El gobierno de Colombia ordenó hoy el acuertelamiento de las Fuerzas Armadas y aplazó el comienzo de las clases en los colegios y universidades, como medidas para enfrentar el paro decretado por los trabajadores estatales para este martes.
El lanzamiento de la huelga, de carácter indefinido y probablemente la más importante de las últimas dos decadas, fue interpretado por algunos analistas como la oficialización del rompimiento de relaciones entre el gobierno y un importante sector sindical.
En la crisis desatada por la denunciada infiltración de dinero del narcotráfico en su campaña electoral, el presidente Ernesto Samper recibió el apoyo de un sector de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al que pertenecía el actual ministro del Trabajo Orlando Obregón.
Pero la CUT, así como las otras dos centrales obreras del país y la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase), ratificaron el paro este domingo tras el rompimiento oficial del diálogo que venían sosteniendo con el Ejecutivo.
Pese a que Obregón afirmó que el gobierno mantiene su disposición de continuar las negociaciones, el portavoz de la presidencia Carlos del Castillo indicó que mantener el nivel de las conversaciones es difícil "porque son evidentes las profundas diferencias entre las partes".
El ministro de Educación, Jaime Niño, señaló que el aplazamiento del inicio de las clases hasta el lunes 17 fue decidido "para prevenir cualquier riesgo que puedan correr los escolares y los docentes en los establecimientos edutativos".
El gobierno dio a conocer "informes de inteligencia" según los cuales existe un plan de la guerrilla para infiltrar la protesta y que comprendería ataques al transporte público, el impulso de marchas campesinas en el sur y el bloqueo de las vías de acceso a Bogotá y a otras capitales.
El ministro de Defensa, Guillermo González, afirmó que el plan insurgente "no se puede desconocer y el decomiso de armas con las que pretendía causar disturbios en ciudades claves es una prueba".
Las Fuerzas Armadas adoptaron un Plan Tricolor para prevenir situaciones de alteración del orden público y controlar puntos críticos que son frecuentes blancos de los insurgentes, como la infraestructura de energía eléctrica y de transporte de hidrocarburos.
Así mismo, se anunció la entrada en vigencia de un seguro especial para los transportadores urbanos e intermunicipales con el fin de garantizar la prestación del servicio y refuerzos de la policía para proteger más de 20.000 establecimientos comerciales de posibles ataques.
No obstante, Luis Garzón, presidente de la CUT, afirmó que se espera que la protesta se cumpla dentro de la mayor normalidad.
El gobierno ha manifestado "que no está en disposición de responder a las demandas de los trabajadores", por lo cual el paro es "inevitable", destacó.
Fenaltrase, que agrupa a 800.000 trabajadores, protesta por el incremento de los sueldos de 13 por ciento (cerca de ocho puntos por debajo del índice de inflación de 1996) que aprobó el gobierno para el sector estatal, así como contra la privatización de las empresas de telecomunicaciones, petróleo y salud.
También rechazan las habituales interpretaciones del Código Penal realizadas por la Fiscalía para acusar de terroristas a activistas sindicales.
El Ministerio de Hacienda ofreció como contrapropuesta 46 millones de dólares en primas para los 80.000 trabajadores estatales de menores ingresos salariales, pero los sindicatos piden como mínimo un incremento de 21,6 por ciento, cifra de la inflación en 1996.
En materia de privatizaciones, el gobierno se comprometió a no vender la Empresa Nacional de Telecominicaciones ni la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y a crear foros y conveciones para discutir la política en la materia.
Los trabajadores afirmaron que ésa es una promesa que el gobierno viene haciendo desde hace varios años, pero que ha incumplido por cuanto "sigue entregando al sector privado actividades de esas empresas".
Para el Ejecutivo, la actitud asumida por los trabajadores, a los que se ha sumado el opositor Partido Conservador, hacen pensar que el paro decretado tiene "carácter político".
El conservador Favio Valencia, llamó a los colombianos a "seguir el ejemplo ecuatoriano", aludiendo a la caída del presidente de ese país, Abdalá Bucaram, como consecuencia de protestas populares.
"Lo que está haciendo el gobierno (con los trabajadores estatales) es una injusticia", y las protestas frente a las injusticias "siempre tendrn el apoyo del PC", señaló.
Según Luis Jaramillo, ex director del gobernante Partido Liberal, la actitud del PC es "completamente opotrtunista". Como carece de "otras formas de expresión, para protestar y hacer proselitismo políico" ese partido "tiene que plegarse a los sindicatos", destacó. (FIN/IPS/yf/dg/ip-lb/97
