El gobierno de Guyana y la compañía de teléfonos de propiedad estadounidense volvieron a trenzarse en una riña que ante los ojos de los observadores no es más que un nuevo asalto en la permanente lucha que les enfrenta desde que el Partido Progresista Popular subió al poder en 1992.
La privatizada Compañía de Teléfonos y Telégrafos de Guyana (GT&T) fue vendida por el Estado a la Atlantic Tele Network (ATN) por la cantidad de 16,5 millones de dólares, antes de que el actual presidente, Cheddi Jagan, ganara las elecciones de 1992, y desde entonces el gobierno no ha ocultado su opinión al respecto.
Jagan entendió en aquel momento que la privatización no había pasado de ser una liquidación de un importante activo nacional.
La ATN es una empresa estadounidense registrada en el estado de Delaware, con sede en las Islas Vírgenes. La compañía posee 80 por ciento del capital de la telefónica, mientras que el restante 20 por ciento continúa en manos del Estado.
El episodio actual es motivado por la conducta financiera de la empresa, que en opinión de la Comisión de Servicios Públicos (PUC), nombrada por el gobierno, obedecen a tratos cuestionables entre la ATN y la GT&T.
Lo más importante es que la GT&T alega que 80 por ciento de sus ganancias es destinado a pagar a la compañía matriz un honorario anual por asesoría de administración. La PUC, en cambio, entendió que esto no es solamente muy inusual en esta parte del mundo, sino también una conducta ilegal.
La ATN discrepó con ese dictamen y se presentó ante la justicia para recurrir un fallo de la PUC que le obliga a devolver 24 millones de dólares a su filial guyanesa. Estos pagos por asesoramiento han venido realizándose desde que la empresa fue adquirida, a principios de 1991.
"La cuestión de los honorarios por asesoramiento forma parte de un contrato entre el gobierno de Guyana y la ATN (…) ambos acordaron estos pagos", informó el subadministrador general de la GT&T, Terry Holder.
"Es una práctica normal en la industria, que se realiza en casi todos los países caribeños, donde las subsidiarias pagan honorarios de asesoramiento a Cable and Wireless", afirmó.
"Por lo tanto, resulta sorprendente que la PUC pretenda arrogarse competencia para interrumpir esos pagos. Ello quitaría validez a un contrato firmado por un inversor de buena fe con un gobierno", expresó en un comunicado emitido por la compañía.
La PUC, por el contrario, sostuvo que el argumento de los pagos por asesoramiento no es más que una forma de sacar dinero ilegalmente del país.
El jefe financiero de la ATN, Godfrey Statia, recordó que el proceder de la GT&T es una práctica normal de las empresas en los países desarrollados.
El gobierno ha argumentado, además, que en los seis años transcurridos como accionista de la empresa, el Estado no ha recibido ningún dividendo por cuenta de su 20 por ciento del capital accionario.
La ATN, entretanto, ganó recientemente otra querella judicial contra la Comisión estatal de control. La cuestión se refería a una decisión en que la PUC ordenó a la empresa reducir hasta 50 por ciento sus tarifas en horas de bajo tráfico cada día, los fines de semana y días festivos.
La Asociación de Consumidores de Guyana se encuentra entre las varias organizaciones que se han opuesto públicamente a que se vuelvan a aplicar las tarifas anteriores.
Las relaciones entre el gobierno y la GT&T se tensaron al máximo el año pasado, cuando diarios de Estados Unidos y Gran Bretaña informaron que Guyana es uno de los grandes actores de un servicio telefónico sexual internacional, recibiendo alrededor de 100 millones de dólares por su participación.
Avergonzado por esas revelaciones, Jagan salió a la ofensiva y atacó en público la moral de la empresa, sugiriendo que esa podría ser la hora de pensar en nuevos propietarios.
Ello no podía pasar de una amenaza, ya que la ATN tiene el monopolio del servicio telefónico por un plazo de 20 años, tal como lo negoció con el gobierno anterior, del Congreso Nacional Popular. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/arl/ip/97
