La Comisión para la Defensa de los Derehos Humanos en Centroamérica (Codehuca) pidió al gobierno de Costa Rica acatar las medidas cautelares impuestas para proteger a varios ecologistas "amenazados", dijo hoy el director de la entidad, Daniel Camacho.
Las medidas cauterales fueron ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de Costa Rica en noviembre de 1995 para proteger a varios líderes ambientalistas costarricenses.
Codehuca presentó el caso ante la CIDH por las "muertes no esclarecidas" de cuatro ambientalistas entre 1994 y 1995 y las subsiguientes "amenazas" a funcionarios de la Asociación Ecologista Costarricense (Aeco).
El presidente de Aeco, Alvaro León, declaró que el gobierno costarricense se había comprometido a adoptar medidas de protección, como permitir a los activistas la portación de armas de bajo calibre para su defensa.
Sin embargo, Camacho manifestó que en diciembre el Ejecutivo solicitó a la CIDH levantar las medidas cautelares por considerarlas "militaristas, innecesarias e infundadas".
Los representantes de Aeco consideran que estas medidas se fundamentan en el riesgo que para la vida de sus miembros implica el trabajo que realizan, en el que se "enfrentan a poderosos grupos económicos y políticos".
El 7 de diciembre de 1994 el presidente de Aeco, Oscar Fallas, y los funcionarios María del Mar Cordero (esposa) y Jaime Bustamante murieron en un incendio producido en la vivienda de uno de ellos.
Investigaciones policiales realizadas en ese momento establecieron que la causa del siniestro fue accidental.
El 13 de julio de 1995 otro activista de la Aeco, un ciudadano costarricense de origen nicaragüense, David Maradiaga, fue reportado como desaparecido por la asociación.
El 4 de agosto, el cadáver Madariaga fue encontrado en la Morgue Judicial. Los forenses dictaminaron que su muerte se produjo por causas naturales.
Los ecologistas consideran que esos hechos aún no "han sido esclarecidos" y realizan actualmente su propia investigación.
Por otra parte denunciaron haber recibido "amenazas de muerte y llamadas de amedrantamiento psicológico" por parte de desconocidos "supuestamente vinculados a intereses privados".
León manifestó que la Aeco ha desplegado fuertes luchas contra la explotación maderera, especialmente en la zona sur del país, y contra varios proyectos para exploración minera a cielo abierto.
Advirtió que si el gobierno no acata las medidas determinadas por la CIDH la asociación no descarta recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Se trata de la primera vez en la historia de Costa Rica que una instancia internacional pide al gobierno adoptar medidas cautelares", subrayó Camacho. (FIN/IPS/yo/dg/ip-hd/97)
