Desde el interior de la embajada de Japón en Perú, el jefe del grupo insurgente, Néstor Cerpa, respondió a gritos las preguntas que le formularon los periodistas apostados en el techo de una casa vecina y anunció: "No liberaré a ningún rehen más".
Detrás de las ventanas se adivinaban los perfiles en sombra de algunos de los 74 diplomáticos y empresarios, cautivos desde hace un mes, capturados por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) para canjearlos por 458 guerrilleros presos en distintas cárceles del país.
El diálogo, ocurrido este viernes, refleja la interrupción de los canales de comunicación hasta ahora utilizados por los insurgentes con el exterior de la embajada, y la situación de endurecimiento de las negociaciones para resolver la crisis.
Entre tanto, según una encuesta difundida este viernes, el manejo duro de la crisis de la embajada ha favorecido al presidente Alberto Fujimori, cuya popularidad había caido en diciembre a 44,9 por ciento y se situó esta semana en 50,3 por ciento.
La misma encuesta asigna 88,2 por ciento de respaldo popular a su postura de no aceptar el canje de emerretistas presos por rehenes, aunque un porcentaje mayor -93,2 por ciento- quiere que la crisis se resuelva pacíficamente y sólo 4,6 por ciento propone un rescate por la fuerza.
El diálogo a viva voz con la prensa lo inició Cerpa, provisto de un megáfono, para protestar contra la decisión del gobierno de suspender las visitas de familiares a los miembros del MRTA presos.
Cerpa protestó por la violacion de los derechos humanos de los militantes presos, incluyendo al jefe de la organización, Víctor Polay, condenado a prisión perpetua, pero rehusó liberar a alguno de los rehenes, "siquiera como gesto de buena voluntad".
"Que la buena voluntad la manifieste el gobierno", dijo Cerpa, al cerrar abruptamente la conversación con los periodistas a través de la calle.
Fujimori hizo otro gesto de dureza: rechazó el pedido de los insurgentes de incluir a un representante del gobierno de Guatemala en la Comisión de Garantes que participará en las negociaciones para liberar a los rehenes, pero de este asunto no se ocupó Cerpa en su rueda de prensa a voz en cuello.
La Comisión de Garantes fue una iniciativa del gobierno para establecer un escenario de negociaciones que permita salir del atolladero en el que se encuentra desde el 30 de diciembre, cuando el MRTA replanteó la abandonada demanda de canjear presos por rehenes.
El gobierno propuso dos integrantes para dicha comision: un delegado del Vaticano y otro de la Cruz Roja Interncional, ambos aceptados por los insurgentes, que a su vez propusieron a un representante de Guatemala y de algún país europeo.
Aunque en el comunicado en el que propuso a Guatemala y algún país europeo se insiste en la demanda del canje de rehenes por presos, en declaraciones mediante un enlace radial con un canal de televisión, Cerpa sugirió el miercoles pasado que el canje era negociable.
El ministro de Educación, Domingo Palermo, encargado de la negociación con los insurgentes, explicó que el gobierno rechazó la participación de Guatemala en la Comision de Garantes porque "se pretente establecer una analogía con una realidad absolutamente distinta".
Palermo aludía así al Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno de ese país centroamericano y la guerrilla, que puso fín a 36 años de violencia.
En consecuencia, Fujimori no sólo rechaza el canje de presos por rehenes, tampoco acepta que la liberación de estos últimos incluya su reconocimiento como un partido legal.
En 1993, Fujimori propuso a la cúpula del MRTA, a través de su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, que abandonara la lucha armada y firmara un acuerdo de paz similar al suscrito por los jefes de la organización guerrillera Sendero Luminoso.
Polay rechazó la oferta, en tanto que los militantes de Sendero Lunminoso que se encontraban en libertad se dividieron entre un sector que aceptó el acuerdo de paz y un ala dura, dirigida por Oscar "Feliciano" Ramírez, que sigue combatiendo en algunas apartadas áreas selváticas.
En cuanto a la participación de "algún país europeo", que no ha sido objetada por Fujimori, es entendida como indicio de que ambos interlocutores buscan algún gobierno dispuesto a conceder asilo a un grupo autor de un secuestro masivo y militante de un partido calificado como terrorista.
Según Enrique Bernales, relator de las Naciones Unidas en el tema de los Derechos Humanos, será dificil encontrar un gobierno europeo dispuesto a participar "y si alguno aceptara, su participación será inconveniente porque exigiría consultas para cada punto entre el delegado y su respectiva cancillería".
Bernales explicó que "esto ocurriría, a pesar de que no se trata de una comision que negociará nada, pues se limitará a garantizar que ambas partes, el gobierno y los subversivos, cumplan con el compromiso que permita la libertad de los rehenes". (FIN/IPS/al/ag/ip/97
