Mientras aumentan las posibilidades de que el parlamento declare vacante la presidencia de Ecuador, la pregunta que subsiste tanto en los círculos sociales como políticos del país es ¿quién podrá sustituir al jefe de Estado Abdalá Bucaram?
La huelga nacional realizada este miércoles por distintas organizaciones sociales contra Bucaram, llevó al presidente del parlamento, Fabián Alarcón, a convocar a un período extraordinario de sesiones para analizar los pedidos de destitución del primer mandatario.
Esta causal, propuesta por tres ex presidentes de Ecuador, está contemplada en la Constitución y es una de las tres que ameritarían la destitución del primer mandatario, además de traición a la patria y manejo ilícito de fondos públicos.
"Tenemos el apoyo necesario para destituir al presidente", dijo este miércoles Heinz Meller, jefe de la bancada del derechista Partido Social Cristiano (PSC), la primera fuerza parlamentaria.
La destitución del jefe de Estado se daría con la coalición de las distintas fuerzas opositoras del parlamento, que deberían sumar las dos terceras partes del plenario, conformado por 82 diputados.
Sin embargo, un aparente error de la pasada legislatura dejó un vacío constitucional en lo referente a la sustitución del primer mandatario en caso de su ausencia parcial o total.
"Siendo la sucesión presidencial el mayor problema por resolver en caso de que se opte por la destitución de Bucaram", dijo a IPS Alberto Wray, ministro de la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de que tradicionalmente se considera que el sustituto natural sería el vicepresidente, en este caso Rosalía Arteaga, las lagunas en la ley dejarían al parlamento la decisión de designar a un presidente interino, hasta convocar a nuevas elecciones.
"El problema de gobernabilidad se agravaría aún más que manteniendo a Bucaram como jefe de Estado", pues "sería imposible lograr un consenso entre las diferentes fuerzas partidistas", consideró Mario Ruiz, presidente de la Comisión Ecuménica de Ecuador.
Este miércoles Bucaram decretó ley de movilización nacional por tiempo indeterminado, que comprende la intervención de las Fuerzas Armadas para asegurar el orden.
Asimismo, dispuso la presencia de efectivos militares en la periferia del Congreso nacional y, según Alarcón, "amenazó con enviar tanques antimotines a la sede del parlamento para evitar un posible fallo en su contra".
El ministro de Defensa, Manuel Bayas, consideró que la participación del ejército se daría en apego a los derechos de la ciudadanía. "Actuaremos enérgicamente si las acciones populares derivan en desmanes", advirtió.
Según diversos analistas, la posición de las Fuerzas Armadas es incierta, ya que por un lado manifiesta solidaridad al presidente y por otro tiene profundos desacuerdos con el primer mandatario, derivados de su reciente visita a Perú, donde Bucaram exhortó a que ambas naciones se perdonen mutuamente.
Ecuador y Perú sostienen un diferendo limítrofe que los ha llevado a enfrentar tres guerras en este siglo, la más reciente en 1995.
"¿A quién tenemos que perdonar y por qué tenemos que pedir perdón? Parece que a Bucaram se le olvidó la historia de nuestro país", habría dicho José Gallardo, general retirado, que mantiene gran influencia dentro de la cúpula militar.
Bucaram asumió la presidencia hace seis meses con una aceptación popular de 72 por ciento a nivel nacional y logró mantener esos niveles hasta diciembre.
Sin embargo, el discurso populista del presidente contrastó con su programa económico lanzado en los primeros días de enero, que desató una ola de marchas de protesta de diversos sectores de la población.
El paquete económico contempla la eliminación de las subvenciones al gas de uso doméstico y al transporte público, así como la elevación de las tarifas de luz, teléfonos e impuestos por uso de suelo.
Según las autoridades monetarias, las medidas son necesarias para subsanar un déficit fiscal superior a dos por ciento del producto interno bruto.
Las manifestaciones de rechazo culminaron en la gran huelga de este miércoles y jueves, organizada por un Frente Patriótico integrado por organizaciones laborales, de mujeres, indígenas, estudiantiles, empresariales, comerciales y otras importantes agrupaciones no partidistas.
Según los tres institutos de opinión más importantes del país, 75 por ciento de la población se pronuncia por la destitución o renuncia voluntaria de Bucaram. (FIN/IPS/mg/dg/ip/97
