Allegados al general mexicano José Gallardo destacaron la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de poner en libertad a ese militar, preso desde 1993 por proponer el nombramiento de un "ombudsman" en las Fuerzas Armadas.
La recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA), difundida el jueves en Washington, reivindica a Gallardo y demuestra que éste fue efectivamente víctima de persecución y de una campaña de humillación, señalaron el hijo del militar encarcelado, Francisco Gallardo, y su abogado, Félix Garza.
"Esperamos que la inteligencia guíe al gobierno (del presidente Ernesto Zedillo) y éste acate la resolución", dijo Francisco Gallardo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gallardo debe ser liberado e indemnizado, pues fue detenido y sometido a varias causas penales de manera continuada y sin ningún propósito razonable.
"El Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad y protección judicial del mencionado general brigadier", dictaminó la Comisión.
La Comisión de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), concedió a México un plazo de dos meses para el cumplimiento de la recomendación formulada. Se trata del primer fallo en 10 años contra el gobierno mexicano por un caso individual.
Resuelta en octubre, la recomendación se hizo pública este jueves, ante la falta de acatamiento de las autoridades.
Gallardo, a quien en 1993 se le iniciaron 10 procesos penales en tribunales militares por indisciplina, calumnias, enriquecimiento ilícito y destrucción de bienes del ejército, sostiene que su reclusión es un "capricho" del alto mando castrense.
El general propone designar un "ombudsman" (defensor del pueblo) militar para enfrentar violaciones y abusos en las Fuerzas Armadas y evitar que el ejército realice trabajo de policía y se involucre con el poder político.
La cancillería aseguró la semana pasada que las actuaciones de la justicia en el caso de Gallardo son conformes a derecho y que, "en consecuencia", son "falsas" las aseveraciones de que "al citado oficial le han sido violados sus derechos fundamentales".
La Comisión de la OEA entendió que en el caso del general se asiste a "desviación de poder" y que el Estado inició averiguaciones con fines de hostigamiento y persecución.
Para Mariclaire Acosta, directora de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la resolución del organismo regional demuestra que Gallardo es un "preso de conciencia". (FIN/IPS/dc/ff/hd/97
