El compromiso de rebajar a partir de este año el arancel único a las importaciones, que el gobierno de Chile contrajo con el Parlamento para que aprobara el tratado de asociación con el Mercosur, desató una polémica entre sectores empresariales.
Las cámaras empresariales de la actividad minera, el comercio y la agricultura, evalúan posituvamente la medida, que se haría efectiva en el segundo semestre, en tanto la reprueban los industriales y los exportadores de manufacturas, consignó este viernes el diario El Mercurio.
En septiembre de 1996, en el curso del debate en el Senado del tratado de asociación con el Mercosur (Mercado Común del Sur), el ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, anunció que el gobierno rebajaría paulatinamente el arancel único de 11 por ciento a partir del segundo semestre de 1997.
El compromiso gubernamental fue determinante para que la oposición derechista, mayoritaria en la cámara alta gracias a los senadores designados, aprobara el tratado que asoció desde el 1 de octubre a Chile con el bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El régimen de arancel único fue adoptado por Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), como eje de la apertura comercial unilateral, que la derecha exige mantener independientemente de acuerdos bilaterales o multilaterales de integración.
El gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) dispuso en junio de 1991, 15 meses después del restablecimiento de la democracia, la rebaja a 11 por ciento del arancel, que era de 15 por ciento.
De acuerdo con el compromiso contraido por Aninat, en el segundo semestre de este año el gobierno de Eduardo Frei propondría al parlamento una rebaja de dos puntos, para fijar el arancel único en nueve por ciento.
El gobierno maneja el proyecto de tramitar en 1998 o 1999 un nuevo recorte, hasta siete por ciento. Pero el Instituto Libertad y Desarrollo, vinculado a la derecha, propone una reducción por año hasta el 2000, para llegar a una tasa de cinco por ciento.
El instituto sostiene que el aumento de la actividad económica que generaría esa medida contrarrestaría con creces los menores ingresos fiscales, del orden de 140 a 170 millones de dólares al año por cada punto de disminución del arancel.
Los promotores de la disminución de aranceles sostienen que ésta, al abaratar los insumos importados para la industria local, mejorará la competitividad de las exportaciones chilenas.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la más tenaz opositora a la asociación con el Mercosur, viene reclamando sistemáticamente recortes arancelarios para disminuir el costo de equipos, fertilizantes, plaguicidas y otros insumos importados.
La SNA, que considera "competencia desleal" el ingreso bajo un régimen especial de cuotas de cereales, carnes y lácteos desde el Mercosur, obtuvo también del gobierno planes especiales de inversión en el sector agrícola durante el debate en el Senado.
Ernesto Correa, presidente de la SNA, advirtió no obstante en declaraciones a El Mercurio que no corresponde aumentar los impuestos internos para comprensar la prevista rebaja de la tasa arancelaria única.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Walter Riesco, un importante empresario minero, aplaudió la futura rebaja arancelaria, al igual que Alfonso Mujica, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
La CPC es una suerte de "súper sindicato" empresarial, que reúne las cámaras de la agricultura, minería, la banca, la construcción, el comercio y la industria.
El sector industrial, que impulsó con particular fuerza la asociación con el Mercosur, es hoy el mayor opositor a la prevista rebaja de aranceles.
Pedro Lizana, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Pedro Fantuzzi, de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, y Mario García, del Instituto Textil, sostuvieron que la disminución afectará profundamente a la industria chilena.
En una línea similar se pronunció Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores, vinculada fundamentalmente a la producción hortifrutícola, de vinos y productos del mar de alta demanda en los mercados externos.
La contradicción entre el sistema chileno de arancel externo único y el régimen adoptado por el Mercosur de una estructura arancelaria común pero diversificada en sus tasas según los productos, es el principal obstáculo para que este país se convierta en miembro pleno del bloque sudamericano.
Con la asociación, Chile participa del Mercosur como espacio económico y comercial, pero se mantiene al margen de la unión aduanera conformada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Chile y Perú, que presenta una tasa general de 15 por ciento, son los únicos miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración con régimen de arancel único, según se desprende de un informe de la revista América Economía, editada en Santiago.
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela tienen aranceles diversificados que fluctúan desde 3,6 a 25 por ciento, con el criterio de aplicar tasas bajas a materias primas, alimentos e insumos productivos y castigar con porcentajes altos los bienes de consumo, en especial los suntuarios. (FIN/IPS/ggr/ff/if/97
