Una denuncia por nuevos atropellos a los presos políticos en una Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de la capital de Chile se conoció este miércoles, cuando 53 izquierdistas detenidos cumplieron 30 días en huelga de hambre.
Más de 50 presos iniciaron el ayuno el 13 de enero, como forma de presionar a las autoridades para que el régimen de disciplina del penal volviese a la situación de existente hasta el 30 de diciembre.
En esa última fecha se produjo una espectacular fuga de cuatro líderes del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo que provocó el cambio en el régimen de visitas y, en general, las normas internas del penal se hicieron más rigurosas.
Treinta de los huelguistas de hambre fueron esposados a sus camas el lunes, para ser hidratados con suero por la fuerza, denunció el abogado de los izquierdistas, Alberto Espinoza.
La acción de Gendarmería (Servicio de prisiones) se basa en una resolución judicial que señala que los detenidos pueden ser obligados a alimentarse para evitar que su estado de salud se deteriore al punto de poner en peligro sus vidas.
Durante los últimos días se han realizado una serie de gestiones para poner fin a la huelga de hambre, llegandose a establecer el martes, por primera vez, un contacto directo entre familiares de los reclusos y el ministro subrogante de Justicia, José Antonio Gómez.
La semana pasada, el gobierno anunció que flexibilizaría las medidas disciplinarias de la CAS pero una vez que los presos pusiesen fin a la huelga de hambre.
Los huelguistas -izquierdistas detenidos por acciones ejecutadas después de 1990 y calificados por el gobierno como terroristas- insisten en que mantendrán el ayuno mientras no se vuelva al régimen existente hasta fines del año pasado.
El principal escollo para llegar a un acuerdo es que las autoridades carcelarias insisten en que las visitas se hagan sin contacto directo, mediante un vidrio que separa al visitante del detenido.
En Chile hay cerca de 120 izquierdistas detenidos, la mayoría de ellos no condenados, por su participación después de 1990 en grupos subversivos que realizaron acciones ilegales contra personeros del régimen militar (1973-90).
Esos grupos están actualmente desarticulados y esta semana el ministro del Interior subrogante, Belisario Velasco, invitó al FPMR, el principal de esos movimientos, a reinsertarse a la sociedad, renunciando a la vía violenta y reconociendo el actual Estado de Derecho en Chile.
Lorena Astorga, vocera del FPMR, declaró a la prensa que el grupo sólo renunciará a la vía violenta una vez que se haya hecho justicia por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Los "frentistas" condicionaron su reinserción a la derogación de la Constitución vigente, elaborada por ideólogos del régimen militar y aprobada a través de un cuestionado plebiscito en 1980. (FIN/IPS/gcm/ag/ip/97
