Una huelga general por tiempo indeterminado que ha paralizado a Swazilandia esta semana es la última de una serie de protestas a favor de la democracia que se suceden en la última monarquía absolutista de Africa.
Los trabajadores, al parecer, se mantendrán en sus trece a menos que el rey Mswati III acceda a sus reclamos de reformar la constitución.
La Federación de Sindicatos de Swazilandia (SFTU), central que cuenta con 83.000 afiliados en este país de alrededor de 900.000 habitantes, mantiene desde este lunes una huelga para exigir que impere la democracia en este diminuto territorio mediterránea de Africa austral, enquistado entre Sudáfrica y Mozambique.
Los cuatro principales dirigentes de la SFTU fueron encarcelados pocas horas antes de que comenzara la protesta.
Swazilandia es el único país del sur de Africa que no permite la actividad de partidos políticos. Una huelga similar a la que se está desarrollando obligó a Mswati III a prometer una apertura política, pero la situación ha cambiado poco desde entonces.
Richard Cornwell, analista político del Instituto Africano de Sudáfrica, está convencido de que el monarca no cederá.
"El no es, exactamente, un hombre moderno, y su monarquía no deja, por su naturaleza absolutista, espacio para una reforma que permita la instalación de una monarquía constitucional", dijo Cornwell a IPS.
El experto cree que Mswati III tiene una alternativa sin matices entre permanecer en el poder o renunciar por completo a permanecer en el trono. Además, agregó, la mayoría de los swazis, que residen en zonas rurales, creen en la legitimidad de la monarquía.
A esta situación se agrega el hecho de que dos grandes fondos de financiamiento al desarrollo del país, Tisuka y Tibiyo, respaldan a la corona, sostuvo Cornwell.
"El rey sostiene a ambos fondos 'en nombre de la nación'. Lo que estaría en juego si algún cambio ocurre es su poder económico", explicó.
Tisuka y Tibiyo contolan casi toda la economía swazi, y manejan, entre otras actividades, cadenas de hoteles, plantaciones de caña de azúcar, aseguradoras, destilerías e instituciones financieras.
La monarquía de Swazilandia convivió, durante los cinco años posteriores a la independencia de Gran Bretaña en 1968, con un parlamento integrado por dirigentes de partidos políticos electos en comicios nacionales y otros legisladores designados directamente por el rey.
Pero el entonces monarca, Sobhuza II, decretó en 1973 la suspensión de la constitución, disolvió la legislatura y prohibió la actividad de los partidos.
El parlamento fue restaurado en 1978, pero sus miembros son electos en comicios sin intervención de los grupos políticos. El rey, por su parte, nombra, sin limitaciones de ningún tipo, a todos los integrantes del gabinete de gobierno.
Pero la violencia política, los incendios intencionales y las huelgas se convirtieron en prácticas recientes a partir de comienzos de la década del 90, mientras políticos y grupos de interés comenzaron a reclamar reformas a las que se oponen los tradicionalistas swazi.
La SFTU realizó en enero de 1996 la huelga general más prolongada de la historia del país, que duró ocho días.
Los organizadores de la protesta rechazaron el decreto real de 1973, que permite la detención de dirigentes sindicales, y reclamaron reformas constitucionales, así como un compromiso del gobierno de no interferir en asambleas de trabajadores.
La huelga costó 2,2 millones de dólares por día a la economía swazi y obligó a Mswati III a instalar un comité encargado de diseñar reformas constitucionales. Pero todos sus miembros fueron designados por el monarca, lo que, por lo menos, pone en duda su imparcialidad.
La huelga de esta semana, al igual que la del año pasado, es respaldada grupos políticos encabezados por el Movimiento Democrático Unido Popular (PUDEMO), el sector que más abiertamente manifiesta su rechazo a la monarquía absolutista.
"La huelga continuará. El pueblo swazi reclama libertad política y el gobierno no ha mostrado buena fe en las negociaciones, sino arrogancia y violencia", declaró el presidente de PUDEMO, Mario Masuku.
El PUDEMU afirma que si el gobierno desea, como dice, evitar el caos, deberá generar un clima favorable a una negociación con las corrientes prodemocráticas y los partidos políticos disueltos.
Pero la actitud de la corona no ha sido conciliatoria. Cuatro dirigentes de la SFTU fueron arrestados este fin de semana, acusados de violar la ley de orden público de 1963, aprobada durante el régimen colonial británico.
Inmediatamente después, el gobierno advirtió en un comunicado difundido por doquier que cualquiera que fuera hallado culpable de sabotaje a servicios esenciales, lo cual incluiría la inasistencia al trabajo, podría ser condenado a cadena perpetua.
Los arrestados son el secretario general de la central sindical, Jan Sithole, el subsecretario general, Jabulani Nxumalo, el presidente, Richard Nxumalo, y el vicepresidente, Themba Mnisi.
El Congreso de Sindicatos de la vecina Sudáfrica (Cosatu) ha mantenido una actitud vigilante ante los acontecimientos en Swazilandia y respalda plenamente a la SFTU.
"No nos place que los líderes de esta organización hermana estén en prisión", dijo el portavoz del Cosatu, Nowetu Mpati.
La central sindical sudafricana llamó a trabajar a desgano en trámites que se relacionen con el ingreso de mercaderías swazi, convocaron a una manifestación frente a la embajada de Swazilandia este jueves y considerará la semana próxima otras demostraciones de solidaridad.
El gobierno de Swazilandia ha tomado estas reacciones con cautela, pues su economía está estrechamente ligada a la de Sudáfrica, por cuyo territorio pasan virtualmente todas sus exportaciones e importaciones.
El canciller de Swazilandia, Arthur Khoza, se reunió este martes con su par de Sudáfrica, Alfred Nzo, para manifestarle su preocupación y acusar al Cosatu de entrometerse en asuntos internos de su país. (FIN/IPS/tra-en/gm/kb/mj/ip lb/97
