Miles de paraguayos que viven a la sombra de la presa de Yacyretá y cuyas viviendas se han perdido bajo la inundación provocada de las aguas del río Paraná, corren ahora el riesgo de que también la prometida indemnización se ahogue en un mar de intrigas políticas.
La construcción del dique ha obligado ya a 5.000 pobladores de Paraguay a abandonar la vega del Paraná, muchos de ellos a cambio de viviendas de inferior calidad y un futuro sin trabajo. Otros 50.000 aguardan un reasentamiento forzoso a medida que termine la contrucción del dique, en los próximos tres años.
Los habitantes de Encarnación -la tercera ciudad del país- pidieron en septiembre pasado a las instituciones que financian Yacyretá (El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo- BID) que inspeccionen el dique, proporcionen una justa indemnización y garanticen la existencia de servicios básicos en las zonas de reasentamiento.
No obstante, fuentes bien informadas de Washington afirman que los consejos de administración de las dos instituciones parecen paralizados por la política que gravita sobre la presa, que va a ser compartida por Paraguay y Argentina, pues está ubicada en la frontera común.
Los informes señalan que los representantes de Argentina, único de los dos países que se ha empeñado en los préstamos concedidos por los bancos internacionales, se oponen frontalmente a la realización de inspecciones a gran escala.
Argentina manifiesta su desagrado porque las personas que presentaron las quejas permanecen en el anonimato, y destaca el hecho de que ellas fueron presentadas por una organización no gubernamental paraguaya en nombre de desconocidos reclamantes.
La junta ejecutiva del Banco Mundial no logró un acuerdo, a principios de este mes, para disponer una investigación completa. Según trascendió, el presidente del Banco, James Wolfensohn, buscará una solución en las próximas semanas, pero sólo parece posible que los argentinos acepten una inspección limitada.
Un similar compás de espera se habría producido en el BID, cuyos directores se reunieron el 15 de enero pero también han demostrado no tener experiencia en este tipo de actuaciones, al ser ésta la primera petición de inspección que reciben.
El proyecto de Yacyretá ha recibido ya 1.600 millones de dólares desde 1979, entre los dos bancos. Ambas instituciones comenzaron en octubre pasado estudios preliminares separados para determinar el mérito de las acusaciones, que fueron presentadas por Sobrevivencia, filial paraguaya de Amigos de la Tierra.
Un equipo independiente de inspección formado por el Banco Mundial, junto al presidente del BID, Enrique Iglesias, acordaron que sus respectivas instituciones deberían disponer una investigación completa de la situación.
La protesta presentada por Sobrevivencia alega que los bancos no tomaron una serie de medidas necesarias, como evaluar los daños ambientales y sociales que podría causar Yacyretá.
Tampoco han estudiado, según los reclamantes, la forma de mitigar los perjuicios causados, consultar a los pobladores en relación con los planes de reasentamiento, supervisar a los prestatarios y hacerles cumplir obligaciones contractuales, y retener los fondos cuando no se cumplan los compromisos.
Los gerentes del Banco Mundial rechazaron esas alegaciones de "supuesta violación gerencial de las políticas y los procedimientos del Banco", según expresa la respuesta de 27 páginas que la institución dirigió a los reclamantes, cuya copia obtuvo IPS.
Un informe de auditoría del Banco, no obstante, señaló que han persistido varios problemas desde comienzos de la década pasada.
Los funcionarios del BID reconocen también algunos problemas, pero niegan responsabilidad en ellos, recordando que el último préstamo del Banco regional -aún no desembolsado- va dirigido a mitigar algunos de los inconvenientes ambientales y de reasentamiento.
Las dos instituciones financieras coinciden en arrojar la culpa de todas las irregularidades sobre la llamada Entidad Binacional Yacyretá (EBY), una comisión formada por ambos gobiernos pasra administrar el proyecto.
La EBY resulta ser un blanco fácil a la crítica. Bajo su conducción fue que Yacyretá se convirtió en lo que el presidente de Argentina, Carlos Menem -quien asumió en 1989- ha llamado "un monumento a la corrupción".
Con un atraso de once años y miles de millones de dólares excedido su presupuesto, Yacyretá es ahora un problema de tales dimensiones para ambos países, que los dirigentes políticos buscan salir de ese gran lío vendiendo la obra a inversores privados o conceder la explotación de la energía que genera.
El río Paraná ha crecido tres metros desde que comenzó la construcción. El nivel de las aguas deberá subir otros siete metros cuando la obra sea terminada, entre 1998 y 2000.
Para entonces habrán quedado bajo las aguas 1.650 kilómetros cuadrados de tierra, dos ciudades, las tierras de muchos indígenas y el ambiente virgen que alberga a especies únicas, según la queja presentada por los ambientalistas. (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/arl/en/97
