Las relaciones entre Colombia y Venezuela entraron en una sus cíclicas fases de calentamiento por un incidente donde la defensa de la seguridad fronteriza se contrapuso una vez más con el respeto a los derechos humanos y donde el saldo fue un niño muerto y varios heridos.
Duras cartas de protesta cruzadas entre las dos cancillerías y encendidas declaraciones de funcionarios civiles y militares crispan las relaciones bilaterales este fin de semana, lo que, si el guión es fiel a otras ocasiones, se adjudicará a distorsiones de los medios de comunicación cuando todo se calme.
En medio, quedará un niño de tres años, colombiano según Bogota y venezolano según Caracas, muerto por las balas de efectivos de una patrulla venezolana, en circunstancias controvertidas y que no será facil que el Poder Judicial de uno u otro país termine por sancionar alguna vez.
Todo comenzó en la mañana del jueves, a una y otra ribera del río Arauca, frontera natural entre los dos países y escenario de algunos de los episodios más famosos de acciones en que los derechos de civiles inermes quedaron socavados.
Una patrulla venezolana de vigilancia fue atacada en su puesto ribereño de la población de La Victoria, en el estado de Apure, por un grupo irregular colombiano que después huyo a través del río al lado colombiano, con el saldo de tres soldados heridos.
Caracas asegura que en el fuego cruzado quedó atrapada una embarcación con 11 personas, la mayoría escolares, lo que provocó la muerte del niño por un disparo en la cabeza, y la herida de otra niña y cuatro adultos.
Esa versión contrasta con la de la cancillería colombiana y de testigos, que narraron para televisoras internacionales una situación diferente a la sostenida por la presidencia, la cancillería y el Ministerio de la Defensa en Caracas.
Según la ministra de Relaciones Exteriores colombiana, María Emma Mejía, el ataque a la canoa con los civiles se produjo 25 mínutos después del enfrentamiento entre la patrulla militar de defensa fronteriza y el grupo guerrillero.
Otro niño que viajaba en la lancha, conocida en la zona como "voladora", contó que cuando comenzaron los disparos, su madre lo lanzó a tierra para preservar su vida y que hasta él llegó un uniformado que le disparó, aunque no le acertó.
Un testimonio que la parte venezolana refuta tajantemente.
En Caracas, la primera información oficial de los hechos se produjo mediante un comunicado del Ministerio de la Defensa, que daba parte de la emboscada contra su patrulla y de los tres soldados heridos, pero nada decía del incidente con la voladora.
El presidente Rafael Caldera y el canciller Miguel Angel Burelli se encontraban en México en visita oficial, pero el titular de Asuntos Fronterizos, Pompeyo Márquez, criticó las versiones que después llegaron desde Bogota.
"Es intolerable que se nos pretenda hacer aparecer como agresores, cuando en realidad somos víctimas", dijo Márquez, para pasar a denunciar que el país soporta conflictos importados de Colombia, que el gobierno vecino no se esmera en controlar.
Criticó a Bogotá por solidarizarse, a su entender, con la guerrilla en el episodio, y por tener abandonada la frontera, lo que ha obligado a Caracas a desplazar hcia ella 30.000 soldados y extender 85 puestos militares, para defender su territorio.
El constantemente alegado tema del abandono colombiano de su caliente frontera, por causa del narcotráfico y la guerrilla, volvió a ser criticado en el primer comunicado de la cancillería.
"Reclamamos respeto a nuestra nacionalidad y a nuestro territorio", dijo Caldera en México el viernes, para añadir que "es injustificable" que un país que logró su pacificación hace décadas sea afectado por la conflictividad en el vecino.
En tanto, desde Bogotá, la ministra Mejía subrayaba que no hubo simultaneidad alguna entre el enfrentamiento entre el grupo guerrillero y los militares venezolanos y el ataque de éstos a la canoa con los 11 civiles inermes.
Una nota de protesta oficial colombiana calificó el hecho de "suma gravedad", "inexplicable" e "injustificable" y el ministro de Defensa y hasta hace 10 días embajador en Caracas, Guillermo González, arguyó que la reacción venezolana fue desproporcionada.
Burelli replicó insistiendo en la simultaneidad de los dos hechos y criticó como una ligereza absurda el dar la impresión de que los soldados "hayan asesinado por gusto un niño". También reclamó que Colombia se disculpara por los soldados heridos.
Colombia y Venezuela, con una viva frontera de 2.209 kilómetros, que muchos califican como un "tercer país", ha tenido, según cálculos de Bogota, 24 incidentes en el último año.
Tan sólo el martes, según el embajador venezolano en Bogotá, Sebastián Alegrett, guerrilleros mataron a dos venezolanos en El Amparo, poblado vecino a La Victoria, y días antes fueron muertas seis personas.
Sobre el episodio doble o único del jueves planean otros casos en que efectivos policiales o militares venezolanos han sido acusados de agresión contra civiles que después son presentadas como enfrentamientos.
El más famoso es el que tuvo como víctimas a 14 pescadores de Carababo, en octubre de 1988, que tras mil y un vericuetos legales que terminaron por mantener impune la masacre, llegó a la Corte Suprema de Justicia, que dictaminó contra el Estado venezolano y demandó un nuevo juicio para el caso.
En octubre de 1995, un ciudadano colombiano, Victor Paternina, murió en suelo de su país en un área fronteriza, durante una alegada persecución en caliente de un grupo irregular que había atacado una patrulla venezolana.
En febrero de ese año, un puesto fronterizo venezolano de la población de Carababo fue atacado por guerrilleros, con un saldo de siete efectivos muertos, y en las represalias investigaciones de grupos de derechos humanos denunciaron torturas a lugareños y una desaparición.
Hace exactamente una semana, Burelli y Mejía sostuvieron uno de sus periódicos encuentros bilaterales, en la ciudad colombiana de Cartagena, para analizar la marcha de las negociaciones sobre diferendos limítrofes, e incrementar la coooperación fronteriza.
Pero lo acontecido en el Arauca vuelve a poner en el tapete la tensión que subyace entre un país que acusa a otro de ser víctima de la importación de sus problemas y de su desinterés para enfrentarlos, y otro que refuta que la defensa del territorio no puede avalar la violación de los derechos de sus ciudadanos. (FIN/IPS/eg/dg/ip/97
