El crecimiento económico alcanzado por Chile en los últimos años, que transformó al país en un "tigre" latinoamericano, se ha hecho sin tomar en cuenta la preservación ambiental.
Así lo piensan organizaciones no gubernamentales y dirigentes sociales interrogados para una consulta nacional realizada en Santiago.
La consulta fue llevada a cabo con miras a un encuentro que se efectuará en marzo en Río de Janeiro para evaluar el cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre de la Tierra de 1992.
"Los sectores de toma de decisiones, tanto en lo privado como en lo público, ven la cuestión ambiental como un impedimiento para el crecimiento económico", dijo a IPS la coordinadora de la consulta, Sara Larraín, dirigente de la Red acional de Acción Ecológica.
El gobierno chileno está "obsesionado en un aumento de los indicadores del crecimiento y la inserción del país en los mercados externos", descuidando el cumplimiento de los acuerdos de 1992, estimó.
La producción orientada a las exportaciones, con ventajas comparativas que se basan en precios menores, hace que los sectores de minería, pesca, maderero y otros, provoquen grandes problemas ambientales en diversos lugares del país, explicó.
Crisis ambientales por contaminación atmósferica y del agua en Santiago, Talcahuano (sur), Paipote (norte) y la pérdida de gran parte del bosque nativo, también en el sur del país, son algunos de los casos más destacados.
Juan Carlos Cárdenas, representante en Chile de la organización internacional Greenpeace, señaló que 85 por ciento de las exportaciones nacionales se basan en la extracción de recursos naturales "cuyas existencias presentan a la fecha crecientes niveles de deterioro, asi como de sus ecosistemas".
Ni la sustentabilidad ambiental ni la equidad social están presentes en el crecimiento económico chileno, lo que puede afectar "profundamente la gobernabilidad y la imagen futura del país como modelo para la región", sostuvo Cárdenas, coordinador de la campaña oceánica de Greenpeace.
Larraín comunicó que en la reunión realizada el lunes "hubo consenso en todos los sectores participantes, incluso del gobierno, en señalar que Chile no ha avanzado en la implementación de los acuerdos de Río que buscaban redirigir el desarrollo de los países para la sustentabilidad ambiental".
En la consulta participaron representantes empresariales, laborales, indígenas, profesionales, mujeres, del gobierno y de las entidades ecológicas del país.
"La empresa (privada) cumple por imagen corporativa, porque existe la norma, o simplemente porque sus dirigentes tienen familia", comentó Aníbal Mege, representante empresarial.
La Agenda 21, uno de los convenios firmados en 1992 en Río de Janeiro, no ha tenido una verdadera influencia en las empresas, objetó.
Mege, gerente del Departamento de Medio Ambiente de la Sociedad de Fomento Fabril, principal entidad industrial local, participó en el análisis sobre el cumplimiento en Chile de la Agenda 21, acuerdo firmado por 162 gobiernos que consta de 40 capítulos y 115 áreas para la acción.
"Aunque falta mucho por hacer, indudablemente hemos mejorado" en la cuestión ambiental y un ejemplo de ello es la reducción de la contaminación provocada por las industrias en Santiago, consideró.
La mala evaluación ambiental de Chile, cinco años después de la Cumbre de Río, tuvo como puntos específicos, por ejemplo, la cuestión indigenista, el área sindical y el bosque nativo.
Raúl Rupailaf, director del Consejo Nacional Indianista, fue uno de los que se manifestó en contra de la política del gobierno, que a su juicio se expresa en presiones contra las comunidades indígenas chilenas.
A pesar de que en Chile se promulgó recientemente una ley indígena, la implementación de megaproyectos productivos como parte de la política económica ha significado "un retroceso" en los acuerdos de Río con respecto a las comunidades indígenas, sostuvo a su vez Larraín.
Comunidades mapuches fueron expulsadas de sus tierras en el sur del país por empresas privadas pero con la anuencia del gobierno, con el fin de construir grandes centrales hidroeléctricas.
Además de un análisis exhaustivo del cumplimiento de la Agenda 21 en Chile, en la consulta nacional se analizaron las convenciones de Cambio climático, Biodiversidad, y Desertificación y Protocolo de bosques.
El resultado de esos análisis se hará llegar en un documento a la reunión de evaluación de los acuerdos de la Cumbre ("Río más cinco") que se realizará en marzo en la ciudad brasileña que fuera sede de la conferencia de 1992. (FIN/IPS/gcm/dg/en/97
