El gobierno de Nicaragua lanzará al ejército en persecución de los integrantes de grupos armados que no acepten desmovilizarse antes de fin de mes, anunció el ministro de Defensa, Jaime Cuadra.
Los 500 irregulares emplazados por las autoridades deben entregar sus armas y firmar un protocolo de paz, informó Cuadra.
A cambio de su desarme, serán indultados y englobados en proyectos sociales que contemplan la distribución de tierras en las zonas que en los últimos seis años fueron teatro de operaciones militares, prometió el ministro.
"Ellos tienen total voluntad de cambiar el fusil por el arado", aseguró Cuadra, luego que una delegación gubernamental encabezada por el viceministro de Defensa, José Adán Guerra, sostuviera esta semana un encuentro con jefes de grupos irregulares.
"Más que comprar armas (a los combatientes), el gobierno va a comprar la paz", dijo Cuadra, sin especificar el costo del programa de pacificación.
El ex ministro de Acción Social William Báez calculó en entrevista con IPS que un programa de desarme costaría alrededor de ocho millones de dólares.
Extraoficialmente se estima que permanecen en armas unos 500 hombres, que operan en pequeños grupos en el norte y centro del país, donde la población civil ha sufrido asaltos, secuestros y asesinatos.
Para facilitar la desmovilización y desarme, el gobierno del derechista Arnoldo Alemán estableció tres enclaves de paz en el norte y el centro, donde comenzaron a concentrarse miembros del llamado Frente Norte 3-80, el principal grupo irregular.
El Ministerio de Defensa llevó alimentos, medicamentos y médicos a los enclaves, para atender a la población civil y a los irregulares enfermos o heridos.
No se ha informado de combates en esas zonas, y el ejército se ha retirado a prudente distancia, comentó el viceministro Guerra.
Guerra conversó durante seis horas con jefes del Frente Norte 3- 80, que ofrecieron su desarme y exigieron garantías de respeto de su integridad fìsica.
El gobierno se comprometió a entregarles un salvoconducto y concederles el indulto, una vez concretado el desarme.
"Haremos todo lo posible para conseguir la paz, incluso otorgar (a los irregulares) un indulto", que "será el último", anunció Alemán.
"Con tal de alcanzar la paz, no importa cuántos indultos se tengan que otorgar", dijo por su parte el jefe del ejército, general Joaquín Cuadra. La paz "tiene también algún costo de impunidad", señaló el militar.
El gobierno de Violeta Chamorro, que en enero cedió el poder a Alemán, indultó en varias ocasiones el indulto a desertores del ejército y a integrantes de la llamada "contra" antisandinista que habían conservado las armas luego del fin de la guerra civil.
En retribución por su desarme, esos ex combatientes recibieron 373 fincas que ocupan unas 330.000 hectáreas, según datos del Instituto de Reforma Agraria. Casi 7.000 hombres y más de 1.000 mujeres se acogieron a esos programas.
El gobierno cuenta ahora con 22.000 hectáreas pertenecientes al Banco Nacional de Desarrollo para distribuir entre los irregulares todavía en armas que acepten sus condiciones de paz, que también serán beneficiados con proyectos de agua potable, vivienda, de salud, y educación.
"Mientras esa gente (los irregulares) no consigan trabajo, y continúen viviendo en la pobreza", persistirá la amenaza de "acciones violentas", observó el general Cuadra.
"Si no acatan el llamado del gobierno al desarme, pasaremos a una ofensiva militar", advirtió el jefe del ejército. (FIN/IPS/rf/ff/ip/97
