Los sindicatos de Venezuela alertaron hoy al gobierno que "tomarán la calle" si la eliminación de parte de los beneficios laborales, a fin de estructurar un nuevo sistema de seguridad social en el país, no es compensada con un pago extra.
Carlos Navarro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), anunció el "rechazo contundente" de todos los sindicatos a la propuesta del gobierno sobre un tema crucial: la supresión de la indexación al último salario de los beneficios acumulados en una relación laboral.
Navarro dijo que con "un salario de hambre, equivalente a un dólar diario" y aniquilado en su poder adquisitivo por una inflación de más de tres dígitos, el gobierno y los empresarios no pueden esperar que los trabajadores renuncien a su gran beneficio histórico "a cambio de nada".
En Venezuela, los trabajadores reciben al concluir su relación laboral prestaciones de antigüedad, equivalentes a un mes por año trabajado, recalculadas a su último salario, en un beneficio que también acumula intereses anuales a valor del mercado.
El ministro de Planificación, Teodro Petkoff, lanzó el jueves la propuesta de que el beneficio de la antigüedad acumulada y recalculada desaparezca desde este mes, con el pago simple de ella en períodos indefinidos, y pase a regir desde ahora una cancelación anual de todas las prestaciones laborales.
El gobierno -el mayor empleador en Venezuela- y los gremios empresarios consideran que el recálculo de la antigüedad y los intereses suponen en la práctica una doble indexación y son el gran obstáculo para el incremento de los salalarios y en general para la actividad económica.
Navarro dijo a corresponsales extranjeros que esa es una "gran mentira", porque los costos laborales sólo representan en el país 12 por ciento de los costos totales de las empresas, una cifra que el Banco Central baja dos puntos en sus cálculos.
Recordó que en México el salario mínimo está en torno a los 101 dólares, el de Brasil alcanza los 124 y el de Colombia los 191, y en Venezuela es de unos 30 dólares, en un marco de salarios congelados desde 1994, un lapso en que la inflación acumulada totalizó 234 por ciento.
En realidad, el ingreso mínimo oficial del trabajador es de 109 dólares, por una acumulación de bonos, que no se incorporan al salario para no incidir en la antigüedad y su indexación.
Un acuerdo sobre el tema de la retroactiva antigüedad permitiría "salarizar" los bonos, que los sindicatos demandan desde 1995 que sean asumidos como salario y mantienen una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con ese fin.
En tanto, recordó Navarro, entidades económicas cercanas al sector privado admiten que la canasta alimentaria, que incluye sólo productos de sobrevivencia, cuesta 273 dólares mensuales, y la básica, que comprende otros productos alimentarios y servicios, llega a 547.
"La realidad es que 95 por ciento de los trabajadores de Venezuela gastan 98 por ciento de sus ingresos en comida", dijo Navarro, en un país en que 80 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, según cifras oficiales.
Venezuela es uno de los últimos países latinoamericanos en modernizar integralmente su sistema de seguridad social, en un proceso que comenzó hace siete años y que el gobierno de Rafael Caldera retomó con impetú en el último trimestre de 1996.
El objetivo es garantizar un mejor ingreso mensual y anual al trabajador, establecer un sistema de asistencia mixto, con la opción de fondos de pensión y aseguración sanitaria privados, y eliminar la retroactividad de la antigüedad.
La negociación tripartita entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos marchó sin grandes traumas hasta que llegó el jueves pasado el momento de abordar el último y más conflictivo tema: el de la antigüedad.
Navarro indicó que este mismo lunes todas las centrales sindicales del país convinieron en rechazar el plan del gobierno y podrían no concurrir al encuentro de esta semana, "hasta tanto no haya sobre la mesa una verdadera propuesta".
El sector empresarial aceptó el plan del gobierno, que para los sindicatos "es lo mismo que siempre plantearon los empresarios pero con distinto traje".
Navarro detalló que los sindicatos mantienen que la renuncia a la acumulación, retroactividad y pago de intereses por la antigüedad tiene que recibir en compensación un pago doble de ese beneficio.
En Venzuela, el pago doble de la antigüedad -que se completa con un mínimo de 21 días de vacaciones y de 15 días de utilidades cada año-, se usa cuando se produce un despido injustificado.
Navarro, una figura de tendencia demócratacristiana que representa un nuevo liderazgo más técnico y menos corrupto del desprestigiado sindicalismo local, insistió que el pago doble de la antigúedad se justifica porque está cambiando toda la relación jurídica entre el empleador y el trabajador.
El Estado emplea 1,3 millones de personas, dentro de una población económicamente activa de 8,7 millones, y se calcula que un pago doble de la antigúedad le supondría una erogación de 7.000 millones de dólares, según cifras oficiales.
Navarro criticó que en la propuesta del gobierno no se establezcan plazos fijos para los pasivos laborales acumulados hasta el fin de 1996 y se elimine la opción de pasarse al nuevo sistema de seguridad social o quedarse en el vigente.
El gobierno aduce que la eliminacion del obstáculo de la indexación de la antigúedad permitirá un incremento del ingreso laboral de entre 200 y 250 por ciento, contando bonificaciones de fin de año, bonos nocturnos, horas extras y prestaciones, además de salario.
Pero ofrece colocar el salario mínimo en los 109 dólares que ya gana actualmente el trabajador en esa escala, sumando salario y bonos, mientras que Navarro precisó que los sindicatos demandan que, como determina la OIT, el sueldo base sea igual a la canasta alimentaria, vale decir 273 dólares.
Navarro se mostró convencido de que un llamado a movilizaciones callejeras y otras medidas de protesta tendría gran eco en el país, con una población atosigada por ingresos paupérrrimos.
Recordó que hay 15 por ciento de desocupación abierta -el gobierno la sitúa en 12-, mientras que casi 52 por ciento de las personas ocupadas lo están en el precario sector informal.
Navarro precisó que no está planteado realizar una huelga general, de poca tradición en Venezuela y cuya última y exítosa convocatoria se produjo en 1989. Pero se mostró convencido que de plantearse, "resultaría muy eficaz" porque hay un germen de protesta muy alto contra un gobierno que no entiende al país. (FIN/IPS/eg/dg/ip-if/97
