Dos grandes grupos de comunicación, así como el gobierno del centroderechista José María Aznar y la oposición socialista, se declararon abiertamente en guerra en España por el control de la televisión y el multimillonario negocio del fútbol profesional.
Los principales diarios dedicaron esta semana al caso unas cuatro o cinco páginas por día, mientras cada bando lanzaba comunicados y realizaba conferencias de prensa, condimentado todo con agrias descalificaciones mutuas.
Sin embargo, todos esos hechos son insuficiente para determinar si la disputa principal -y en la que cada una de las partes pone toda la carne en el asador- es por el control del mercado de la comunicación social, por el negocio del fútbol o por ambas cosas a la vez.
Un grupo encabezado por PRISA, la empresa editora del diario El País, y otro liderado por la compañía Telefónica y la estatal Televisión Española, se disputan el control de la naciente televisión digital codificada y el negocio futbolístico, íntimamente ligado a la transmisión de los partidos.
El consejo de ministros aprobó este viernes varias medidas tendentes a la liberalización de ese mercado. Un decreto retiró el carácter de servicio público a las televisiones regionales, lo que permitirá a los gobiernos autónomos privatizarlas.
Otra disposición adapta la legislación española a las normas de la Unión Europea (UE) sobre la libre competencia en el mercado audiovisual. Además, un reglamento técnico regula el tipo de decodificadores que permitirán recibir la televisión digital.
El reemplazo de la actual televisión analógica por la digital permitirá recibir por un mismo cable o antena satelital más de 200 canales y conectarlos a otros aparatos domésticos, como el equipo de música, el video, el ordenador y el teléfono.
Este último permitirá pagar con tarjeta lo que se compre por el sistema digital, que será interactivo para esa y otras funciones, como la de pedir una programación a la carta.
El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, explicó que las nuevas normas tienen el propósito de garantizar la libre competencia y dentro de ella la máxima libertad posible de elección por los usuarios.
La medida decisiva es la que regula el carácter de los decodificadores. Estos, según la resolución administrativa que entrará en vigor el próximo lunes, deberán permitir la recepción de todos los mensajes analógicos que se transmitan y que el usuario desee recibir.
El presidente del grupo PRISA, Jesús Polanco, considera la decisión del gobierno es un abuso de poder, que no está dispuesto a tolerar.
El gobierno se declaró partidario de la conformación de una sola plataforma técnica digital, en la que puedan participar todas las empresas interesadas sin que ninguna tenga mayoría. A través de esa plataforma deberían poder transmitir todos los operadores, y los usuarios disponer de un solo decodificador.
Pero se han constituído dos plataformas. En la liderada por Telefónica y Televisión Española participan también Televisa, los diarios El Mundo, El Diario de León, Las Provincias y Expansión, el semanario Epoca y las cadenas regionales de Madrid, Valencia y Galicia.
En la otra, el grupo PRISA controla la mayoría accionaria y tiene por socios a Antena3 TV, los bancos Bilbao Vizcaya (BBV, uno de los cinco grandes), y Bankinter, la Caja de Ahorros de Madrid, el Grupo empresarial March y el Canal Plus, de Francia.
La segunda plataforma, a raíz de un súbito cambio de bando de Antena3 TV y de su principal accionista, Antonio Asensio, tiene contratos que le aseguran la transmisión exclusiva de la mayoría de los partidos de fútbol de primera división hasta el año 2.001.
Los clubes, según Gerardo González, secretario general de la Federación Española de Fútbol, ingresarán unos 2.000 millones de dólares en los próximos cinco años por la cesión de derechos de transmisión de los partidos. En esta temporada ya recibieron 200 millones, casi cuatro veces más que en el periodo 1995-1996.
Los clubes de fútbol españoles son sociedades anónimas, recordó Jesús Gil, alcalde de la ciudad de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, que ganó la liga 1995-1996.
Si la economía de esas sociedades anónimas se basa en los derechos televisivos, gran parte de la audiencia de la televisión se debe al fútbol. Y el gobierno pretende que ese círcuito no esté controlado por una sola mano, según sostienen Aznar y sus ministros.
En esta cruzada, Aznar es apoyado por su partido y por los nacionalistas catalanes y vascos, en tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobernó desde 1983 hasta mayo de 1996, se opone frontalmente a las medidas de la administración del PP.
Mientras el debate adquiere alta temperatura, las dos plataformas iniciaron sus transmisiones digitales en prueba y el Grupo PRISA comenzó a instalar decodificadores.
No obstante, según las nueva regla administrativa, todos los que instale hasta el lunes deberán ser reemplazados antes de dos meses por otros, que permitan la recepción de todas las señales y no sólo la suya. De no hacerlo, PRISA puede sufrir fuertes sanciones económicas.
Pero Polanco ya anunció que resistirá. Un editorial de El País, diario que se caracteriza por su tono mesurado, demuestra hasta qué punto está irritado su mayor accionista.
El editorial, publicado el martes, califica de "fraude" la reglamentación que entonces se anunciaba. Habla de la "complicidad" del dueño de Televisa, Jesús Azcárraga, y del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, "cuyo principal activo profesional es ser compañero de juegos de Aznar".
También califica de "torvos" los propósitos del gobierno, al que acusa de actuar con desvergüenza y de modo antidemocrático y, por fin, advierte que "la faz centrista de Aznar ha durado lo que un caramelo a la puerta de un colegio".
Todo indica que la guerra no ha hecho más que empezar y que las próximas semanas serán decisivas para ambas plataformas. (FIN/IPS/td/ff/cr/ip/97
