La divulgación de los manuales secretos de la CIA sobre tortura agregó un elemento poderoso para que Honduras pase a la condición de caso ejemplar en materia de investigación de violaciones de los derechos humanos en los años 80 en América Central.
Investigaciones del diario estadounidense The Baltimore Sun, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y del gubernamental Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras aportaron datos sobre los abusos cometidos por militares en cantidad y con detalles nunca antes revelados en otros países latinoamericanos.
Los periodistas Gary Cohn y Ginger Thompson investigaron durante casi dos años la actuación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Honduras antes de publicar en junio de 1995 una serie de reportajes donde denunciaban la participación del Pentágono en el desaparición de 184 hondureños acusados de actividades subversivas en la década del 80.
Los reportajes tuvieron un enorme impacto en Honduras pero el diario no paro ahí. En mayo de 1994 solicitó, con base en la Ley de Acceso Libre a la Información (Freedom Information Act), la divulgación de manuales secretos de enseñanza de la tortura preparados por la CIA.
El 27 de enero, después de amenazar con un proceso judicial contra la CIA, The Baltimore Sun recibió el documento que confirma oficialmente la largamente denunciada colaboración entre los servicios secretos norteamericanos y los grupos militares latinoamericanos encargados de la represión a izquierdistas.
El caso hondureño cobró características especiales no sólo por el volumen de la información divulgada sobre acciones ilegales de tortura y ejecuciones sumarias de prisioneros.
Esto se debió también a una inédita acción simultánea entre un diario norteamericano de gran circulación y ONG hondureñas como el Comité de Derechos Humanos de Honduras (Codeh) y el Comité de Familiares de Desaparecidos (Cofade).
Los activistas hondureños proporcionaron a los periodistas estadounidenses información concreta y creíble, en base a la cual el diario hizo investigaciones mucho más amplias, utilizando la ley norteamericana, algo fuera del alcance del Codeh y el Cofade, e incluso del Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras.
Este organismo oficial hondureño publicó hace tres años un informe sobre los desaparecidos políticos, titulado "Los hechos hablan por si mismos".
El escándalo generado por los reportajes del diario movilizó hasta el presidente Bill Clinton, lo que redujo en gran medida la obstrucción a los esfuerzos para identificar responsables y ubicar las fosas clandestinas donde fueron sepultados las 184 personas capturadas por el batallón 316 del ejercito hondureño.
El Codeh y el Cofade están ahora en una posición sin precedentes para llevar adelante un esfuerzo, que ya tiene casi 10 años, para sancionar a los responsables por la "década negra".
En ese esfuerzo ocupa un lugar protagónico el médico Ramón Custodio, por su campaña para involucrar a organizaciones norteamericanas en las investigaciones sobre derechos humanos en Honduras.
Ese país centroamericano reúne ahora condiciones que otros países latinoamericanos no encontraron para resolver definitivamente el problema de los desaparecidos políticos.
La confirmación de la participación de la CIA pone a Estados Unidos directamente en la cuestión, en un momento en que la opinión publica y el gobierno norteamericanos desean poner un punto final a las maniobras sucias de la central de inteligencia. (FIN/IPS/cc/ag/ip/97
