicó el fiscal general Juan Escalona Reguera.
Los informes del oficial investigador del caso indicaron que el ex general de brigada no estaba involucrado directamente en las operaciones, pero tenía pleno conocimiento de su existencia.
El ministerio fiscal afirmó durante las vistas que La Guardia conocía de las actividades de su hermano desde 1988, sin informar a la dirección del Ministerio del Interior ni del gobierno, por lo que mantuvo "una actitud cómplice y desleal".
Fuentes oficiales aseguraron que La Guardia reconoció haber conversado en Angola con Ochoa, entonces jefe de las fuerzas cubanas en ese país africano, acerca de las posibilidades de obtener divisas en operaciones de narcotráfico.
Admitió así "haber realizado con Ochoa actividades de contrabando de marfil" y se responsabilizó de un beneficio personal de 30.000 dólares proveniente detráfico de drogas efectuado por su hermano, afirmó la Agencia de Información Nacional.
Como en el caso de los otros oficiales condenados, La Guardia tenía como atenuantes "acciones heroicas y relevantes servicios a la patria" y como agravante el hecho de cometer los hechos delictivos en su condición de jefe militar.
Procedente de una familia católica, remero en sus años universitario y con una seria afición hacia la pintura, La Guardia participó en la lucha clandestina contra la dictadura de Fulgencio Batista en la década del 50 y posteriormente se incorporó a la guerrilla en el centro de la isla.
Conoció al presidente Fidel Castro en 1961, se incorporó desde los inicios de la década del 60 al Ministerio del Interior, fundó las tropas especiales y fue jefe del estado mayor de ese ministerio.
El ex general formó parte de la custodia del presidente chileno Salvador Allende, muerto tras el golpe de Estado de 1973 en ese país, encabezó el grupo de asesores cubanos que en 1979 contribuyeron al triunfo del movimiento sandinista en Nicaragua y fue nombrado jefe militar de la misión en Angola en 1986.
Hasta el lunes de esta semana La Guardia cumplió su sentencia en la prisión de Wanajay, 50 kilómetros al este de La Habana. Cinco años atrás, en diciembre de 1991, protagonizó un nuevo escándalo con la publicación fuera de Cuba de un testimonio de 20 páginas manuscritas.
"El caso Ochoa no es un caso cerrado", dijo a IPS un profesor universitario que, como buena parte de los cubanos, aún no está totalmente convencido de que las conclusiones del juicio revelen toda la verdad del escándalo.
Muchas de las dudas que rodearon el caso, dentro y fuera de Cuba, mantienen aún su vigencia en sectores de la sociedad cubana.
El debate incluye la polémica sobre si puede ocurrir algo así en la isla sin el conocimiento de Castro hasta si no se trató de una purga interna en medio de luchas por el poder.
El fiscal Escalona aseguró en una entrevista publicada este mes que la causa uno de 1989 le significó "un trauma", "una tarea amarga" que siente "en todo caso el haber sido capaz de cumplir con éxito".(FIN/IPS/da/dg/ip/97
