Manifestaciones masivas se celebrarán este viernes en toda España al cumplirse un año del secuestro por los independentistas vascos de José Antonio Ortega Lara, un funcionario de prisiones.
El funcionario, sin rango jerárquico, fue secuestrado el 17 de enero de 1996 por la organización separatista ETA, que condiciona su liberación a que el gobierno español acepte reagrupar en una cárcel del País Vasco o próxima a éste a los presos etarras, actualmente dispersos en varias prisiones.
Desde que fue secuestrado Ortega Lara no ha mantenido ningún tipo de contacto con su familia, excepto las fotografías enviadas por ETA en la que sostiene un periódico del día en sus manos para demostrar que está vivo.
Según el testimonio de todos los secuestrados por ETA que fueron liberados, esa organización los mantiene encerrados en un sótano de 2,5 a tres metros cuadrados, sin ventilación ni luz natural y sin instalaciones higiénicas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han calificado de tortura a esos procedimientos.
ETA también retiene, desde el 11 de noviembre, al empresario vasco Cosme Delclaux, en el mismo tipo de sótano pero con otras perspectivas.
Mientras el empresario puede ser liberado después de que su familia pague un rescate, la vida de Ortega Lara pende de un hilo, ya que el gobierno se niega a negociar.
La diferencia de perspectivas las definió rudamente Aitor Ibabe, de la coalición Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista). I
babe afirmó que Delclaux recobrará la libertad "gracias a su millonario padre", pero que Ortega Lara "saldrá con un tiro en la nuca", porque carece de patrimonio personal.
Por otro lado el presidente del gobierno autónomo vasco, José Antonio Ardanza, pidió al Ejecutivo español que "haga algo"y busque soluciones con la mente abierta para "arreglar la situación de Ortega Lara, quien no es culpable de nada".
Ardanza pertenece al moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), que en esa región gobierna en coalición con los socialistas y en Madrid apoya parlamentariamente al Ejecutivo de centroderecha.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, respondió que "no se puede ceder al chantaje de ETA por muy doloroso que sea el que una persona esté secuestrada".
El gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar sostiene la posición de que no negociará mientras ETA tenga secuestrados en su poder y no acalle el sonido de las armas y de las bombas.
En tanto, la violencia callejera en el País Vasco es un factor añadido a la crisis.
No pasa día sin que jóvenes encapuchados incendien autobuses, locales comerciales y cabinas telefónicas o manifiesten amenazadoramente, como este jueves lo hicieron frente al domicilio en Bilbao de la periodista Carmen Gurruchaga, del diario El Mundo.
Gurruchaga publicó una información sobre las relaciones entre las direcciones de ETA y la coalición Herri Batasuna (Unidad Popular, próxima al grupo armado), que disgustó a los separatistas.
Pero, a diferencia de la década pasada, en los últimos años se evidencia un fuerte crecimiento del movimiento pacifista, en el que se destacan organizaciones como "Gesto por la paz", "Elkarri" y "Bakea Orain".
Esos grupos condenan por igual los atentados y secuestros de ETA como la represión ilegal ejercida contra los independentistas en los primeros años (1983-1987) del gobierno del socialista Felipe González, ilegalidad que sostienen debe ser enjuiciada por la justicia.
Las manifestaciones por la paz son cada vez más frecuentes y numerosas.
La mayor concentración prevista para este viernes fue convocada en Burgos, ciudad de residencia de la familia de Ortega Lara, pero también fueron se realizarán otras en las grandes ciudades de España. (FIN/IPS/td/dg/ip/97
