El gobierno, el empresariado y la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina comenzaron hoy a negociar para atacar el problema del desempleo, pero la central sindical tiene pocas esperanzas en el diálogo y se aprestaría a lanzar una nueva huelga.
Con cautela y escepticismo la CGT concurrió este jueves a la primera cita conjunta para discutir soluciones al desempleo, que llegó a 17,4 por ciento en octubre y amenaza con persistir en esos niveles, aún a pesar del crecimiento de casi cinco por ciento en la producción durante 1996.
Los dirigentes gremiales pidieron que en el encuentro se discuta la política económica del gobierno, en especial los aspectos tributarios, arancelarios y financieros, a fin de efectuar cambios que permitan la creación de nuevos empleos y que pongan freno a la destruccción de los que ya existen.
Tanto el gobierno como los representantes de las empresas adelantaron su rechazo a introducir cambios que afecten el rumbo neoliberal del modelo económico.
Para ellos, la negociación debe girar en torno a los plazos de aplicación de una reforma laboral que abarate el costo del empleo.
El ministro de Economía Roque Fernández insistió esta semana ante sus colegas del gabinete en que sólo la flexibilización de las leyes laborales -un cambio resistido fuertemente por los sindicatos- ayudaría a bajar dos puntos el índice de desocupación en este mismo año.
No obstante, reconoció que esa rebaja debe estar acompañada de un crecimiento del nivel de producción, lo que requiere más inversiones, crédito más barato y un continuo incremento de las exportaciones.
El Grupo de los Ocho, como se denomina al bloque de empresarios que representan a los diversos sectores de la economía, insiste en que las posibilidades de creación de empleo están asociadas a una reducción de los costos laborales que sólo llegará con las flexibilización.
Estas iniciativas, rechazadas una y otra vez en el Congreso, implican una pérdida del poder de negociacion salarial de los sindicatos, además de una flexibilización de sueldos, horarios y períodos de vacaciones, más un abaratamiento de las indemnizaciones por despido.
La resistencia a estas leyes llevó al sindicalismo a convocar a tres huelgas generales entre agosto y diciembre últimos.
En caso de fracasar el diálogo, el secretario general de la central, Rodolfo Daer, advirtió que las medidas de fuerza volverán.
La amenaza preocupa al oficialismo, que este mismo año deberá pasar una prueba electoral.
En octubre se celebrarán comicios legislativos para renovar la cámara baja. El gobierno del presidente Carlos Menem intenta llegar a ese momento habiendo neutralizado el conflicto con los gremios. (FIN/IPS/mv/dg/ip-lb/97
