El gobierno de Italia aprobó hoy un proyecto que reconoce nuevos derechos a los inmigrantes, en particular el voto en las elecciones municipales, y acentúa las medidas de represión contra los indocumentados.
La iniciativa será sometida a consideración del Parlamento y sustituiría la ley vigente, que data de 1989.
El proyecto, que consta de 46 artículos, establece que cada año el Estado fijará cuotas de ingreso de inmigrantes, favoreciendo a los nacionales se países que repriman la emigración clandestina, según señaló el ministro del Interior Giorgio Napolitano.
Un estudio realizado por un organismo estatal publicado este viernes señala que Italia requiere anualmente al menos 50.000 emigrantes del Tercer Mundo, con un techo máximo de 150.000.
Esos inmigrantes, calculados en 1.200.000 (de los cuales sólo 500.000 debidamente documentados) realizan trabajos que los italianos se niegan a realizar, destaca el informe.
Los extranjeros con seis años de residencia legal y que no hayan cometido delitos recibirán una "carta de residencia" de duración indeterminada, que permitirá entre otras cosas el derecho a voto en las elecciones municipales y un nivel de asistencia sanitaria similar al de los italianos.
El documento será válido para el cónyuge y los hijos menores.
La ministra de Asuntos Sociales, Livia Turco, destacó que el proyecto es el más avanzado de Europa en materia de inmigración.
El jefe del gobierno, Romano Prodi, dijo por su parte que se trata de un proyecto que el país requería desde hacía mucho tiempo.
Los extranjeros que deseen apelar una medida de expulsión del territorio podrán acceder a Centros de Custodia y Asistencia.
La decisión sobre el recurso de apelación deberá efectuarse en un máximo de un mes.
Maurizio Gasparri, coordinador de la ultraderechista Alianza Nacional (AN) se declaró contrario a que el derecho a voto sea otorgado a los "extracomunitarios", nombre con el que se designa a los extranjeros provenientes de países ajenos a la Unión Europea, en especial de países del Tercer Mundo.
Gasparri destacó, por el contrario, como un hecho positivo que las medidas de expulsión de los inmigrantes clandestinos serán "más rápidas y eficaces".
Pidió además "garantías sobre las definiciones de las cuotas" porque "a Italia puede entrar un número limitado de extracomunitarios, visto el número elevadísimo de desocupados".
La desocupación alcanza a 12,3 por ciento de la población activa. (FIN/IPS/jp/dg/ip-pr/97)
