Políticos, académicos y religiosos de Burundi son pesimistas respecto de una eventual salida negociada a la crisis en su país, semejante a la que puso fin al apartheid en Sudáfrica.
La ausencia de grupos opositores clave en un seminario sobre la cuestión celebrado en la capital de Burundi la semana pasada y las objeciones allí planteadas al diálogo entre los rebeldes y el gobierno del presidente Pierre Buyoya dejan en evidencia que el camino hacia la paz será largo y lleno de obstáculos.
El Frente para la Democracia en Burundi (Frodebu) se rehusó a concurrir al seminario "Debate nacional y proceso de paz", a pesar de que, ya desde el nombre elegido, fue convocado por promotores de negociaciones directas con los rebeldes, que pertenecen a la etnia hutu, mayoritaria en el país.
Tampoco asistió el Partido por la Recuperación Nacional (Parena) del ex dictador Jean-Baptiste Bagaza, que gobernó Burundi entre 1976 y 1987, cuando fue derrocado por el primer golpe de estado militar conducido por Buyoya.
El Parena aspira a la celebración de una "conferencia nacional soberana", un mecanismo que permitió la creación de democracias multipartidarias en países de Africa central y occidental a comienzos de la década del 90.
Algunos participantes afirmaron que la conferencia no sirvió al propósito para la cual fue convocada.
"Los asistentes se expresaron libremente. Debemos sentirnos felices por eso", dijo, sin embargo, Frederic Ngenzabuhoro, ex ministro y actual parlamentario de la Unión para el Progreso Nacional (Uprona).
La Uprona fue el partido único en Burundi hasta 1993, cuando Buyoya, también entonces al frente del gobierno, convocó a las elecciones multipartidarias en las que triunfó el Frodebu.
Buyoya tomó por segunda vez el poder el 25 de julio pasado, en un golpe militar que derrocó a la coalición integrada por el Frodebu, la Uprona y otros partidos de menor tamaño.
El diálogo entre los rebeldes y el gobierno fue uno de los puntos de controversia más ríspidos en la conferencia. Cuando uno de los participantes manifestó su beneplácito por "la voluntad de negociación demostrada por los rebeldes hutu", se generó un agitado debate.
"Negociar con los perpetradores del genocidio es equivalente a garantizarles una amnistía para sus crímenes", replicó otro de los asistentes al seminario.
El parlamentario sudafricano Ian Van Eck recomendó en el seminario que no se excluya a ningún grupo del diálogo y la negociación. Se los deberá convocar "aunque no les gusten personalmente o no les gusten sus opiniones o acciones políticas", dijo.
Van Eck explicó que el proceso de negociaciones que puso fin al apartheid (régimen de segregación racial institucionalizada que imperó en Sudáfrica hasta 1994) incluyó a todos los partidos, incluso aquéllos que cometieron actos de violencia.
El legislador sudafricano sostuvo que, en el caso de Burundi, los líderes de partidos u organizaciones involucrados en golpes militares o matanzas étnicas no son considerados golpistas ni genocidas por sus simpatizantes.
Si se pretende incluir a los seguidores de esos dirigentes, se debe aceptar a los propios líderes en el proceso de negociación, según Van Eck.
Pero aún está por verse si la experiencia sudafricana tendrá algún efecto en los próximos pasos del dividido pueblo de Burundi.
Lo que sí es claro es que no hubo acuerdos sobre una eventual negociación en el seminario. Algunos grupos se mantuvieron en sus trece contra cualquier contacto con los rebeldes, mientras otros manifestaron que una solución militar al caos que impera en el país hace tres años es imposible.
La crisis en Burundi comenzó en octubre de 1993, cuando el primer presidente perteneciente a la mayoritaria etnia hutu, Melchior Ndadaye, fue asesinado en un golpe militar fallido. El episodio generó estallidos de violencia étnica que provocaron miles de muertes.
Una coalición de gobierno constituida por la Uprona, cuyos dirigentes pertenecen mayoritariamente a la minoría tutsi (tradicionalmente en el gobierno del país), y el Frodebu, donde predominan los hutu, no logró acabar con la violencia étnica.
El golpe de estado liderado por Buyoya instó a los grupos rebeldes a resistir al nuevo gobierno.
Tanto los rebeldes como los militares burundeses han sido reiteradamente acusados de atrocidades contra civiles. Un informe de Naciones Unidas confirmó que las fuerzas del gobierno han masacrado a hutus mientras los rebeldes asesinaron tutsis en masa.
El gobierno de Buyoya sostuvo que el informe fue elaborado por simpatizantes de los rebeldes hutus.
A pesar de las diferencias manifestadas con respecto al diálogo, no hubo discrepancias en cuanto a condenar el embargo comercial y de transporte impuesto por los gobiernos de Africa oriental y central contra Burundi en reacción al golpe de Buyoya.
Los legisladores opositores de Kenia Raila Odinga y Maalim Fara afirmaron que el bloqueo había afectado especialmente a los burundeses más pobres y que no tiene efecto si lo que pretende es obligar a los bandos en pugna a sentarse en la mesa de negociaciones. (FIN/IPS/tra-en/ak/kb/mj/ip/97
