El gobierno de Nepal anunció su disposición a negociar con insurgentes maoístas inspirados por el movimiento peruano Sendero Luminoso, pero parece confiar todavía en la solución policial de la revuelta.
Las organizaciones izquierdistas que a principios del último año lanzaron "la guerra popular" en las montañas del oeste del país se dedican a matar y deben ser enfrentadas con dureza, afirma el gobierno.
Las fuerzas de seguridad fueron aumentadas en la zona de conflicto, y la policía comenzó operaciones de búsqueda y asedio de los insurgentes.
Pero la rebelión, apoyada por dos grupos políticos simpatizantes de Sendero Luminoso y miembros de una alianza mundial de partidos maoístas, se propagó a otras regiones de este reino del Himalaya.
Un choque entre 300 maoístas armados y la policía en Sindhuli, una pequeña localidad situada al este de Katmandú, sumó este mes cinco muertos a las víctimas del conflicto, que ya serían 80, según grupos de derechos humanos, o 40, de acuerdo con la versión oficial.
Los comentaristas políticos creen que la continuada violencia en remotos distritos rurales evidencia la incapacidad del gobierno para enfrentar las causas profundas de la rebelión maoísta.
Nepal presenta alto desempleo y es uno de los países más pobres del mundo. Setenta y uno por ciento de la población sobrevive en la pobreza, según el Banco Mundial.
A falta de toda oportunidad real en las aldeas, los empobrecidos campesinos son fácilmente reclutados por la incendiaria ideología de Baburam Bhattarai, líder del Partido Comunista Maoísta de Nepal (PCMN), que ha reivindicado varias operaciones de la guerrilla.
El PCMN reniega públicamente de la democracia pluralista que Nepal logró en 1990, y pretende acabar con la monarquía constitucional y crear un estado republicano. Pero su propósito inicial consiste en eliminar la influencia del feudalismo y del imperialismo, según ha explicado Bhattarai.
Las agencias occidentales de ayuda, e incluso las organizaciones no gubernamentales, son blanco de los guerrilleros, que las acusan de servir los intereses de pequeños grupos de poder que han ampliado la brecha entre ricos y pobres.
El gobierno consideró durante seis meses la campaña maoísta como un asunto exclusivamente de orden público. Pero en septiembre, el ministro del Interior, Khum Bahadur Khadka, admitió ante el parlamento que la revuelta armada representa "un problema político".
Khadka también anunció que las autoridades están dispuestas a dialogar con los partidos maoístas.
Poco después, el primer ministro Deuba confió al ministro sin cartera Sharad Singh Bhandari la preparación de un programa de desarrollo para los distritos pobres en que operan los guerrilleros. Pero poco o nada ha ocurrido desde entonces.
"Debemos analizar las razones de la rebelión antes de completar el plan de desarrollo, e identificar las medidas necesarias para esas áreas", dijo Bhandari.
Cuatro décadas de políticas de desarollo no bastaron para resolver las necesidades básicas de gran parte de la población de Nepal, y las diferencias entre las regiones son amplias. La expectativa de vida en Katmandú es de 71 años, pero en los distritos alejados de la capital cae a menos de la mitad.
Los revolucionarios maoístas ganaron influencia en las áreas rurales pobres, donde la población no tiene casi otra alternativa que sumarse al movimiento armado.
Ninguno de los principales partidos políticos observa con simpatía "la guerra popular" de los maoístas, aún cuando Nepal tiene una larga historia de lucha violenta contra el feudalismo.
El gobernante Partido del Congreso de Nepal y el principal grupo de oposición, el Partido Comunista Unido de Nepal, abandonaron la lucha armada sólo con la instauración de la democracia pluralista, hace siete años.
El gobierno designó a dos legisladores, Jay Prakash Gupta, del Partido el Congreso, y Padma Ratna Tuladhar, de la oposición comunista, para iniciar conversaciones con el PCMN y su aliado, el frente SJM.
Gupta declaró que se estaría "cerca" de concretar el diálogo, aunque puntualizó que, pese a sus promesas iniciales, los dos bandos no manifiestan interés claro en dialogar.
Por su parte, Tuladhar responsabilizó al gobierno del estancamiento de la gestión. "El gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros ni una sola vez" y, dada esa actitud, "los maoístas se mantienen distantes".
"El gobierno cree que la represión puede acabar a largo plazo con el movimiento" insurgente, y "los maoístas suponen que están en condiciones de mantener su acción violenta", señaló Tuladhar.
"Pero las dos partes deben comprender que los verdaderos problemas (del país) no serán solucionado sin un diálogo genuino", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/sp/an/ff/ip/97
