Cuba fue el único país de América Latina cuya situación de los derechos humanos empeoró en 1996, pero las violaciones persisten en varias democracias de la región, según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Aunque el informe destaca la situación del "Estado totalitario controlado por el presidente Fidel Castro", funcionarios estadounidenses advirtieron que las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras formas de violencia no son exclusivas de la isla caribeña.
En muchos países latinoamericanos las garantías constitucionales no logran impedir los abusos contra los miembros más vulnerables de la sociedad, es decir las mujeres, los niños y los indígenas.
"La situación de los derechos humanos (en Cuba) empeoró en 1996", afirma el Departamento de Estado, citando hechos como el "aplastamiento" del grupo por la democracia Concilio Cubano, el derribo en febrero de dos avionetas civiles estadounidenses y el creciente uso de la fuerza policial.
"Las autoridades continúan rutinariamente persiguiendo, amenazando, deteniendo arbitrariamente, apresando, difamando y atacando físicamente a activistas de los derechos humanos y miembros de asociaciones profesionales independientes, incluyendo periodistas, economistas y abogados, a menudo con el fin de que abandonen Cuba", dice el informe.
Aunque La Habana "mejoró los peores aspectos de su represión de la libertad de culto", la persecución religiosa continúa, según funcionarios estadounidenses, que condenaron a Cuba por las detenciones arbitrarias, especialmente de defensores de los derechos humanos, y el tratamiento abusivo de los detenidos y presos.
El informe es igualmente duro en su denuncia de los abusos en México, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela y otras naciones latinoamericanas.
En México, donde el gobierno "generalmente respetaba los derechos humanos", se produjeron ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales y arbitrarias, y además las condiciones de las prisiones son pésimas.
Además, dice el documento, persisten la violencia y la discriminación contra mujeres e indígenas, algunas limitaciones a los derechos de los trabajadores y el trabajo infantil en tareas agrícolas y en la economía informal.
Investigadores del Departamento de Estado encontraron una situación similar en Perú, aunque las condiciones "mejoraron algo" el año pasado.
El informe denuncia diversos abusos de las fuerzas de seguridad peruanas, además de "condiciones de prisión extremadamente duras", donde los condenados por actos terroristas "llegan a ser encarcelados por años en celdas de dos metros cuadrados".
La policía y las fuerzas de seguridad de Colombia y Venezuela también son acusadas en el documento de realizar ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.
En cuanto a Colombia, existen "informes creíbles" sobre la existencia de escuadrones de la muerte dentro del ejército, sostiene el Departamento de Estado.
Sin embargo, el presidente Ernesto Samper "no ha tomado medidas para reducir los crecientes abusos cometidos por grupos paramilitares, colocándose al borde de una política de aprobación tácita", denuncia el documento.
Mientras, las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas armadas en Venezuela y Brasil son atribuidas a "un clima de impunidad" y corrupción dentro del sistema judicial.
"Los autores de ejecuciones extrajudiciales actúan casi con impunidad, dado que raramente son juzgados", dice el Departamento de Estado en referencia a Venezuela, donde el tratamiento en las prisiones es "inhumano y degradante".
En Brasil, el sistema de cortes policiales especiales "contribuye a la indemnidad de policías involucrados en ejecuciones extrajudiciales o abuso de prisioneros, y se cree que es el mayor obstáculo para la eliminación de tales irregularidades".
Aunque la impunidad ya no es un problema en Chile, donde el gobierno "en general respeta los derechos humanos de los ciudadanos", el informe señala que los esfuerzos del gobierno por investigar abusos cometidos durante el régimen militar son bloqueados por una ley de amnistía aprobada en 1978.
En América Central, la considerable impunidad de que gozan las élites civiles y militares resultaron en violaciones a los derechos humanos, y la situación es exacerbada por un sistema judicial débil, carente de recursos y a menudo corrupto, dice el documento.
Guatemala es elogiada por su "marcado progreso" en el área de los derechos humanos, en gran parte como resultado de la firma del acuerdo de paz el pasado diciembre entre el gobierno y fuerzas guerrilleras, tras 36 años de guerra civil.
Mientras, en Nicaragua, donde también se señala una mejora, los derechos humanos continúan amenazados dado que la violencia de móviles políticos es eclipsada por la violencia criminal, derivada de los graves problemas económicos del país.
Problemas similares se denuncian en El Salvador y Honduras, donde protectores autodesignados del orden público intentan llenar el vacío creado por un sistema judicial ineficaz.
El Departamento de Estado afirma que, en toda América Latina, los gobiernos no han protegido adecuadamente los derechos de las mujeres, los niños y los indígenas.
Estos grupos, continúa, a menudo son víctimas de la violencia y la explotación laboral debido a su escasa representación gubernamental en todos los países latinoamericanos, incluyendo a Cuba. (FIN/IPS/tra-en/pz/yjc/ml/hd/97)
