Los 19 pueblos indígenas de la Amazonia venezolana concertaron la división municipal de su territorio, en una experiencia con pocos precedentes en el mundo y que ahora lucharán para que sea aceptada por las autoridades blancas.
El proyecto de los indígenas del estado de Amazonas responde a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoció su derecho a participar en la división territorial de esa entidad y anuló la previa ley municipal por haberse hecho a sus espaldas.
Unos 300 delegados de las 19 etnias llegaron desde lo más recóndito del estado de Amazonas, que constituye el extremo sur venezolano, hasta el Tobogán de la Selva, un paraje dominado por una gran cascada con esa forma y situado a más de 1.000 kilómetros de Caracas.
"Se definió qué es un municipio ancestral, respetuoso de los límites ambientales, la cosmovisión de cada pueblo, sus lugares sagrados y la gobernabilidad propia", indicó a IPS el guajibo Guillermo Guevara, coordinador general de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA).
ORPIA coordina la lucha "contra el nuevo intento de conquista" que libran los 19 pueblos desde hace casi tres años para defender su derecho constitucional a un régimen de excepción en los municipios a establecerse en Amazonas, un antiguo territorio federal convertido en 1992 en el estado 22 del país.
"La imposición de municipios al estilo criollo (blanco) en un territorio netamente indígena es una nueva forma de colonización, que además ponía en peligro la sobrevivencia de muchos de nuestros pueblos", dijo Guevara por teléfono.
El Consejo Extraordinario Indígena del Amazonas "fue un éxito por los resultados y por lo vivido en esa semana en el Tobogán", dijo Luis Bello, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del católico Vicariato de Puerto Ayacucho, la capital amazónica.
La reunión se realizó la última semana de febrero y concluyó con una marcha multitudinaria hasta Puerto Ayacucho, donde se entregó al parlamento regional el documento con la propuesta, que ahora comenzó a articularse en proyecto de ley, con apoyo de juristas comprometidos con la causa de los 19 pueblos.
"No sólo llegaron los líderes de cada pueblo sino (también) consejos de ancianos al completo, lo que dió a la reunión una gran fuerza y legitimidad, mientras la discusión mostró la madurez política y la cohesión alcanzada en los tres años de lucha", señaló Bello.
La propuesta establece la creación de siete nuevos municipios, uno más de los decididos en la ley ahora nula, y se acogió el pedido de uno especial para los yanomamis, uno de los pueblos más antiguos del mundo, que vive entre Brasil y Venezuela.
También se resolvió promover una forma de gobierno colectiva, que sustiuye al alcalde es sustituido por un coordinador "que actuará como un servidor que propicie la actividad y defienda los derechos de la comunidad", precisó Guevara.
"Queremos tener un gobierno de las comunidades, con circuitos indígenas y consejos interétnicos, en el que todos los pueblos tendrán sus representantes, aunque sean pocas personas" y que sustituirán a los ediles tradicionales.
El Vicariato y otras organizaciones religiosas asentadas en la zona han respaldado la batalla indígena contra la Asamblea Legislativa del estado, que en 1994 lo fragmentó en los seis municipios violatorios de la división ancestral de los pueblos.
Esos municipios artificiales separaban algunas etnias y forzaban a otras a convivir con rivales seculares. También violaban varios artículos de la constitución nacional y la del propio Amazonas, respetuosa de los intereses indígenas.
La constitucion amazónica define a ese estado como multiétnico y pluricultural y consagra el respeto a la cultura, tradición y tenencia colectiva de la tierra de los pueblos originarios, ya protegidos por reservas de biosfera, parques nacionales y moratorias de explotación minera hasta el año 2050.
También la constitución venezolana permite diferentes regímenes municipales y fija un trato de excepción para las comunidades indígenas, en tanto leyes nacionales o convenios internacionales suscritos por el país garantizan a las etnias el derecho a la tierra y a sus formas de vida internas.
Detrás de la ley anulada en todos los artículos polémicos por la Corte en diciembre pasado, están presentes apetencias políticas y económicas por una región casi intocada, de riquezas biogenéticas y minerales, donde viven casi 50.000 indigenas.
Amazonas tiene 175.750 kilómetros cuadrados -19,2 por ciento del total del país- y menos de 100.000 habitantes, de los que 49,7 por ciento son indígenas.
Pero esa proporción se eleva a 95 por ciento si se excluye Puerto Ayacucho, donde se concentra la población criolla y que ya era municipio antes de la creación del estado, según el censo indígena de 1992, que sitúa en 316.000 el total de pobladores originarios en Venezuela, habitada por 22 millones de personas.
Un punto muy negativo de la ley anulada es que creaba los ejidos, una figura que traspasa a los municipios los terrenos baldios, lo que permitía desplazar a las etnias sus tierras ancestrales, ya que la mayoría carecen de títulos de propiedad.
Bello precisó que la propuesta reafirma los derechos territoriales colectivos de las etnias y elimina la amenaza de venta posterior a particulares, la estrategia que estaría detrás de los ejidos y que impulsaría la prohibida actividad minera y la explotación intensiva ganadera o agrícola.
Guevara explicó que la ley anulada también facultaba a las autoridades "importadas" a decidir la expropiación de propiedades, excluida por la propuesta del Consejo Extraordinario Indígena.
La Corte estableció que la nueva ley municipal de Amazonas debe estar lista en tres meses y realizarse nuevos comicios en cuatro meses, pero los plazos no rigen aún, porque la Asamblea Legislativa interpuso un recurso de aclaración, que ya está listo y se conocería este mes, según supo IPS en el máximo tribunal.
La Corte tardó 22 meses en dictaminar sobre la demanda de los indígenas, lo que permitió la celebración de las primeras elecciones municipales en Amazonas en 1995, instalándose acaldes ajenos a las comunidades.
Pero la Corte se mostró firme en favor del reclamo indígena y alabó "su alto valor jurídico y humanístico", en un dictamen que sienta jurisprudencia y favorece cambios en otros estados de mayoría indígena.
Bello dijo que el logro de los pueblos amazónicos se inscribe en una lucha general de los indígenas latinoamericanos, que ya dio frutos parciales en Bolivia, Colombia y México, y que se nutriría ahora con el modelo municipal surgido en el Tobogán de la Selva.
Guevara llamó a entender que "cuando luchamos por la seguridad y defensa de nuestros derechos, los indígenas estamos luchando por la seguridad y defensa de la humanidad". (FIN/IPS/eg/ff/pr/97
