Esta semana Estados Unidos decidirá si prohibirá a empresas multinacionales que violan disposiciones sobre seguridad y salud laboral la firma de contratos con el gobierno federal.
En la planta de procesamiento de Rhone Poulenc cerca de esta ciudad, nubes de vapor salen de las torres de enfriamiento.
Hoy son inofensivas. Hace cuatro años, en un accidente, humo ácido tóxico se escapó de la misma fábrica, pasó sobre una autopista y llegó a la localidad industrial de Martínez, a casi cinco kilómetros de San Francisco.
Cientos de compañías multinacionales podrían enfrentar ahora la cancelación de sus contratos federales en Estados Unidos como consecuencia de ese accidente.
En junio de 1992, dos trabajadores de mantenimiento reparaban una válvula con pérdidas cuando, sin advertencias, se virtió ácido. Uno murió y el otro sufrió serias heridas.
La agencia federal responsable por garantizar leyes de seguridad laboral citó a la empresa multinacional de propiedad francesa Rhone Poulenc por violar leyes de seguridad ocupacionales.
Finalmente Rhone Poulenc pagó una multa de 127.000 dólares por no cumplimiento con las reglas de Seguridad Ocupacional y Administración de Salud (OSHA). Ahora, un comité federal considera un plan para evitar que empresas como Rhone Poulenc reciban contratos federales.
Quienes respaldan el cambio afirman que la amenazada pérdida de contratos podría forzar a las corporaciones a pagar por serias violaciones a la salud y la seguridad, ayudando a evitar cientos de daños y muertes en Estados Unidos cada año.
El año pasado, el senador demócrata Ted Kennedy y el entonces senador Paul Simon solicitaron a la Oficina de Presupuesto del Gobierno (GAO), brazo de investigación del Congreso de Estados Unidos, que evaluara el problema.
La GAO informó que 261 empresas con contratos federales en el año fiscal 1994 enfrentaron serias multas por violar disposiciones de seguridad y sanidad ocupacional.
Estas empresas transgresoras recibieron 38.000 millones de dólares en contratos federales. La lista incluye a Boise Cascade Corp., Ford Motor Co., y muchas otras conocidas abastecedoras del gobierno.
Robert Meunier, presidente del Comité Coordinador de Suspensiones en Washington, dijo que su grupo fijó una discusión sobre el informe de GAO para su reunión de esta semana. El comité está integrado por representantes de 38 agencias del poder ejecutivo.
Las leyes actuales prohiben a los acusados de violar disposiciones de respeto del aire y el agua obtener contratos federales, pero estas reglas no se aplican a violadores de normas de seguridad y salubridad.
Las agencias del gobierno tienen el poder inherente de prohibir a cualquier empresa en "protección del interés público", según Meunier, quien no obstante subraya que las suspensiones no deben servir como penalidad adicional por otras ofensas.
En Martínez, California, nubes de humo continúan flotando sobre la fábrica de Rhone Poulenc. Una pregunta también flota sobre la planta.
¿Debe prohibirse a los violadores de las reglas OSHA, incluso los que han mejorado, que firmen contratos con el gobierno federal? La decisión aguarda el resultado de las conversaciones de esta semana en Washington. (FIN/IPS/tra-en/re/yjc/lp/en-he-ip/97
