Sudáfrica parece ser el país de las comisiones: derechos humanos, género, verdad, radiodifusión, lenguaje, y muchos otros temas son la materia de estos organismos, creados para hacer frente al legado del apartheid.
Pero estos cuerpos estatutarios funcionan en base al dinero de los contribuyentes, los cuales comienzan a cuestionarse sobre la eficacia, responsabilidad y rendimiento de tales órganos.
Este año fiscal, se invertirán unos 72 millones de dólares en comisiones, cifra superior a la reservada por el Estado para la ayuda económica a estudiantes universitarios de todo el país.
"Aunque el parlamento tiene una actuación bastante transparente, estas comisiones no lo tienen", afirmó Colin Douglas, quien desde hace seis meses realiza una evaluación de la actividad de estos organismos.
El estudio de Douglas cuenta con los auspicios de la Oficina de Asuntos Parlamentarios del Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales, una organización no gubernamental.
"Algunas comisiones brindan un servicio útil por muy poco dinero, pero otras son cuestionables. Por ejemplo la Comisión de la Juventud. ¿Necesitamos realmente una comisión para promover la potenciación de los jóvenes?", preguntó.
Hasta ahora, Douglas ha cuestionado el rendimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC), que en el actual ejercicio fiscal recibirá 16 millones de dólares del Estado, y al menos otras cuatro comisiones.
Estas son la Comisión de Servicio Público, a la que se asignaron 24 millones de dólares; la Autoridad Independiente sobre la Radiodifusión, que recibirá nueve millones; la Junta de Lenguaje Pansudafricana (PANSALB), con un presupuesto de 2,5 millones, y la Comisión de Derechos Humanos, con 1,4 millones.
En contraste, el Comité de Asesoría Fiscal posee un presupuesto de 73.000 dólares e informa frecuentemente al Ministerio de Finanzas, y ninguno de sus 14 miembros recibe salario, excepto por un viático de 97 dólares, destacó Douglas.
La tarea de PANSALB consiste en realizar recomendaciones e investigar supuestas violaciones de derechos del lenguaje. El Ministerio de Artes, del cual depende, se ha negado a revelar de qué forma se utiliza el presupuesto de 2,4 millones de dólares para la remuneración de sus 13 miembros.
Mientras, los miembros de la TRC, establecida para investigar violaciones a los derechos humanos durante el apartheid y encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, reciben igual salario que los jueces de altos tribunales, es decir unos 65.000 dólares por año más beneficios.
Algunos críticos señalaron que estos salarios son demasiado elevados, pero la portavoz de la TRC, Christelle Terreblanche, replicó que la remuneración de los miembros no es decidida por ellos mismos, sino que está estipulada en la Constitución.
"Existe una gran diferencia entre las otras comisiones y la Comisión de la Verdad, porque tenemos un plazo limitado", señaló Terreblanche, y agregó que los miembros "están haciendo todo lo posible por cumplir con lo estipulado en la ley".
Por otra parte, um miembro del gobernante Congreso Nacional Africano opinó que la creación indiscriminada de comisiones "es una forma de no resolver los problemas".
"Ante una crisis, simplemente se establece una comisión", expresó el político, quien solicitó reserva por temor a sufrir represalias.
Pero el Ministro de Justicia, Dullah Omar, considera que el número de tales organismos debe limitarse, y recientemente advirtió sobre el riesgo de crear comisiones "sobre todos los asuntos concebibles".
Algunos temas importantes podrían perderse, y las comisiones creadas podrían arrojar "muy pocos resultados concretos", advirtió Omar. (FIN/IPS/tra-en/gm/kb/ml/ip/97
