La coalición independentista vasca Herri Batasuna (HB), que apoya políticamente al grupo armado ETA, rechazó hoy una citación a 25 de sus miembros hecha por el Tribunal Supremo de Justicia de España, al que niega competencia para juzgar a los vascos.
HB rechaza la competencia del Supremo por considerarlo un tribunal "extranjero", es decir, español. Sin embargo, en juicios abiertos ante las mismas instancias, con sede en Madrid, por crímenes atribuidos a fuerzas parapoliciales, miembros de esa coalición se presentan como parte y utilizan todos los recursos legales.
Los 25 miembros de la dirección de HB fueron convocados a declarar a partir de este lunes, de forma escalonada, en un sumario iniciado en marzo de 1996 para investigar un posible delito de apología del terrorismo y colaboración con banda armada.
La investigación se refiere a la exhibición en actos electorales de HB de un vídeo de propaganda de ETA.
Los dos primeros citados, Floren Aoiz y Adolfo Araitz, convocaron a una rueda de prensa en la localidad navarra de Alzazua a la misma hora en que debían comparecer ante el Tribunal Supremo en Madrid.
Mientras, integrantes de la mesa nacional de dirección de HB desplegaron una gran pancarta en Lovaina, Bélgica, frente a la sede de su universidad en la que el rey Juan Carlos de España fue investido este lunes doctor honoris causa.
Aoiz, uno de los dos portavoces de HB, advirtió que los miembros de la coalición no responderán voluntariamente a citaciones como la del Supremo. "Nos llevarán por la fuerza, puesto que ellos tienen la fuerza bruta y pueden recurrir a la violencia", declaró.
La citación realizada por José Manuel Martínez Pereda, magistrado del Tribunal Supremo, coincidió con una presión creciente de los medios de comunicación y de los partidos políticos mayoritarios para que la justicia intervenga a efectos de quitar apoyo a ETA.
Si los convocados no comparecen, el auto de citación se convertirá en auto de detención, advirtió Martínez Pereda.
Igual suerte correrán, según los antecedentes, y en caso de desobedecer la citación del Supremo, los otros 23 independentistas que deben presentarse de forma escalonada hasta el 17 de febrero.
El representante legal de HB, Jon Idígoras, fue detenido en febrero de 1996 y llevado ante el juez Baltasar Garzón después de negarse a hacerlo voluntariamente. Idígoras permaneció detenido tres meses y aunque sigue procesado, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 40.000 dólares.
El desafío del independentismo vasco a la justicia española se une -en esta ocasión- al debate creado en la sociedad respecto de si constituye delito político el apoyo que HB presta a ETA, una organización responsable de atentados y secuestros.
Uno de los vídeos que HB reprodujo en mayo de 1996, en los espacios gratuitos que, por ley, los canales públicos de televisión deben ceder a los partidos en campaña electoral, muestra a tres "etarras" encapuchados frente a una mesa en la que exhiben sus armas y con un cartel con el emblema de ETA a sus espaldas.
Los enmascadaros expusieron en esa grabación la posición de ETA sobre el conflicto vasco y sus exigencias para llegar a un alto al fuego.
Entre otras reivindicaciones, reclamaron el reconocimiento del derecho de autodeterminación y de unificación territorial del País Vasco. Por unificación entienden la unidad de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, las tres provincias vascas españolas, con Navarra y tres provincias vascas de Francia.
Navarra, la mitad de cuya población es de origen vasco, se pronunció por constituirse en comunidad autónoma independiente y no formar parte del País Vasco en un referéndum celebrado 15 años atrás. En esa consulta popular participaron los independentistas.
HB aumentó en los últimos meses su postura desafiante, concentrándose en forma intimidatoria frente a la residencia de corresponsales en la región de medios de comunicación.
A principios de este mes, auguró a España "momentos de gran sufrimiento" si el gobierno no negocia con ETA y, horas después de lanzado ese vaticinio, ETA mató al teniente coronel Jesús Cuesta Abril.
La semana última, la coalición también amenazó a seis jueces y fiscales vascos.
No obstante, el mundo político aparece dividido a la hora de pronunciarse sobre la decisión del Tribunal Supremo. El gobernante Partido Popular (PP) y la principal fuerza de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aplauden tal medida, por entender que resta apoyo a ETA.
Ambos partidos entienden que así se comienza a enfrentar judicialmente las acciones de intimidación de HB y de los "jóvenes cachorros de ETA", los miembros de Jarrai, una organización juvenil próxima la organización armada que se manifiestan en las calles vascas y destrozan mobiliario público, cabinas telefónicas, vidrieras comerciales y vehículos.
Pero Javier Madrazo, coordinador de la coalición Izquierda Unida (IU) en el País Vasco, criticó la citación a los dirigentes de HB, por entender que servirá de pretexto a ese grupo para movilizaciones y desórdenes.
La detención escalonada de dirigentes políticos que apoyan a ETA sin empuñar pistolas ni colocar bombas provocará manifestaciones callejeras y otros actos violentos en el País Vasco, como ya ocurrió en el caso de Idígoras, vaticinó Madrazo.
Los partidos nacionalistas vascos moderados coinciden con IU. Creen que el proceso judicial abierto con las citaciones será contraproducente y sólo servirá para dar argumentos a la izquierda nacionalista que apoya a ETA.
Respecto de las múltiples irrupciones de HB en el escenario político español, con declaraciones que se ubican al límite de la legalidad, también se han pronunciado catedráticos de Derecho Penal, quienes polemizan pero coinciden en que el discurso, por más violento que sea, no constituye delito.
Esos catedráticos señalan que una cosa es hablar y otra hacer, por lo que, de acuerdo con la legislación vigente, ningún juez podría condenar a los políticos que coinciden con la línea de ETA pero no empuñan las armas. (FIN/IPS/af/ff/ip/97
