Cerca de 600 personas que pertenecieron a instituciones del Estado chileno y fueron despedidas por motivos políticos durante el régimen militar (1973-90) podrán recibir compensaciones.
La medida está contemplada en un proyecto de ley que será presentado en los próximos días por parlamentarios oficialistas y benficiará economicamente a ex miembros de las Fuerzas Armadas, del Congreso y del Poder Judicial.
Se trata, según explicó el senador Sergio Bitar, del Partido por la Democracia (PPD), de corregir "una injusticia manifiesta", ya que los oficiales de las Fuerzas Armadas no han tenido después de 23 años "ningún reconocimiento mínimo" ni en lo económico ni en su dignidad.
El proyecto modificaría la actual Ley de Exonerados Políticos promulgada durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-94), que excluyó a quienes fueron removidos de sus funciones en las Fuerzas Armadas, el Congreso y el Poder Judicial.
Por esa ley se reconoció como exonerados políticos a cerca de 40.000 personas, despedidas de diversos lugares de trabajo (privados y públicos) entre 1973 y 1975, pero los beneficios otorgados son limitados, según critican las organizaciones de exonerados.
La iniciativa para modificar la ley, ampliando los beneficios a nuevos reconocidos y a los que ya lo fueron, fue apoyada por Sofía Prats, alcaldesa de una comuna de Santiago e hija del ex comandante del Ejército Carlos Prats, asisinado en Buenos Aires en 1974.
A su juicio, la modificación legal paliará una "sorprendente discriminación en contra de los uniformados que defendieron la institucionalidad de Chile o la vida de algunas personas".
Cuando se produjo el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, en septiembre de 1973, fueron arrestadas miles de personas, entre las cuales se encontraban decenas de oficiales de las Fuerzas Armadas.
Los militares fueron en su casi totalidad despedidos como represalia por su simpatía, supuesta o real, con el régimen del asesinado presidente Salvador Allende (1970-73).
Los despidos masivos de trabajadores o funcionarios de instituciones públicas formaban parte de una política de persecución hacia los opositores al régimen militar que no descartaba los fusilamientos, las detenciones prolongadas y la tortura. (FIN/IPS/gcm/dg/ip/97
