Los ciudadanos de Pakistán son presa de la incertidumbre, a menos de un mes de las elecciones generales convocadas para el 3 de febrero, ante el cúmulo de noticias que sugieren la posible postergación de la votación.
El suspenso que afecta a la población obedece a informes recogidos en la prensa, según los cuales el "establishment" político -que en Pakistán suele significar los militares- se encuentra dividido acerca de la oportunidad de las elecciones.
Algunos miembros del gobierno en funciones -según parece en nombre del Ejército- exigirían desenredar primero la madeja de corrupción que provocó la actual crisis política, para dar paso después a un gobierno regularmente elegido.
"Responsabilidad primero, después elecciones", sería el eslogan de estos círculos.
Los militares han gobernado Pakistán más de la mitad de los casi 50 años de vida independiente de este país de Asia meridional, y el Ejército sigue siendo un árbitro del poder.
Se da por entendido que el presidente Faruk Leghari -quien destituyó a Benazir Bhutto, la conocida líder del Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), del cargo de primer ministro en noviembre pasado- goza de un fuerte apoyo militar.
El propio Leghari admite ahora estar considerando la idea de encontrar un lugar institucional donde los militares puedan cumplir un papel en el gobierno, a fin de afirmar la "estabilidad política".
"La propuesta de crear un Consejo de Seguridad Nacional está en consideración. Será algo bueno para el país", expresó el jefe de Estado en una reunión con directores de periódicos realizada en Lahore el día 4. El Presidente anunció que será el gabinete de gobierno el que tomará una decisión al respecto.
Leghari intentó despejar ciertas sospechas al afirmar que el Consejo tendrá un papel meramente asesor. El Parlamento y el gabinete mantendrán el poder supremo, según el Presidente, quien reiteró que no serán postergadas las elecciones parlamentarias previstas para el 3 de febrero.
El Consejo de Seguridad Nacional, tal como está propuesto, sería presidido por el Presidente de la República.
Además estaría compuesto por el primer ministro, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, Finanzas e Interior.
Los partidos políticos han reaccionado con cautela ante la propuesta, ya que ninguno de ellos desea un enfrentamiento abierto con los militares.
Bhutto no ha dicho una palabra hasta el momento, mientras su rival Nawaz Sharif -líder de la Liga Musulmana de Pakistán (PML), que cuenta con una buena oportunidad para ganar las elecciones- dijo que desea conocer los "términos y condiciones" de la propuesta, para evaluar su significado.
El experto en Derecho Constitucional, profesor A. Basit, criticó la proposición por considerarla inconstitucional. El especialista afirmó que el Consejo de Seguridad Nacional significaría "la ley marcial disfrazada de civil".
Basit recordó que el último presidente militar, Zia-ul-Haq, quiso crear un consejo similar pero la muerte le sorprendió antes de que pudiera reformar la Constitución.
Otra autoridad jurídica, A. Karim Malik, ex presidente del Colegio de Abogados de la Corte Suprema, opinó que ni Leghari ni el primer ministro en funciones, Meraj Jalid, tienen poder para siquiera considerar un asunto de esa naturaleza.
Se entiende que los gobiernos interinos, como el que encabeza Jalid, sólo están autorizados para tratar los asuntos cotidianos de administración y organizar las elecciones generales.
Nadie oculta, por otra parte, las discrepancias que al respecto separan a Leghari y a Jalid, quienes el día 5 mantuvieron una reunión de 90 minutos sin lograr un acuerdo.
"Gran parte de la actual incertidumbre y confusión es debida a la incompetencia, la lucha interna y la falta de coordinación que existe entre los gobernantes en funciones", expresó el secretario de información de la PML, Mushahid Hussain.
El gobierno en funciones se encuentra bajo el fuego cruzado de todos los partidos, aunque por motivos encontrados.
Mientras que el derechista Jamaat-i-Islami le critica por no actuar con la necesaria rapidez para llevar ante los tribunales a los políticos corruptos, el PPP le ha acusado de lanzar una caza de brujas.
El esposo de la propia Bhutto, Asif Zardari -que era ministro de Inversiones en su último gobierno hasta que fue destituida en noviembre- fue detenido pocas horas después de aquella decisión presidencial.
Además de los cargos de corrupción ampliamente difundidos, Zardari fue acusado de responsabilidad en el asesinato de un hermano de Benazir, Murtaza Bhutto, ocurrido el 20 de septiembre.
Se espera que la semana próxima los investigadores presenten una pieza definitiva de acusación contra Zardari, para lo cual afirman tener pruebas sustanciales. También ha sido detenido por cargos de corrupción el suegro de Benazir Bhutto, Hakim Alí Zardari.
La aguerrida líder, dos veces jefa de gobierno, insiste en que esto es una conspiración del gobierno en funciones para dejarla fuera del escenario electoral. "Pero no me voy a arredrar", exclamó en una reunión del comité ejecutivo del PPP, el día 3, cuando el partido decidió disputar las próximas elecciones.
La situación aún puede cambiar de forma sustancial este mismo mes, cuando la Corte Suprema resuelva sobre un recurso presentado por Bhutto contra el acto presidencial de destitución que recayó sobre ella en noviembre, determinando la simultánea disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. (FIN/IPS/tra-en/am/an/arl/ip/96
