Con una población 420.000 consumidores diarios, la mayor del mundo, y una creciente red de distribución de toda clase de drogas, Estados Unidos se autoproclama juez y se apresta a sentenciar por onceava año consecutivo a los países con problemas de narcotráfico.
El proceso, en el que poco cuenta la voz de los acusados, tiene ahora como sus principales protagonistas en América Latina a Colombia, el primer productor de cocaína, y a México, por cuyo territorio pasa 90 por ciento de las drogas destinadas a Estados Unidos.
Según los pronósticos, por segundo año consecutivo Colombia no recibirá la polémica certificación de Washington, mientras que México, siempre evaluado positivamente por su socio y vecino, se enfrenta al peligro de no recibir el aval o de recibirlo bajo el postulado de "interés nacional vital" de Estados Unidos.
Mientras se acerca el momento en que emita la sentencia -entre el jueves y el sábado- los países en el banquillo levantan la voz contra el juez, gastan millones de dólares en convencerlo de su inocencia y endurecen sus leyes contra los carteles de la droga. Sin embargo, poco pueden hacer para modificar el proceso.
El juez, que gasta cada año 31.000 millones de dólares en cocaína, 9.000 millones en marihuana y cerca de 8.000 millones en heroína, basa su proceso en la Ley de Asistencia al Exterior dictada en 1986.
Para la certificación, el presidente de Estados Unidos determina junto a su equipo si los países evaluados colaboraron con su gobierno y adoptaron medidas para cumplir con los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
Si la evaluación es negativa se procede a la descertificación, decisión que años atrás estuvo limitada a países con los que Washington tenía relaciones distantes o inexistentes, como Irán, Afganistan, Laos y Siria.
La sentencia de culpabilidad suspende automáticamente la venta de armas, niega la asistencia de alimentos y anula el financiamiento del Eximbank
Además, los representantes de Estados Unidos vetarán cualquier solicitud hecha por esos países a los órganismos multilaterales de crédito, incluidos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, y podría aplicar algún tipo de sancion comercial.
La certificación es un "arrogante proceso (…) que perpetúa el mito de que la oferta, más que la demanda, es la esencia del alarmante consumo que enfrenta el pueblo de Estados Unidos, falacia inaceptable en nuestros días", opinó Jorge Montaño, ex embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas.
Informes de las agencias antidrogas de Estados Unidos afirman que el número de consumidores de estupefacientes bajó en ese país de 23,3 millones en 1982 a 12,5 millones en 1991, tendencia descendente que ahora estaría cambiando.
Los últimos informes indican que el uso de marihuana, cuya producción es básicamente estadounidense, asi como el de alucinógenos, van por primera vez en ascenso en las escuelas secundarias. También aumenta el uso de drogas baratas, como aerosoles y solventes, que causan daños irreversibles al cerebro.
El gobierno de Colombia, acusado de no hacer suficientes esfuerzos contra los carteles de la droga, y el de México, donde se acaba de detener al máximo responsable antidrogas por sus vínculos con narcotraficantes, consideran a la certificación un proceso unilateral y contrario al espíritu de cooperación.
El ministro de Interior de Colombia, Horacio Serpa, sostiene que la evaluación de Estados Unidos responde a "una actitud imperial", mientras para el canciller de México, José Gurría, dice que se trata de una acto que "fractura las relaciones".
Aunque los dos países le niegan validez, reconocen que una certificación negativa influye en la imagen internacional de sus gobiernos y podría comprometer la llegada de capitales extranjeros.
En el proceso de certificación interviene, además del gobierno estadounidense, el Congreso, al que el presidente notifica de su decisión y puede anular o modificar las decisiones presidenciales dentro de los 30 días siguientes a recibir la lista de países, que debe ser antes del 1 de marzo.
"Estados Unidos no tiene cara como certificar a nadie, porque es el país que tiene el mayor número de consumidores en el mundo", señaló Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En tanto, John Sweeney, investigador de la fundación Heritage de Estados Unidos, aseguró que "el proceso de certificación es absolutamente hipócrita y carente de sustento moral porque se ha politizado. Ya no sirve, es pan y circo político", (FIN/IPS/dc/ag/ip/97
