Grupos ambientalistas de muy diferente signo acaban de conformar en Venezuela una red para enfrentar el acelerado desarrollo petrolero que el Estado comenzó a ejecutar con participación de varias compañías extranjeras.
La Red de Alerta Petrolera asegura que van a ser "enormes" los daños a frágiles ecosistemas y a pueblos indígenas por la proyectada explotación intensiva de hidrocarburos, y en algunos casos demandan que se anulen convenios ya operativos.
Portavoces de la red dijeron a IPS que "los beneficios de las multimillonarias inversiones no llegarán a la mayoría de la población, pero los perniciosos efectos de la apertura a las transnacionales en materia ambiental y social sí lo harán".
También anticiparon que promoverán medidas incluso jurídicas para anular el convenio operativo que en 1993 concedió a la British Petroleum el manejo de un campo marginal en el delta del Orinoco, uno de los humedales más importantes del mundo.
Los portavoces de la red, que hablaron en forma colectiva, precisaron que el ecosistema en el delta es tan frágil que cualquier explotación causará daños irreversibles, y ya comenzó a afectar fuertemente al pueblo warao, habitante mayoritario de un medio natural único en el mundo.
En la red participan reconocidas organizaciones ambientalistas, grupos académicos, culturales, indígenas y feministas, científicos y figuras individuales que actúan en las áreas petrolera, antropológica, legal, agrícola y cultural.
Su acción comenzó a ser reforzada al convertirse en la filial venezolana de Oilwatch International, bajo el nombre de Orinoco Oilwatch, lo que algunos han criticado por suponer una trasnanacionalización que rechazan para la actividad petrolera.
Venezuela se convirtió en un gran polo de atracción, después que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) convocara a las empresas extranjeras a participar en un plan de desarrollo que requiere inversiones por 60.000 millones de dólares en 10 años.
Se trata de la culminación de un proceso de apertura a las empresas que salieron del país cuando la industria de los hidrocarburos fue nacionalizada en 1976 y una vez que PDVSA se ha convertido también en una transnacional, con activa presencia en Estados Unidos y Europa, donde controla diferentes compañías.
El presidente de PDVSA, Luis Giusti, comentó a IPS que el consorcio cumple las normas ambientales nacionales, sostenidas por una rígida ley penal, y las internacionales, para evitar tener problemas en sus mercados, y que esa práctica se ha extremado en los acuerdos con compañías extranjeras.
Añadió que el campo de Pedernales, otorgado a la British Petroleum, fue explotado antes por la filial Lagoven, y que el hábitat del delta del Orinoco fue preservado mediante la construcción de veredas y plataformas especiales de madera.
Giusti se preguntó si la alternativa es la renuncia a la explotación de la riqueza petrolera, y replicó que es posible "un desarrollo en sano equilibrio con el ambiente, gracias a la nueva tecnología, y ese es el reto continuo de PDVSA".
Pero eso es lo que no cree factible la Red Alerta Petrolera, dado lo masivo de la explotacion de hidrocarburos planteada, su extensión a una multiplicidad de nuevas áreas y la participación de una variedad heterogénea de empresas, por su procedencia y sus dimensiones.
Para la red, lo que llaman "nueva era petrolera", que supone aportes de inversores extranjeros por 30.000 millones de dólares en una década, no tiene precedentes por su magnitud en la historia de la explotación de los hidrocarburos a nivel mundial.
La red señala una realidad insoslayable: la explotación petrolera, pese al supuesto avance en el control ambiental de las operaciones, "es inherentemente depredadora del ambiente".
Para la filial de OilWatch, "la nueva 'petrolización' desquiciante" comandada por PDVSA,va a llegar donde no llegó la gran explotación anterior llevada a cabo por las transnacionales, que causó problemas irreversibles en el lago de Maracaibo y para etnias del área, como los wayuu, los bari y los yuckpas.
Recordó que, al producirse la nacionalizacion, no hubo indemnización por la llamada "deuda ecológica". La red se propone solicitar a la Corte Suprema de Justicia que analice la posibilidad de cobrar los pasivos ambientales a las operadoras que salieron en 1976 y regresan ahora.
Sobre la concesión en el delta, al extremo este del país y que conforma el estado de Delta Amacuro, la red anunció que pedirá a la Corte la "inmediata anulación" de la concesión a la British, por su incomptabilidad con la legislación ambiental.
British Petroleum ganó la licitación para operar el campo abandonado de Pedernales, donde produce en la actualidad unos 20.000 barriles diarios de crudo, y espera subir a 100.000 barriles a fines de 1998.
Los miembros de la red indicaron que la salud de los waraos "comenzó a ser perturbada" y que los derrames de petróleo "son inevitables", lo que traerá la muerte de los manglares y en consecuencia, de la biodiversidad única de la zona.
También consideraron como un inconsistente paliativo que British se ofreciera a financiar un proyecto estatal para crear una reserva de fauna para el manatí y el llamado perro de agua (nutria gigante), en un rio situado al norte del delta.
La cuestión de fondo, según los portavoces de la red, es que la intensiva explotacion de los hidrocarburos no ha producido en el país un desarrollo sostenible, y la inédita magnitud del nuevo plan amenaza con generar nuevas dificultades, sin aportar soluciones a los problemas sociales de los venezolanos.
Para los miembros de la red, la pobreza absoluta o relativa de 80 por ciento de la población del país y los tugurios que rodean la capital demuestran que el petróleo representa "el antiparadigma" de la base en que debe apoyarse el desarrollo de Venezuela. (FIN/IPS/eg/ff/en/97
