En América Latina aumenta la tendencia de crear tribunales privados de justicia, en tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) busca la convergencia de la legislación vigente para alcanzar seguridad en esa área.
Esta semana en Barcelona, durante la 38 reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su presidente, Enrique Iglesias, anunció que la entidad impulsará con energía la creación de organismos de arbitraje privados.
Esa iniciativa, que tiene varios antecedentes en la región, responde a una preocupación de inversores privados por la lentitud de la justicia en América Latina, dijo Iglesias.
La intervención de los organismos de arbitraje debe ser convenida de antemano por las partes contratantes y en este tema se requiere rapidez porque "la vida moderna no acepta grandes esperas", dijo el presidente del BID.
El moroso funcionamiento de la mayoría de los tribunales de justicia en la región ha tenido una respuesta negativa de los ciudadanos expresada periódicamente a través de encuestas en la que ese poder del Estado sale mal parado.
En otros países, esa lentitud crea incertidumbre ante diversas manifestaciones de corrupción, como en Argentina, donde varios jueces están siendo sometidos a juicio político.
Ese déficit judicial se origina mayoritariamente, según los expertos, en bajos presupuestos, pero también por la lenta respuesta a la asimetría generada entre el vertiginoso ritmo de los cambios económicos y comerciales, y la aplicación de la ley.
Por otra parte, los especialistas han destacado que en varios países de la región no existen tribunales especializados en temas comerciales y en las cuestiones jurídicas vinculadas a la integración.
Este año, la Union Europea organiza en Bruselas un curso sobre el derecho vinculado a los procesos de integración, del que participarán jueces y especialistas de la región.
Durante una reciente reunión de expertos de la OEA sobre el desarrollo jurídico de la integración, realizada a mediados de marzo en Montevideo, quedaron en evidencia esas fallas y la necesidad tomar medidas ante el futuro.
El canciller de Uruguay, Alvaro Ramos, recordó allí que para comienzos del siglo XXI está fijado el objetivo de construir una zona de libre comercio en la región, lo que evidencia la urgencia de prever ese y otros aspectos.
El futuro presenta interrogantes y necesidades, y de ellas "surge claramente que es preciso otorgarle certeza jurídica a las mismas", dijo Ramos.
Sostuvo que "no puede olvidarse la fuerza creadora y ordenadora del derecho que brinda la previsibilidad necesaria para la seguridad de los operadores privados, destinatarios finales de la nueva realidad económica".
Iglesias recordó que durante un seminario organizado por el BID sobre Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Jordi Pujol, se quejó por la falta de seguridad jurídica en algunos países latinoamericanos.
Los expertos del grupo de trabajo de la OEA coincidieron en la necesidad de compatibilizar ordenamientos jurídicos de orígenes distintos.
Los panelistas hicieron notar la tradición jurídica de la organización y su aporte al desarrollo del derecho en la región, al procurar definir las posibles actividades de la OEA en relación con los procesos de integración.
En la reunión participaron delegados de los países miembros de la OEA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y la Comunidad del Caribe (Caricom).
Constataron que la actual situación abre el camino a posibles conflictos entre normas nacionales y las emanadas de los procesos de integración, tomando en cuenta el Acuerdo de Cartagena, el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina y Caricom.
Los expertos alentaron a la OEA a realizar estudios comparados de carácter descriptivo de las disposiciones y la práctica de los sistemas de integración regionales y extrarregionales con el objetivo de detectar asimetrías.
Mientras tanto debería estructurarse un programa dirigido a analizar las cuestiones jurídicas derivadas de la convergencia de los procesos de integración y tratados de libre comercio.
Sobre este aspecto, destacaron en especial el estudio por especialistas de la compatibilización y armonización de las legislaciones internas y de los diversos sistemas integración en su ámbito espacial, teniendo en cuenta la experiencia de otros organismos de integración.
Estos y otras áreas de trabajo, dijeron, requieren un segumiento periódico, tanto de especialistas como de los gobiernos, para proceder a un rápido intercambio de información.
El análisis de la situación será ahora considerada por el Consejo Permanente de la OEA. (FIN/IPS/rr/ag/ip/97
