La polémica levantada por la venta a China de dos reactores canadienses de energía nuclear podría volverse más dura tras la presentación de una demanda judicial por un importante grupo ambientalista de Canadá.
El Sierra Club of Canada solicitó a la Corte Federal que realice una "revisión judicial" para determinar si el gobierno violó la Ley de Evaluación Ambiental cuando aprobó la financiación de la venta de dos reactores nucleares Candu 6, que serán instalados cerca de la ciudad china de Shanghai.
La Corte deberá dictaminar si el gobierno evaluó los efectos ambientales del proyecto antes de autorizar su financiación, tal como manda la citada ley. Fuentes del Departamento de Justicia dijeron que el caso sería visto en breve plazo.
"El caso afecta la integridad del proceso de evaluación ambiental, y creo que fundamentalmente afecta a la democracia", dijo Elizabeth May, directora ejecutiva del Sierra Club.
"El Banco Mundial realiza una evaluación ambiental de todos sus proyectos, y también Estados Unidos, Japón y Alemania tienen regímenes legales que prescriben y permiten la evaluación ambiental de los proyectos que esos países financian, incluso fuera de su propio territorio", señaló May.
May agregó que el espíritu de la ley canadiense siempre ha tenido la vocación de aplicarse a los proyectos que se realicen fuera de Canadá, y que muchas instituciones canadienses se toman muy en serio esa responsabilidad.
"La CIDA (Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional) aplica la ley a cada proyecto que considera", precisó May.
La militante ambientalista preguntó por qué razón un gran proyecto de energía nuclear -que ha sido fuertemente criticado por sus implicaciones ambientales- no está sujeto a un estudio de esa naturaleza, si los organismos canadienses solicitan ese tipo de evaluación para pequeños proyectos.
Los miembros del gobierno han rehusado responder a preguntas de ese género en tanto la venta del reactor se halla en estudio por los tribunales.
No obstante, el ministro de Comercio, Art Eggleton, dirigió a May una carta, en diciembre pasado, en la que dijo que los responsables del proyecto nuclear no están encuadrados en la definición de "autoridades federales" que según la ley deben someter sus realizaciones a una evaluación ambiental.
Eggleton señaló que el proyecto es dirigido por la empresa Atomic Energy Canada Limited, con financiación de la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones.
Las dos entidades son empresas estatales que actúan libremente en mercado privado, y por lo tanto, según el ministro, están exentas de cumplir las obligaciones que la ley impone a los organismos que dependen del gobierno federal.
La idea de que el gobierno federal pueda haber violado sus propias leyes ambientales es un factor que se ha sumado a la polémica que rodea a la venta del reactor a China.
Los opositores a la operación pintan la imagen de una industria nuclear canadiense desesperada por hacer ventas internacionales, que de forma constante ignora los peligros de contaminación ambiental y de proliferación de armas nucleares.
Un reactor nuclear tipo CIRUS, vendido a India en la década de los 50, por ejemplo, fue esencial para que ese país pudiera desarrollar en secreto su proyecto de bomba atómica.
Canadá también vendió reactores nucleares al gobierno militar de Argentina en la década de los 70, y al régimen de Nicolae Ceaucescu en Rumania.
Canadá y China firmaron un acuerdo de cooperación nuclear en 1994. El gobierno afirma que China se ha comprometido a que todo material enviado desde Canadá será utilizado estrictamente en el reactor de energía nuclear. (FIN/IPS/tra-en/sd/yjc/arl/en-ip/97
