Suena una sirena y poco después, un automóvil de la policía seguido de otros dos vehículos se detiene frente a un edificio acordonado por agentes de seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) munidos de equipos de transmisión.
El hombre flanqueado por dos agentes que sale de uno de los automóviles no es un sospechoso vulgar. Se trata de Jean-Paul Akayesu, que figura a la cabeza de la lista de la ONU de sospechosos de genocidio.
Akayesu está acusado de instigar y organizar el asesinato de más de 2.000 personas cuando se desempeñaba como alcalde de Taba, una comuna de la zona central de Ruanda.
Esa matanza fue perpetrada cuando los extremistas hutus se lanzaron al asesinato en masa de tutsis y de miembros moderados de la mayoritaria comunidad hutu.
Los hechos ocurrieron entre abril y julio de 1994 y costaron la vida a más de 500.000 personas. Akayesu es el primer sospechoso que comparece ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR), instalado por la ONU en la norteña ciudad tanzana de Arusha.
Akayesu se declaró inocente de los crímenes que los fiscales del ICTR le endilgan. El genocidio de Ruanda sólo se detuvo cuando el Frente Patriótico Ruandés, controlado por los tutsis, expulsó del poder a los extremistas hutus.
La corte internacional de Arusha no ha dictado aún ninguna sentencia. Mientras, la justicia se aplica con celeridad en Ruanda, y algunos procesos se desarrollaron en sólo cuatro horas. Los juicios por el genocidio comenzaron en Ruanda el mes último y, desde entonces, 10 acusados fueron condenados a muerte.
Grupos internacionales de derechos humanos criticaron con dureza los juicios en Ruanda, argumentando que el gobierno no garantiza la preceptiva defensa legal del procesado.
Esa censura no se extiende al tribunal de la ONU en Arusha, que proporciona a los acusados un abogado defensor, en el caso en que no puedan pagarlo, y les permite realizar un segundo interrogatorio a los testigos, como Akayesu ha hecho. La prisión perpetua es la máxima pena que el ICTR puede imponer.
Pero el tribunal internacional ha sido criticado por su lentitud. "Abundaron las dilaciones oficiales, pero ahora, (la actividad) se ha acelerado", dijo Beatrice Lacoste, jefe de prensa e información del ICTR.
El juicio a Akayesu fue aplazado varias veces a pedido del acusado, que quería cambiar a sus defensores, pero ahora parece encaminado.
"Entendimos que Akayesu demoraba el proceso sin razón justificada. No es excusa la negativa a aceptar a los abogados designados y el juicio continuará aunque él insista en pedir nuevos defensores", informó Andrónico Adede, secretario general del tribunal.
Los fiscales llamaron a 10 testigos, entre los que figuran un granjero, un doctor en lingüística y un priodista de la British Broadcasting Corporation (BBC).
Una testigo hutu identificada sólo con la letra "C" aseguró que Akayesu la golpeó con dureza y la sujetó con sogas delante de su automóvil, amenazando luego con atropellarla. "Los golpes me causaron fracturas en la espalda y no puedo vestirme por mí misma", afirmó.
Ocho personas aguardan turno para prestar testimonio. Originalmente eran nueve, pero uno de ellos, Emmanuel Rudasingwa, fue asesinado hace dos meses en Ruanda. Lacoste señaló que se han tomado medidas de seguridad para proteger a todos los testigos.
Akayesu apareció más sereno que la mayoría de los testigos, detrás de los tabiques transparentes que separan al público de la sala del tribunal, instalada en el cuarto piso del ala Kilimanjaro del Centro Internacional de Conferencias de Arusha.
La cobertura del juicio no ha sido tarea sencilla para la prensa internacional. La mayoría de los periodistas destacados en la región de los Grandes Lagos de Africa tienen su base en Kenia, y deben viajar en avión a Arusha.
Además, no disponen en la sede del tribunal de impresoras, ni televisión ni radio, y resulta difícil hallar fotógrafos.
"Las necesidades básicas de los medios de comunicación no fueron tomadas en cuenta", observó Nick Kotch, presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Africa oriental.
Lacoste explicó que, "a diferencia del tribunal internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, la corte (de Arusha) no tiene presupuesto para otorgar esas facilidades".
Emmanuel Genzi, un tutsi ruandés refugiado en Nairobi que perdió a varios familiares en el genocidio de 1994, se sintió indignado al saber que la máxima sentencia posible para Akayesu es la prisión perpetua.
"Merece las balas del pelotón de fusilamiento. Rl carnicero de Taba debe ser llevado a Kigali, para someterlo a un verdadero juicio", dijo Genzi. (FIN/IPS/tra-en/pn/kb/ff/hd/97
