El asesinato de tres voluntarios en Ruanda reavivó en España el reclamo de intervención internacional en la región de los Grandes Lagos africanos y dejó en entredicho el papel de grupos no gubernamentales y agencias de asistencia al desarrollo.
Los socorristas españoles asesinados, integrantes de la organización no gubernamental Médicos del Mundo (MDM), fueron acribillados a balazos este sábado por milicianos hutu en Gatonde, noroeste de Ruanda, donde vivían y trabajaban.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes, admitió que su país no cuenta en la Unión Europea (UE) con ningún apoyo para la aprobación del envío de tropas con fines humanitarios a la región de los Grandes Lagos africanos, afectada por una grave crisis de refugiados.
"Todos arrojaron la toalla y España se quedó sola" cuando se consideró la cuestión este martes en Bruselas, declaró Matutes al diario El Mundo.
Diputados del Parlamento Europeo (PE) pertenecientes a las tres principales fuerzas políticas de España manifestaron este martes frente a la sede de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de UE, en Bruselas.
Legisladores del gobernante Partido Popular (PP) y de los opositores Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU) reclamaron así el envío de una fuerza militar internacional a la región de los Grandes Lagos, de acuerdo con lo resuelto el 12 de enero por el PE.
El órgano legislativo europeo consideró entonces que el estancamiento de la situación "prueba la falta de voluntad política tanto de los Estados miembros como del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la UE".
La resolución afirmó que "la UE debe aplicar sin más dilaciones" la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de desplegar una fuerza multinacional para suministrar ayuda humanitaria a los refugiados en la región africana.
Se produzca o no tal despliegue de fuerzas, organizaciones no gubernamentales españolas anunciaron que se mantendrán en la zona, pero tienen opiniones divergentes en torno a la conveniencia de que se envíen contingentes militares.
MDM es partidaria de la intervención. En cambio, la también no gubernamental Medicos Mundi sostuvo que una fuerza multinacional no resolverá los problemas, y recordó en ese sentido el caso de Somalia. "Lo que puede hacer la UE es forzar la prohibición de venta de armas a los bandos" en pugna, según Medicos Mundi.
Mientras tanto, Médicos sin Fronteras (MSF), organización con sede en Bélgica, se niega a pronunciarse sobre el asunto.
El secretario de Estado de Cooperación Internacional de España, Fernando Villalonga, dijo que la relación entre Europa y Africa está signada por el pasado de colonización económica, y calificó de paternalista y contraproducente el actual sistema de cooperación europeo hacia ese continente.
La polémica en España puso en entredicho también el papel de las organizaciones no gubernamentales.
Algunos catedráticos y activistas apoyaron la posición del sociólogo estadounidense James Petras, para quien los gobiernos occidentales y los organismos internacionales respaldan sus actividades "como elemento de contención de posibles explosiones sociales".
Petras postuló que la actividad de las organizaciones no gubernamentales genera un mundo político en el que la apariencia de solidaridad disimula una conservadora conformidad con la estructura del poder nacional e internacional.
El catedrático vasco Gurutz Jáuregui manifestó en el diario El País, de Madrid, su acuerdo con algunas de esas críticas, pero añadió que las organizaciones no gubernamentales aún son necesarias, "siempre que su actividad sirva para complementar o paliar, nunca para sustituir a la justicia".
El problema es que hay demasiadas organizaciones que practican la caridad y brillan por su ausencia las que persiguen la justicia, agregó el experto.
La organización no gubernamental Acsur Las Segovias, destacada por su labor en Nicaragua, difundió varios errores cometidos por otros grupos.
Un avión cargado de socorristas y equipos de emergencia de MDM, financiado por un programa de televisión llegó a Kigali a fines de noviembre de 1996. Pero los refugiados de Goma ya no estaban allí, recordó la agrupación.
Acsur Las Segovias también recordó que MSF fue a Ruanda con un plan para repatriar 700.000 refugiados y un presupuesto de 12 millones de dólares, suma que representaba la mitad del presupuesto del gobierno del país africano, según el propio ministro de Sanidad, Célestin Kayitare.
Carmelo García, director del Instituto de Estudios para Africa y América Latina (IEPALA), propuso someter a un análisis crítico lo ocurrido en los campos de refugiados de la región de los Grandes Lagos.
"El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados mantuvo los campos más tiempo de lo necesario, en lugar de promover el retorno. Allí se rearmaron los rebeldes hutu y me cuesta creer que las organizaciones no gubernamentales presentes no fueran conscientes de eso", añadió.
García concluyó que "algunas organizaciones fomentaron un humanitarismo denigrante".
IEPALA y otros grupos, como Aieti e Ingenieros sin Fronteras, sostienen que se debe dar prioridad a las acciones dirigidas al desarrollo de los países pobres, lo que implica una responsabilidad para las sociedades del Norte industrializado, que deberían adaptar sus modos de vida a una nueva realidad.
Un comercio internacional justo, la cancelación de las deudas externas de los países más afectados, el acceso a innovaciones tecnológicas y nuevos esquemas de vida deberían dar sustento a esos cambios.
Mientras tanto, sostuvo García, no cabe excluir la ayuda humanitaria, pero sí hacerla eficiente y comprender que en sí misma no es la solución. (FIN/IPS/td/mj/ip dv/97
