Las elecciones provinciales del mes próximo en Sri Lanka serán la primera prueba de la popularidad de la presidenta Chandrika Kumaratunga, y también decidirán el destino de su plan de paz para acabar con la guerra separatista de los Tigres de Tamil.
Los comicios, que se celebrarán el 27 de marzo, habían sido postergadas tres veces por la gobernante Alianza Popular al amparo de normas de emergencia que rigen en esta isla al sur de la península india.
El opositor Partido Nacional Unido (UNP), que gobierna 75 por ciento de las provincias, confía en que mantendrá el control de las administraciones locales, a pesar de un informe que acusa a dos altos dirigentes de ese grupo político, ya fallecidos, del asesinato del esposo de Kumaratunga en 1988.
El informe de la comisión investigadora del gobierno, difundido la semana pasada por la propia presidenta, implicó a Ranasinghe Premadasa, presidente de Sri Lanka asesinado en 1993 por un guerrillero tamil, y Ranjan Wijeratne, viceministro de Defensa, también asesinado en 1991.
El UNP, acusado de violaciones contra los derechos humanos y asesinatos de opositores cuando ocupó el gobierno entre 1977 y 1994, afirma que Kumaratunga está embarcada en una caza de brujas con el fin político de destruir a sus rivales.
Este partido amenazó con retirar el apoyo parlamentario al plan de paz propuesto por la gobernante Alianza Popular.
La iniciativa tiene el objetivo de poner fin a la lucha entre el gobierno y la guerrilla separatista Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), considerada la más eficiente y mejor armada del mundo.
Kumaratunga necesita el respaldo del UNP, que cuenta con 85 escaños de los 255 del parlamento de Sri Lanka, para concretar concesiones a la minoría tamil, que constituye 22 por ciento de los 18 millones de habitantes del país.
El plan está a estudio de un comité legislativo y la votación al respecto se prevé para abril.
La iniciativa debe ser puesta a consideración de la ciudadanía en un referendo, pero una victoria del gobierno en las elecciones provinciales significaría una adhesión implícita al plan de paz y una presión adicional para que el UNP lo vote en el parlamento.
"No haremos ningún comentario con respecto al informe sobre el asesinato de Viyaja Kumaratunga hasta que sepamos todos los detalles, pero me parece que otra vez ha comenzado una guerra de injurias", dijo a IPS el líder del UNP, Ranil Wickremesinghe.
El propio Wickremesinghe es sospechoso de desapariciones forzadas de jóvenes durante las protestas juveniles realizadas a fines de los años 80.
Vijaya Kumaratunga, un popular actor que devino político, fue abatido a tiros por dos motociclistas en su residencia en Colombo el 16 de febrero de 1988, pocos días antes de su segura nominación a la presidencia por parte de la izquierdista Alianza Socialista Unida.
La comisión que analizó el asesinato concluyó que existe "evidencia" de que el fallecido Premadasa tenía "motivos" para ordenar el crimen, pues el dirigente se había convertido en un "formidable rival" electoral del entonces presidente.
El informe de 85 páginas también afirma que existe "evidencia circunstancial" de que Premadasa impidió la investigación.
El difunto viceministro Wijeratne, por su parte, "interfirió ilegal e inadecuadamente en el proceso de investigación", si bien "no hay evidencia de motivo" en su caso, según la comisión.
Premadasa fue asesinado en 1993 con explosivos que cargaba un suicida del LTTE, en el centro de Colombo. Wijeratne había sido asesinado, también por medio de una bomba, en marzo de 1991 en la capital de Sri Lanka.
El LTTE lucha para la constitución de un estado independiente en el norte y este de Sri Lanka, país cuya población pertenece, en su mayoría, a la etnia cingalesa. Más de 50.000 personas murieron en 14 años de guerra, según cifras oficiales.
Chandrika Kumaratunga afirmó este viernes que "el terrorismo de Estado acabó 24 horas después" de que accedió al gobierno en 1994, y estimó que su esposo habría ocupado la presidencia de Sri Lanka si hubiera sobrevivido al atentado, pues contaba con el respaldo de varios partidos.
La comisión "estableció claramente" que su asesinato "fue políticamente motivado" y "acusó definitivamente a dos personas", dijo.
La UNP, en el gobierno en el momento del crimen, acusó entonces al izquierdista Frente de Liberación Popular, que había lanzado una campaña insurgente en el sur del país. (FIN/IPS/tra- en/ms/an/mj/ip/97
