La falta de diálogo, la posición incierta de las Fuerzas Armadas, los vacíos constituciones y la efervescencia popular son elementos que hacen entrar en un angustioso compás de espera a la crisis institucional de Ecuador.
Cada uno de las tres partes que disputa la presidencia asegura tener a la ley de su lado y el respaldo de las Fuerzas Armadas, algo que no es del todo falso, pues en la Constitución ecuatoriana tiene profundos vacíos que pueden derivar en un sinnúmero de interpretaciones.
Por otra parte el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha reiterado su posición neutral en el conflicto y ha exhortado al diálogo.
Este sábado el general retirado Víctor Bayas presentó su renuncia al cargo de ministro de Defensa del gobierno de Abdalá Bucaram, quien fue destituido por el Congreso el jueves.
La renuncia de Bayas fue interpretada por los analistas como un "cerrar filas" por parte de las Fuerzas Armadas, que han optado por mantenerse ajenas del conflicto.
El respaldo militar a hacia una de las tres partes presionaría a las otras a dialogar e incluso a renunciar, pero no sería determinante ya que las Fuerzas Armadas "no pueden interpretar ni decidir sobre el texto constitucional ni sobre lo actuado por el Congreso", señaló el historiador Jorge Salvador Lara.
En la noche de este viernes, Quito fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dejaron como resultado un muyerto (el primero desde que estalló la crisis) y decenas de heridos e intoxicados por los gases lacrimógenos.
Fabián Alarcón, nombrado presidente sustituto por el parlamento unicameral, encabezó las protestas en la capital, donde unas 10.000 personas se congregaron en la popular Plaza de San Francisco, en el centro de la ciudad, a un par de kilómetros del palacio de gobierno.
Bucaram se mantuvo hasta altas horas de la noche en la sede del gobierno, bajo la amenaza de que el inmueble sería tomado por los manifestantes, entre los que se encontraban ex presidentes, líderes pol¡ticos y alcaldes.
Posteriormente partió hacia la costa de Guayaquil, su ciudad natal, desde donde ejercerá las funciones de gobierno, según informó.
"Me aferraré a la presidencia con la Constitución en la mano", manifestó Bucaram al llegar al puerto principal de Ecuador, e instó a Alarcón a presentarse en Guayaquil para que "se gradúe como hombre"
"Soy el presidente constitucional de la República y nadie puede contradecir al parlamento ecuatoriano que es el depositario de la voluntad popular", contestó Alarcón.
"Nadie quiere ver a dos malos boxeadores en un cuadrilátero, quiere ver a buenos estadistas que conduzcan a la nación", agregó.
Por su parte, la vicepresidenta Rosalía Arteaga, quien se autoproclamó sucesora de Bucaram, exhortó a los otros dos "presidentes" a mantener un diálogo para resolver la crisis institucional.
Este fin de semana el Congreso realizará una sesión extraordinaria, convocada por Alarcón, en la que se nombrará a los nuevos ministros de Estado y al Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), que también fue disuelto por los diputados.
El TGC es la última instancia de interpretación constitucional y su papel será emitir un fallo sobre la situación. Sin embargo, la nueva conformación del Tribunal seguramente será rechazada por Bucaram y Arteaga.
Bucaram inició su carrera pol¡tica en 1979 como intendente de la policía de la provincia de Guayas y en 1984 fue electo alcalde de Guayaquil.
Tras dos intentos fallidos, llegó a la presidencia el 10 de agosto de 1996, con un respaldo de 54 por ciento del electorado a su discurso de corte populista.
Ya como presidente, grabó un disco con canciones del grupo uruguayo "Los iracundos", ofreció conciertos, apostó su bigote para los niños pobres, lanzó al mercado una leche a precios populares con su nombre y su imagen en la funda plástica y ganó las elecciones a la presidencia del club de fútbol Barcelona.
Asimismo, nombró a sus parientes y mejores amigos ministros de Estado y fue acusado penalmente por corrupción e injurias.
Sin embargo, fue con el anuncio de su programa económico que concitó el descontento popular.
El plan de ajuste, que entró en vigencia en enero, supuso alzas en las tarifas de electricidad, transporte, teléfonos, el gas de uso doméstico y otros combustibles.
Esta semana estallaron marchas de protesta en todo el país, que concluyeron con una huelga nacional de 48 horas este miércoles y jueves.
El Congreso acogió las peticiones de cientos de organizaciones sociales, que exigían la destitución del presidente.
Según datos recientes de los institutos de opinión más importantes del país, 82 por ciento de la población respalda la decisión del parlamento. (FIN/IPS/mg/dg/ip/97
